Paula Ruiz
El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda otorgó tres días hábiles al Estado para referirse al convenio entre varios ministros y la Junta del Liceo de Costa Rica. Este acuerdo permitirá ceder un terreno del colegio al Ministerio de Educación Pública (MEP).
La decisión fue notificada a las partes, este jueves a las 9 a.m., tras la decisión del juez Jose Ariel Solano Solano, quien resolvió en menos de 12 horas.
Esto luego de interpuesta la demanda por parte del abogado Francis Tejada y Fernando Orozco, presidente del gobierno estudiantil de Liceo.
Estos últimos reclaman que el MEP se basó en un reglamento y, además, presionó a la Junta Administrativa para la firma del convenio. La propiedad es necesaria para la construcción de la llamada Ciudad Gobierno.
“Esa propiedad fue donada a ese colegio mediante un ley para ampliar sus instalaciones, por lo que a su entender no se puede traspasar mediante un reglamente que tiene un rango inferior según la ley”, señalaron Tejada y Orozco.
Ambos estimaron que el edificio tiene un costo de ¢3.200 millones con base en un avalúo a cargo del ingeniero Roberto Loría. La parte demandante pretendía que se suspendieran los efectos del convenio.
Lo que indicó el juez
No obstante, Solano estimó que debe darse oportunidad al Estado para presentar sus alegatos.
“Un aspecto que ha sido sopesado por este juzgador para la decisión tomada reside en que este conflicto jurídico tiene una acentuada trascendencia social pues lo que en el fondo se resuelva tendrá implicaciones en el desarrollo del proyecto promovido por el Poder Ejecutivo denominado Ciudad Gobierno”, adelantó el juez.
Para la parte juzgadora, al tratarse de un asunto de trascendencia nacional es necesaria la posición de la representación estatal.
“Máxime teniendo en cuenta que el ente procurador, lejos de abocarse a representar exclusivamente el interés del Ejecutivo, estaría abogando por la solución que en mayor medida satisfaga los intereses públicos”, advirtió Solano.
Eso sí, luego expone que el proyecto de Ciudad Gobierno a pesar de ser de conocimiento público, todavía tiene pendientes etapas preliminares que permitan su ejecución.
“Se concederá audiencia al ESTADO por TRES DÍAS HÁBILES, para que se pronuncie y ofrezca la prueba que estime pertinente”, señala en el “Por tanto” (las mayúsculas son originales).
El Poder Judicial confirmó que dicho Tribunal resolvió de esta manera “y se le dieron las audiencias de ley para que el Estado responda como corresponde”.
Este caso se tramita mediante el número de expediente 23-003458-1027-CA.
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El terreno en discusión es actualmente ocupado por el MOPT. Por este alquiler, el Liceo de Costa Rica recibe 16 millones de colones mensuales. (Mariana Mena / El Observador)
El convenio
Yesenia Mathiew, presidenta de la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica, se encargó de firmar por parte del colegio. Mientras que por el Estado lo hicieron Anna Katharina Müller, como ministra de Educación; Jéssica Martínez, ministra de Vivienda, y Luis Amador, jerarca del MOPT.
En el convenio se indica que la Junta se compromete a:
“Colaborar desde la esfera de su competencia y posibilidades con la ejecución del proyecto Ciudad Gobierno, desarrollando las acciones útiles y necesarias que permitan el traspaso de la finca inscrita bajo matricula folio Real 1-45513-000 a nombre del MEP.
“(Esto) de conformidad con los artículos 142,143 y 144 y conexos del Reglamento General de juntas de Educación y Juntas Administrativas, Decreto Ejecutivo 38249 del 10 de febrero de 2014″, señala el documento.
“Otorgar el uso de la finca inscrita bajo matrícula folio Real 1-45513-000 al MEP. Por lo que se entiende que el MEP podrá disponer del terreno en el más amplio de los sentidos que la normativa vigente le permita. Esto incluye cualquier acción necesaria para el desarrollo el proyecto Ciudad Gobierno”, amplía en el punto número tres de compromisos de la Junta Administrativa.
En contraparte, el MEP se compromete a garantizar el financiamiento del funcionamiento operativo del Liceo. Entre ellos: pago de servicios básicos y limpieza, comedor y transporte estudiantil entre otros. Aunque especifica que eso está “sujeto al presupuesto anual según corresponda”.
Además, el Ministerio de Educación trasladará fondos para mejoras en la piscina del colegio y mobiliario de la cocina del comedor estudiantil.
Por otra parte, el MOPT pagará el alquiler del inmueble a la Junta hasta diciembre de 2023, según estipula el convenio.
Esto último, dado que el inmueble es alquilado al MOPT y por el cual recibe ¢16 millones mensuales.
El Gobierno apeló al Reglamento General de Juntas de Educación en los numerales 144 y siguientes para hacer efectivo el traslado.
“Todos los bienes inmuebles que adquieran las Juntas por donación de instituciones públicas o privadas, así como de un particular, deberán inscribirse a nombre del Ministerio de Educación Pública. Igual tratamiento se le dará a los bienes inmuebles adquiridos por disposición judicial según artículo 572 inciso 6) del Código Civil”, indica el artículo 144 del reglamento.
El ministerio sostiene que “desde hace años” el terreno tuvo que ser trasladado a nombre del MEP, sin tener relación con el proyecto constructivo que se desarrollará en Plaza González Víquez.
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La ley
En contraparte, quienes se oponen a este traslado sin que exista una indemnización para el Liceo, defienden que ese terreno es del centro educativo mediante una Ley de la República y por tanto, el convenio tiene menor rango.
Rodrigo Soto, miembro de la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica explicó con anterioridad que el terreno les pertenece pues fue cedido a través de la Ley 5570 del 30 de agosto de 1974.
Esa legislación indica en el artículo 1 lo siguiente:
“Al trasladarse los talleres y demás instalaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a sus nuevas instalaciones, traspásese al Liceo de Costa Rica (Diurno), representado por su Junta Administrativa, la manzana ubicada al Sur del edificio del Oeste, con sus edificaciones, destinada a ampliar la planta física de dicho Colegio.
Cualquier construcción que a partir de la vigencia de esta ley realice el referido Ministerio, en la mencionada manzana, deberá tratar, en lo posible, de que sirva posteriormente para fines educativos; con ese propósito se consultará previamente al Ministerio de Educación Pública”.
En la demanda presentada por Tejada y Orozco, se hace hincapié sobre el supuesto nombramiento ilegal de Mathew por parte del Concejo Municipal de San José. Para ellos, esta es una razón suficiente que permitiría suspender ese convenio.
Por presuntas irregularidades en nombramientos en Juntas de Educación y Juntas Administrativas en los circuitos 01 y 02 de San José y por aparente malversación de fondos, el viernes pasado, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó allanamientos en el Liceo de Costa Rica, Colegio Superior de Señoritas y Colegio México.
Según informó la Fiscalía, Mathew figura como una de las imputadas entre los 19 en total. Además, están cinco regidores de la Municipalidad de San José.
Todavía el terreno no está en manos del Ministerio de Educación Pública. Este medio solicitó una reacción por parte del MEP. El departamento de Prensa indicó que es la Procuraduría General de la República la que se encarga de responder.
