Mariana Mena
La Contraloría General de la República (CGR) rechazó tomar una posición sobre la legalidad o no del ajuste salarial para los empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)
El pasado 24 de octubre, la Junta Directiva votó para consultar al ente constralor su criterio sobre si la institución estaba excluida de la regla fiscal y podía entonces aprobar aumentos salariales por costo de vida.
Fue este miércoles 15 de noviembre que la Contraloría bajo el oficio PE-2863-2022 y dirigido a la presidenta ejecutiva CCSS, Marta Esquivel indicó:
“Al vincularse la consulta con decisiones adoptadas por la CCSS, que a su vez involucran temas para los cuales se cuenta con criterios emitidos por diferentes instancias e incluso por la asesoría legal interna.
“No corresponde a este Órgano Contralor pronunciarse -vía consultiva- cuya naturaleza es previa y además reservada a temas generales, sobre las interrogantes planteadas”.
Consultas
Según consta en el documento de la CGR, se solicitó el criterio sobre aspectos relacionados con:
- Aplicación del Título IV de la Ley 9635 a la CCSS y el establecimiento de la política salarial.
- Aplicación del principio de sostenibilidad financiera en atención al grado de autonomía que goza la CCSS.
- El contexto del aumento salarial aprobado por la Junta Directiva para las personas trabajadoras de esa institución.
A la vez, menciona que se pide criterio sobre un acuerdo tomado en sesión de Junta Directiva desde el pasado 8 de setiembre.
Incluso se instruyó a las Gerencias para hacer efectivo el pago durante lo que resta del año 2022.
“Tal situación evidencia que el tema sobre el que se solicita criterio al Órgano Contralor corresponde a una decisión ya adoptada, concreta, sobre la cual no corresponde activar la vía consultiva”, explicaron.
OBSERVE MÁS: Presidente Chaves firmó decreto que congela aumentos salariales del sector público por 2 años
Sindicatos reprochan intromisiones del Poder Ejecutivo para no aceptar el ajuste salarial de los empleados de la CCSS.
Sindicatos
Para los bloques sindicales el criterio de la Contraloría es un logro más.
“Esta es una acción más donde como sindicatos consideramos que la justicia social debe prevalecer. Las maniobras por parte del Gobierno deben desfallecer.
“Tras una serie de acciones externas y a lo interno han intentado frenar el ajuste, pero todo se les ha caído y con esto debe quedar claro que es legal”, indicó Luis Chavarría del Undeca.
La polémica por este ajuste inició luego de que la Junta Directiva presidida por el entonces presidente Álvaro Ramos aprobara el aumento de ¢7.500 el 8 de setiembre anterior.
Dicha decisión provocó que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, destituyera a Ramos el 17 de setiembre y designó a la entonces ministra de Trabajo, Marta Esquivel.
Acciones
Desde el ingreso de Esquivel, surgieron una serie de acciones con el fin de establecer si el acuerdo procede.
- Inicialmente el presidente Chaves indicó que el aumento era ilegal y que la Junta debía revertirlo.
- Luego, el ministro de Hacienda Nogui Acosta por medio de una nota dirigida a la presidenta ejecutiva Marta Esquivel indica que la CCSS debe cumplir las condiciones de la regla fiscal.
- Fue el 12 de octubre cuando el Poder Ejecutivo por medio del decreto 42121-MT-SS-H-Mideplan, congela el ajuste salarial para todo el sector público hasta el 2024.
- También se solicitó pedir criterio a la Dirección Jurídica sobre los alcances de la excepción de la regla fiscal en los seguros de la Caja.
“Existe gran malestar entre los trabajadores que no están de acuerdo con la gestión de la actual presidenta ejecutiva, ha utilizado tácticas para no honrar la deuda que se tiene.
“Es una intromisión del Poder Ejecutivo al querer meter a la Caja dentro de la regla fiscal y es peligroso para la seguridad social”, denunció Lenín Hernández, de Sinae-Afines.
Para este jueves se tiene prevista sesión de Junta Directiva, por lo cual no se descarta que entre los temas de la agenda esté iniciar los trámites para el pago del ajuste salarial.
