Paula Ruiz
La Cámara de Generación Distribuida (CGD) hizo un llamado a los diputados para valorar la conveniencia, o no, de excluir al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de la aplicación de la regla fiscal.
En la corriente legislativa está el expediente de ley 23.330, liderado por el Gobierno, que busca excluir al ICE de esta norma.
La iniciativa se encuentra en la Comisión de Asuntos Hacendarios, pero no tuvo avance durante las sesiones extraordinarias dado que el Poder Ejecutivo enfocó la agenda en las iniciativas sobre crimen organizado y jornadas 4-3.
“En momentos actuales en que el país está haciendo un uso altamente intensivo del búnker y diésel –producto de la variabilidad climatológica que afecta severamente los embalses de las plantas hidroeléctricas– para la atención de la demanda nacional; resulta inaceptable que se esté pensando en la exclusión de la regla como única salida”, señaló la Cámara.
La organización argumentó que el ICE, y sus empresas, no han tenido mesura en el manejo de fondos públicos y en el pasado, han tenido fallidas inversiones en proyectos.
“Estamos en una coyuntura de mucha fragilidad económica, en donde esta situación obliga a cuestionarse si lo que pretende el ICE se enmarca dentro los esfuerzos de disciplina fiscal y sostenibilidad de la deuda”, cuestionó Jan Borchgrevink, presidente de la Junta Directiva de la CGD.
Para Borchgrevink, pese a que el Instituto no tiene ingresos que dependen del Gobierno, debe de analizarse si el levantamiento de la norma traería un beneficio para el país.
Según la Cámara, excluirlos de la regla sería sinónimo de liberarle todo control en el gasto, que podría tener repercusiones a futuro.
La Regla Fiscal se estableció en la reforma fiscal de 2018 y establece un límite de gasto. El ICE insiste en que se le levante la restricción como una forma de afrontar los efectos que traería el fenómeno de El Niño y la posibilidad de sequía.
Generación privada
En contraparte, la Cámara consideran que el ICE ha desaprovechado la generación privada que se resguarda en la ley 7.200.
Defienden que de esta forma, se podría contribuir en la reducción de la utilización del recurso término o bien, las importaciones en el mercado eléctrico regional.
Con base en datos de la organización, la Generación Distribuida representa una capacidad instalada de 150 Megavatios y cerca del 20% de dicha capacidad instalada son excedentes que podría utilizar el ICE.
Borchgrevink también apuntó a que, desde hace año y medio, se aprobó la Ley de Promoción y Regulación de los Recursos Energéticos Distribuidos para promover y poner a disposición de las empresas distribuidoras, los excedentes de energía que -sin explicación alguna, dicen- hoy el ICE y sus empresas impiden aprovechar, concluyó.
La petición del ICE
El 7 de julio, Marco Acuña, presidente de la institución, pedió a los diputados que aprobara el expediente 23.330.
Acuña argumentó, en conferencia de prensa, que debido a la regla fiscal, el ICE se ha visto sometida a una restricción en inversión y gasto que le impide modernizarse.
“O invertimos o el país va a sufrir desgraciadamente consecuencias en un mediano plazo”, comentó en ese momento.
Según argumentó el jerarca, no se pueden desarrollar nuevos proyectos y tampoco habría recursos para atender los efectos de los fenómenos climáticos y el mantenimiento de la infraestructura actual que ya se ha visto afectado.
Por otro lado, la regla fiscal le impide al ICE usar recursos para la compra de combustible en épocas de poca lluvia (como la actual o el verano siguiente), lo que pone en riesgo la generación eléctrica térmica.
Pese a esto, el Poder Ejecutivo aceptó que no le dio prioridad a este proyecto durante sesiones extraordinarios que abarcaron desde el 1 de mayo y culminan el próximo lunes 31 de julio.
Marco Acuña, presidente del ICE hizo la solicitud a los diputados, pese a que el Poder Ejecutivo no le dio prioridad a ese expediente. (El Observador)
