Josué Alvarado
En setiembre del 2022 el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) escogió a una constructora para que diseñe y construya las obras en Hatillo 7 y 8 que permitirían eliminar los semáforos en la autopista de Circunvalación.
Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) declaró parcialmente con lugar otro recurso de apelación y esto atrasa todavía más la adjudicación de estos trabajos.
La razón es que durante el proceso el Conavi ha “vulnerado principios esenciales de la materia de contratación administrativa”, debido a que no aportó al expediente las justificaciones por las que descartaba a un segundo oferente, Consorcio Copisa-Intra, y se escogía a Meco S.A.
“Las partes no tuvieron a su alcance toda la información necesaria para ejercer correctamente su derecho de defensa”, señala la resolución de la CGR.
(Josué Alvarado | El Observador).
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“Se ordena que la administración incorpore al expediente del concurso todos aquellos documentos que no solo dan sustento a la decisión final sino que se hayan emitido con ocasión del presente concurso”, añade la contraloría.
En la resolución, el ente contralor señala que la falta de información afecta principios contenidos en la jurisdicción costarricense: la libre concurrencia, la igualdad de trato entre todos los oferentes, el de publicidad, legalidad y transparencia de los procedimientos, seguridad jurídica, buena fe, entre otros.
“(En el expediente) se echan de menos documentos que acreditaron incumplimientos en una de las ofertas del concurso.
“Al respecto, resulta oportuno indicar que todo procedimiento de compras públicas debe regirse por principios de contratación administrativa”, dice el documento.
La propuesta del consorcio es por un monto de ¢3.315 millones, mientras que la de Meco por ¢3.791 millones, una diferencia cercana a los ¢476 millones.
Las obras se financiarían con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Largo proceso de adjudicación
El 14 de abril del 2020, hace casi tres años, el Conavi había escogido al Consorcio Copisa-Intra para estas obras en Hatillo 7 y 8.
Sin embargo, en agosto del mismo año la Contraloría anuló el acto de adjudicación por encontrar un vicio en la forma en la que se estaban comparando las propuestas.
A pesar de esto, el órgano contralor señaló que de acuerdo al puntaje obtenido Copisa-Intra seguía siendo elegible desde el punto de vista técnico y, por lo tanto, “susceptible de adjudicación en primer lugar”.
En setiembre del mismo año el Conavi adjudica de nuevo a Copisa-Intra, tras la recomendación de la Contraloría.
Posteriormente, en febrero del 2022, tras un año de pausa el ente contralor declaró parcialmente con lugar otro recurso de apelación, por lo que otra vez anuló el acto de adjudicación.
Meses después y durante la actual administración, en setiembre del 2022, el Conavi informó que había hecho un análisis de razonabilidad de precios de la propuesta presentada por Meco S.A. y concluyó que la oferta “es razonable analizándola en su totalidad y susceptible de adjudicación”
Posteriormente, el 7 de octubre del 2022 el Consejo de Administración de Conavi acogió la recomendación del director ejecutivo: adjudicar a Meco para la construcción de las estructuras para el paso elevado vehicular y el puente peatonal.
El director ejecutivo del Conavi, Mauricio Batalla (Josué Alvarado | El Observador).
Conavi encuentra errores insubsanables, pero no revela cuáles
Según un informe del Conavi se encontraron errores “insubsanables” en la oferta del consorcio que ya había sido escogido en dos ocasiones para realizar dichos trabajos. Los problemas estarían relacionados a desagregación, desagregación de maquinaria, errores aritméticos e incumplimientos de salarios mínimos.
“No obstante, de la revisión del expediente administrativo del concurso en la plataforma de compras públicas Sicop no se visualiza que se incorporara dicho oficio en donde se señalan los incumplimientos -que la administración califica como insubsanables- del consorcio Copisa Intra.
El Conavi, cuando fue consultado por la Contraloría, señaló que no tenía claras las razones por las que estos documentos no se anexaron al expediente de la licitación, que se encuentra público en el Sistema de Compras Públicas (Sicop).
El Observador contactó al director ejecutivo del Conavi, Mauricio Batalla, para obtener una reacción al respecto. Sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.
