Tomás Gómez
Videos de colegiales enfrentados a golpes, robos dentro de las instituciones educativas y hasta filtración de fotografías de menores de edad evidencian cómo las escuelas y colegios se han convertido en espacios de confrontación.
Para dar una idea, solo el año pasado la Fiscalía Penal Juvenil recibió 2.927 denuncias por hechos de violencia en los centros educativos.
La cifra representa una quinta parte de todos los expedientes que se abren en esa jurisdicción, lo que genera preocupación entre las autoridades judiciales.
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Debby Garay, fiscala especializada en la materia, explicó que -en buena parte- el problema surge en cómo los menores están enfrentando sus diferencias.
Desde el ejemplo que los menores siguen en sus propias comunidades hasta la recuperación de la presencialidad en la Educación están entre los escenarios evaluados, pero se advierte sobre el peso que tiene la convivencia entre los menores.
“Nos habla de la necesidad de trabajar diversas áreas, empezando por la socialización”, dijo la jurista en su intervención en el programa FrencuenciaMP, del Ministerio Público.
Garay recalcó también que son conscientes de que la cifra de casos puede ser mayor pues no todas las personas denuncian. Según agregó, muchos casos llegan a la instancia judicial por medio de redes sociales y se investigan de oficio junto a entes como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Múltiples potenciales delitos entre estudiantes
Más allá del conflicto entre los menores por sí mismo, los expertos advierten que más de una sus acciones puede configurar eventuales delitos, lo que también enciende alertas.
Las posibles irregularidades se dividen en tres ejes:
- Infracciones a la integridad física: riñas, lesiones, agresiones.
- Integridad patrimonial: robos y hurtos.
- Integridad sexual: abuso, violación, uso indebido de las tecnologías.
A ello se suma que también los docentes y el personal de los centros educativos puede terminar siendo víctima, sobre todo si les hacen ataques o amenazas directas por la labor que ejecutan como funcionarios públicos.
Luego de las restricciones de la pandemia, los estudiantes regresaron de manera plena a las aulas el año pasado. Los comportamientos denotados generan preocupación con entre las autoridades (Archivo/El Observador)
Las responsabilidades de cada uno
Para abordar las situaciones de violencia estudiantil existen diversos protocolos, pero de manera complementaria rigen pautas para la ejecución de los procesos legales.
Dichas pautas asignan diferentes roles a las personas asociadas a la crianza y educación, resaltando que en ningún caso se deben postergar las denuncias y decisiones.
En esa vía se recalca que los centros educativos se configuran como puntos de revelación de hechos de violencia. Por un lado están los elementos que se pueden notar desde la observación (como el descuido o el daño físico) y por otro la confianza que pueden tener los estudiantes para llegar a contarle a un docente o funcionario su situación.
Si ese escenario se materializa, existe un deber de trasladar las denuncias y hacerlo rápido para no exponer a los menores a eventuales reprimendas.
“No sabemos que puede saber que puede pasar una vez que en el entorno se enteren que la situacion de violencia ya fue revelada”, advierte la Fiscal.
A ello se suma también el rol que tienen que tener los papás.
En cuanto a ellos, las autoridades piden, primero, liderar con el ejemplo y luego dar el acompañamiento a sus hijos. Como parte de este proceso, piden no regañar a los hijos una vez que deciden hablar.
Finalmente, se explica que los propios jóvenes, desde el respeto, hacen su acción para evitar la violencia. Acciones como no compartir un “sticker” sobre un compañero en WhatsApp pueden hacer la diferencia, dicen las autoridades.
En todo caso, se recalcó la actitud que se espera de los adultos en todos los casos.
“El gran cambio es hacer, no ocultar, no callar. Las personas menores de edad van a recordar a futuro que hicieron los adultos”, cerró la Fiscal.
