Tomás Gómez
“La entidad adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tiene una limitada eficacia y está lejos de cumplir con sus objetivos de creación”.
Así sintetiza la Defensoría de los Habitantes sus hallazgos sobre la labor que hace el Consejo de Transporte Público (CTP).
La revisión incluyo concesiones y permisos, atención de rutas devueltas y abandonadas, verificación de la antigüedad de la flota vehicular de buses; así como las condiciones operativas del CTP.
¿Quién tiene buses?
El estudio tuvo como punto de partida la renovación de concesiones 2021-2028.
“Habiendo transcurrido dos años de la renovación de concesiones, se registraban solo 22 rutas con contrato refrendado por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (7.6%) y 266 rutas pendientes de finalizar el trámite de concesión (92.3%)”, anotan.
“Esto evidencia que el proceso que sigue el CTP para la firma y posterior envío a refrendo en Aresep es significativamente lento y no hay claridad sobre las razones de la dilación”, prosiguen.
En cuanto a los permisos operativos, se expone que el CTP tenía registradas un total de 848 rutas; de las cuales 640 están en alguna de las diferentes condiciones de permiso. Incluso se observó casos de que
se han mantenido con un permiso hasta por 35 años.
“Esto significa que por cada ruta concesionada existen 29 rutas con permiso aproximadamente”, apuntan; resaltando a la vez que hay 186 casos donde no se indicó la condición de 186 casos.
Más alertas sobre el transporte
El escrito de la Defensoría suma observaciones de que 27 rutas fueron devueltas entre el 2020 y 2023 por las empresas que las operaban.
“Las empresas justificaron ese abandono alegando un desequilibrio económico y financiero, afectación de la pandemia y actividad ruinosa. A pesar de ello el CTP nunca hizo los estudios técnicos para confirmar dichas justificaciones ni cuenta con datos actualizados sobre la afectación a las personas usuarias”, reprocha la auditoría.
Se habla luego de la vida útil de los buses. Para abril del 2023, los datos del Consejo mapeaban 254 unidades con antigüedad vencida. Aparecían incluso unidades modelos 2002 (con más de 21 años de antigüedad), 2003, 2004 y 2005.
Aunque en teoría debería supervisarse su no utilización.
“La Defensoría comprobó que no existe un procedimiento claro y concertado entre las partes para
la aplicación de la normativa, lo cual incide directamente en la falta de inspección y control en carretera de las unidades que, por vencimiento de vida útil, incumplen la ley”, destacaron.
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Finalmente, se cuestiona el tema de los recursos, por un choque de versiones entre la disponibilidad y el uso que se les da.
“El CTP argumentó ante la Defensoría una limitación de recursos económicos para realizar actividades ordinarias, lo cual – según ese Consejo- estaría afectando el cumplimiento de sus competencias.
“Sin embargo, la Defensoría comprobó que en un informe de la Auditoría Interna de dicho Consejo, se evidenció que el CTP tuvo debilidades en la definición de planes de trabajo, mecanismos de control e implementación de las acciones de fiscalización y seguimiento durante tres años consecutivos, a pesar de que ha contado con recursos económicos para cumplir las tareas programadas”, cierra el documento.
En diciembre pasado la Contraloría dio 4 meses de plazo al MOPT para presentar un plan integral que atendiera las falencias de los servicios de buses en el país (Alonso Solano/El Observador)
