Gustavo Martinez
El Poder Ejecutivo ya definió los temas que serán prioridad para las próximas sesiones extraordinarias que darán inicio el 1° mayo.
Durante dicho período, Zapote tomará el control de la agenda de los diputados, los cuales centrarían la discusión, por tres meses, en los proyectos de Ciudad Gobierno, jornadas excepcionales o 4-3 y los expedientes de seguridad aún pendientes.
Así lo confirmó la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, ante la consulta de El Observador.
“Estamos haciendo reuniones con las fracciones para ver algunos proyectos del Ejecutivo como Ciudad Gobierno, para ver las principales dudas que hay. El mismo está en audiencia en Comisión de Jurídicos, pero, queremos entender cuáles son esas principales dudas para tratar de impulsar este proyecto lo antes posible y ha sido una de las prioridades importantes para ese cierre”, dijo la jerarca.
Díaz enfatizó en que han venido trabajando en uno de los proyectos más impulsados por el Ejecutivo, el de Jornadas Excepcionales, también conocido como jornadas 4×3.
“Jornadas excepcionales es un proyecto que queremos presentar nuevamente y quedamos que en el mes de abril se presentaba un nuevo texto, prácticamente, toma el mismo texto con algunos ajustes importantes, pero más de forma, exposición de motivos, asuntos relevantes en cuanto al sueldo de las jornadas.”
“Estamos conversando con el sector empresarial sobre las jornadas y el objetivo sería poder presentar una ruta en el nuevo proyecto de jornadas”, agregó la funcionaria.
Para la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, la reunión con jefes de fracción fue crucial para dialogar sobre las prioridades del Ejecutivo sobre Ciudad Gobierno y jornada 4-3. (Cortesía Casa Presidencial).
La ministra señaló que en la última reunión entre el presidente Chaves y los jefes de fracción, el pasado 21 de marzo, también abordaron algunos temas de interés para las jefaturas legislativas y que, así, el Ejecutivo pueda contemplarlos de cara al período extraordinario.
“Hablamos de los proyectos de interés de las fracciones para prepararse para las sesiones extraordinarias del mes de mayo, para que nos vayan remitiendo esas prioridades, conversar con ellos sobre todos estos temas. Ver, si podemos hacer una agenda conjunta de proyectos para avanzar de mejor manera en esos tres meses”, amplió Díaz.
Ciudad Gobierno sin avances
Las iniciativas de mayor interés para el Ejecutivo de cara a las próximas sesiones extraordinarias han sufrido múltiples trabas desde el año anterior.
Por un lado, se encuentra el proyecto estrella del Ejecutivo, se trata de Ciudad Gobierno, que busca la construcción de un complejo que albergará 35 instituciones y a más de 10.ooo funcionarios públicos.
El proyecto se construiría en Plaza González Víquez, en un terreno del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Esta obra será financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a través de un empréstito de $450 millones, que el país deberá cancelar en 25 años.
Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) frenó el inicio de la obra, desde el pasado 5 de octubre, al emitir una serie de advertencias sobre el modelo de arrendamiento que propone el Ejecutivo, ya que pretende construir en un edificio propio.
El ente contralor exige la apertura de una licitación pública, como otros proyectos del Estado, así como mayor claridad del Ejecutivo sobre la injerencia del BCIE sobre el proyecto.
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Ante la negativa, el Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa, el 14 de diciembre, dos proyectos para habilitar la construcción de Ciudad Gobierno. Un texto consiste en una interpretación auténtica de los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública y un segundo proyecto para una reforma de dichos artículos.
En respuesta, la Contralora General, Marta Acosta, ha acudido a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso, para advertir a los diputados que los proyectos “socavan” el ordenamiento jurídico y que no los ve viables. Sumado, argumentó que los textos violentan el artículo 67 de la Ley de Contratación.
La contralora general, Marta Acosta, afirma que los proyectos de Ciudad Gobierno van en contra de ley (Hermes Solano / El Observador).
Acosta afirmó que, en el Memorando del BCIE, con fecha del 1° de setiembre de 2023, se expone que el inmueble no pasaría a ser propiedad del Estado transcurridos los 25 años del plazo.
Estas audiencias han terminado en críticas y devoluciones entre la contralora y el presidente Rodrigo Chaves, así como de la ministra de Planificación, Laura Fernández, y el jerarca de Hacienda, Nogui Acosta.
En una reunión entre la contralora Marta Acosta y el presidente Chaves, la jerarca le recomendó al mandatario la realización de un proceso de licitación pública y , así, evitar adjudicar directamente la obra al BCIE.
La Contraloría insiste también en que el proyecto representaría un modelo de endeudamiento adicional, por $150 millones, de acuerdo a datos de Tributación Directa.
Sin jornadas 4-3
Dentro de los proyectos más impulsados por el Gobierno está el de Jornadas Excepcionales o 4×3.
Este texto propone que los funcionarios, del sector público o privado y de forma voluntaria, laboren una jornada de 12 horas por cuatro días con tres días de descanso.
El Ejecutivo y la Asamblea Legislativa no se lograron poner de acuerdo con el texto, el año anterior, por lo que fue remitido a consulta de la Sala Constitucional.
A inicios de este año la Sala emitió su fallo, otorgándole vicios de inconstitucionalidad a las jornadas propuestas por el Gobierno.
Ante esto, desde diciembre, la jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, aclaró que trabajaría en un nuevo texto, basado en la iniciativa anterior, pero con cambios importantes, a partir de las observaciones de la Sala y el resto de las fracciones legislativas.
Actualmente, el oficialismo vio frenada la presentación del texto sustitutivo por una definición de sobresueldo.
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Mayor seguridad
Ante la alarmante cantidad de homicidios y criminalidad que enfrenta el país, los tres Supremos Poderes definieron, desde el 23 de enero, un total de 10 iniciativas de seguridad prioritarias para atender la crisis.
Estas iniciativas se generaron a través de seis mesas de trabajo entre diciembre y enero entre los presidentes de la Asamblea Legislativa, del Poder Ejecutivo y el Judicial.
También participaron en los encuentros la ministra Díaz, el fiscal general, Carlo Díaz y la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas.
Representantes de los Supremos Poderes en las mesas de trabajo de seguridad (Archivo / El Observador).
Las iniciativas definidas por los Supremos Poderes son:
- Quitar la naturalización a personas extranjeras detenidas en actos de criminalidad
- Capitales emergentes
- Extradición de costarricenses relacionados en casos de narcotráfico y terrorismo
- Ley que sanciona el delito de préstamo de dinero “gota a gota”
- Ley para la modernización de la intervención de las comunicaciones.
- Reforma a la ley de armas y explosivos
- Reducción de la pena de los monitoreos electrónicos
- Aumento de la prisión preventiva
- Ley de prevención de la violencia en personas menores de edad y personas jóvenes
- Ampliar el plazo para borrar los antecedentes judiciales
Sin embargo, el Gobierno valoraría incluir la mayoría de estos proyectos en sesiones extraordinarias, debido a que, desde su presentación, solo dos iniciativas se han aprobado en el Congreso.
Se trata del proyecto que amplía el plazo para borrar los antecedentes judiciales, aprobado en segundo y último debate, el pasado 15 de febrero.
También se aprobó recientemente el proyecto para establecer penas de hasta 15 años a las personas prestamistas de “gota a gota”, en casos de intimidación, amenazas y agresión física.
Los ocho proyectos restantes han sido discutidos en el Plenario, donde han recibido múltiples mociones mediante el artículo 137, lo que devuelve los textos a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para su revisión.
El Ejecutivo ha insistido en la aprobación del proyecto sobre prisión preventiva, el cual se encuentra frenado en el orden del día de la Asamblea.
La diputada y presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas, aseguró que el proyecto debería quedar aprobado “sí o sí”, previo a la finalización de las sesiones ordinarias.
Por otra parte, las fracciones legislativas valoran la socialización del texto ante las observaciones de la Corte Suprema de Justicia.
Ahora le corresponderá al Ejecutivo incluir estas iniciativas en las próximas sesiones extraordinarias, donde tendrá el control de la agenda, la cual se extenderá desde mayo hasta julio.
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