Josué Alvarado
El presidente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña, hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que se apruebe el proyecto que excluye a algunas instituciones de la regla fiscal, entre ellas la que él dirige.
Acuña asegura que la institución ha estado sometida a una restricción de inversión y gasto durante los últimos años lo que le impide hacer inversiones y modernizarse, caminos de los que el ICE no se puede alejar.
“O invertimos o el país va a sufrir desgraciadamente consecuencias en un mediano plazo”, comentó.
Según argumentó el jerarca, no se pueden desarrollar nuevos proyectos y tampoco habría recursos para atender los efectos de los fenómenos climáticos y el mantenimiento de la infraestructura actual que ya se ha visto afectado.
Por otro lado, la regla fiscal le impide al ICE usar recursos para la compra de combustible en épocas de poca lluvia (como la actual o el verano siguiente), lo que pone en riesgo la generación eléctrica térmica.
Acuña también señaló que la institución tiene préstamos aprobados, recursos disponibles pero que no puede usar debido a la misma limitación que rige desde el año 2019 para todas las instituciones públicas.
“La demanda eléctrica crece pero la oferta sigue siendo la misma. Puede llegar un momento en donde la demanda pueda superar la oferta y el país pueda tener graves consecuencias”, añadió el jerarca.
Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE. (Foto Josué Alvarado/El Observador)
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Proyecto de ley está en el orden del día del Plenario
Durante una conferencia de prensa Acuña explicó las razones por las que considera que la institución no debería de estar sujeta a la regla fiscal, además de que limita la inversión y modernización.
Entre ellas están que tiene autonomía financiera (no depende del presupuesto del Gobierno Central) y que tiene gastos adicionales para la generación eléctrica que son externa y para los cuales es necesario tener los recursos disponibles.
El proyecto de ley 23.330 fue presentado por el Poder Ejecutivo en setiembre del 2022. Pretende excluir de las regulaciones de la regla fiscal a ciertas instituciones.
Entre ellas están las empresas públicas o instituciones autónomas que participen de forma directa en cualquier actividad comercial empresarial o abierta al régimen de competencia, salvo en aquellas situaciones en que sean destinatarias de transferencias corrientes del Presupuesto Nacional.
También los entes públicos no estatales, con la misma excepción y otras.
Según el registro en línea de la Asamblea Legislativa ese expediente cuenta con dos dictámenes positivos, uno de la Comisión de Hacendarios y otro del plenario.
Está en el orden del día desde el pasado 25 de mayo.
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