Hermes Solano
La Contraloría General de la República (CGR) emitió el 5 de setiembre un informe de auditoría realizado a la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) y a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
En la auditoría se evidenció que hay alrededor de ¢5.000 millones que se pagaron de más en pensiones y no han sido recuperados.
Esas sumas son giradas con cargo al presupuesto nacional; es decir, con dineros que pagan los costarricenses.
Para el 2021, los montos acumulados sin recuperar en la DNP son de ¢4.030 millones, mientras que los de Jupema ascienden a ¢929 millones.
Estos montos se pagan, principalmente, a personas que fallecieron, y por la falta de controles o registro, se depositan los montos que luego no se pueden recuperar o se dificulta.
Pagos improcedentes
Durante el año anterior, en cada una de las direcciones de pensiones mencionadas se presentaron pagos improcedentes.
En la Dirección Nacional de Pensiones depositaron ¢268 millones de más que no correspondían y apenas se recuperaron ¢28 millones.
Por su parte, en la Junta de Pensiones del Magisterio hubo un sobregiro de ¢253 millones en todo el año anterior, recuperándose un total de ¢116 millones.
Muchas debilidades
Según la auditoría realizada por la Contraloría, tanto la DNP como Jupema han realizado esfuerzos para evitar pagar de más. Pero existen todavía muchas debilidades en los procesos y sobre todo en el control de beneficiarios.
“Prevalecen debilidades significativas en la atención de dichas actividades; en cuanto a su utilidad, confiabilidad y oportunidad, las cuales limitan la disminución de acreditaciones que no corresponden”, dice el informe.
Entre los señalamientos que hace el ente contralor están:
- -La DNP no utiliza fuentes de información disponibles para identificar jubilados fallecidos
- -La modalidad de pago favorece la generación de acreditaciones no correspondientes, dado el pago anticipado de la última semana del mes
- -No dispone del detalle de erogaciones giradas de más de forma consolidada
- -Carencia de actividades de control para la actualización de datos
Ante esto, la Contraloría emitió una serie de disposiciones que son de carácter obligatorio.
Una de ellas es la de definir e implementar un mecanismo de control que le permita a DNP y Jupema contar con información relativa a defunciones en proceso de inscripción.
“Para acreditar el cumplimiento de la disposición se deberá remitir a la Contraloría General, a más tardar el 30 de noviembre de 2022, una certificación que acredite la definición y oficialización de dicho mecanismo”, señaló el ente.
A más tardar 31 de marzo de 2023 debe haber una certificación donde conste la implementación del mecanismo.
