Mariana Mena
El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) presupuestó el gasto de $200 millones en 82 puentes que están en estado crítico. Los arreglos se harían durante 2023.
Además, otras 718 estructuras necesitan una intervención urgente, según detalló Mauricio Batalla, director ejecutivo de Conavi.
“Tras la declaratoria de riesgo inminente, se otorgó al Consejo de Vialidad $300 millones para ejecutar en el 2023, una vez aprobado por los diputados.
“En este 2022 se han realizado una serie de cambios estructurales en la dinámica y no abandonar los puentes, como se estaba haciendo desde hace 20 años”, indicó.
Según los datos provistos por el funcionario, hay 500 puentes con deficiencias, 250 estructuras están muy deficientes y 50 tienen una prioridad que los expertos llaman cero.
De igual forma, en los últimos cuatro meses, el Conavi logró salvar algunas licitaciones a puentes que se iban a declarar desiertas.
Estas son: el puente La Amistad, puente río Virilla, dos puentes en el trayecto de Barranca, Puntarenas, puente de río Pacuar y el puente río Plata.
“También se han comprado puentes modulares para solventar algunas de las necesidades que tienen muchas comunidades.
“Se han creado convenios con las municipalidades para trabajar en conjunto. Sabemos del rezago pero se está trabajando”, expresó el director.
El puente de La Amistad es una de las estructuras que están siendo intervenidas por medio de licitación. (Archivo/ElObservador)
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Informe de Contraloría
Mientras que un informe de la Contraloría General de la República sobre las acciones del MOPT y el Conavi para la recuperación y conservación de la infraestructura de puentes de la Red Vial Nacional.
Señala que no se han dado los pasos en la dirección que establece la legislación nacional y la normativa para la implementación de un Sistema de Gestión de Puentes.
“La falta de visión y de direccionamiento estratégico no ha permitido desarrollar las capacidades institucionales para completar el inventario de puentes.
“Para mantener actualizada la información sobre su condición y poder establecer planes y programas de inversión pública en esta deteriorada infraestructura”, señaló la Contraloría.
Además, indica que las inversiones públicas están siendo dirigidas a los pavimentos, lo que provoca un deterioro acelerado de los puentes y un riesgo alto de colapso.
