Paula Ruiz
El Congreso dejó en firme los primeros cambios a la Ley de Límite a las Tasas de Interés, que permitirá un sobreendeudamiento de las personas. Las variaciones fueron aprobadas en segundo debate este miércoles.
En la Ley vigente se estableció que un cliente con un salario inferior a 200.000 colones (salario mínimo inembargable) no podía acceder al crédito.
Adicionalmente, obligaba a las entidades a verificar deudas pendientes del solicitante en el Centro de Información Crediticia (CIC) de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Con esos requisitos se pretendía evitar que una persona adquiriera préstamos por encima de su capacidad de pago.
Sin embargo, con lo aprobado se modifica el artículo 44 ter para que se permitan deducciones salariales aún por debajo del salario mínimo inembargable.
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En cuanto al artículo 44 bis, ya no será obligatorio para cooperativas y asociaciones solidaristas verificar deudas de clientes ante CIC cuando soliciten un préstamo.
Las entidades financieras supervisadas sí tendrán que continuar con este trámite ante el Centro de Información Crediticia.
“El artículo 44 bis, vino a incluir una consulta obligatoria a la Central de Información Crediticia previo al otorgamiento de un crédito, aspecto que afecta severamente a las personas afiliadas a las asociaciones solidaristas, tanto para la obtención de un préstamos rápido de ¢5.000, como por ¢1 millón”, afirmó David Gourzong, diputado proponente.
Limitación de créditos
El liberacionista afirmó que la Ley impuso limitaciones en el crédito por ambos requisitos.
“Se permite que los trabajadores que tienen un crédito aprobado en un ente financiero, puedan seguir efectuando el pago con el rebajo automático de la cuota del préstamo de su salario por su patrono, lo cual les ayuda a tener un historial crediticio sano”, aseguró Gourzong.
La reforma también implica la eliminación de obligatoriedad de implementar las deducciones salariales por medio de Sinpe.
Eso implicaba riesgos para el Banco Central al tener que fungir como un cobrador para las entidades financieras, lo cual repercutía en costos tecnológicos, financieros y operativos, consideró Gourzong.
La iniciativa se convertirá en Ley de la República, cuando el Poder Ejecutivo culmine el trámite.
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