Hermes Solano
Desde el 1 de noviembre el Poder Ejecutivo tomó control de la Asamblea Legislativa con el inicio de las sesiones extraordinarias, que se extenderán por los próximos tres meses, hasta el 31 de enero.
Es decir, el Gobierno es el que envía los proyectos que quiere que se discutan en Plenario y también en comisiones.
¿Tiene en los planes convocar los dos proyectos existentes que restauran los artículos derogados en la Ley contra el Crimen Organizado?
Desde el ministerio de la Presidencia aseguran que se están revisando las propuestas para definir si se convocan o no.
“El Poder Ejecutivo se encuentra revisando dichos proyectos, así como otras iniciativas ante una eventual convocatoria en sesiones extraordinarias”, dijo Freddy Morera, ministro a.i. de Presidencia, ante consulta de El Observador.
Junto a ello, están realizando “un análisis de las condiciones de cada una de las comisiones legislativas y de los escenarios con base a los criterios de oportunidad y conveniencia”.
Es decir, a partir de eso, definirán si los convocan en este período o no.
Hay dos iniciativas que se estaban viendo en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, presidida por la diputada de Nueva República, Gloria Navas.
Se trata del expediente 23.208 “Restituir la Declaratoria de Procedimiento Especial en la Lucha contra la Delincuencia Organizada: Modificación de la Ley 8754”, presentado por la diputada del PLN, Carolina Delgado y el otro; el expediente 23.090, que presentó el Poder Judicial.
Ambos caminan lento en el Congreso a pesar de la urgencia que tiene el país sobre el tema.
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En conversaciones
La diputada de Liberación Nacional, Carolina Delgado, solicitó desde el pasado 1 de noviembre en su discurso de control político la inclusión de su iniciativa en las sesiones extraordinarias.
El objetivo de su proyecto es restaurar el artículo dos de la ley, que es el que declara un caso como de crimen organizado y permite entonces, por ejemplo, que se hagan escuchas telefónicas.
Delgado le dijo a El Observador este lunes que ha conversado en varias ocasiones con la jerarca Díaz, resaltando la importancia que tiene el tema para el país en la actualidad.
“El tema se ha conversado con la Ministra, donde he enfatizado en la necesidad de avanzar con el expediente 23.208, por lo que seguiremos atentos a las próximas convocatorias de proyectos de manera que pueda considerarse”, indicó.
Óscar Izquierdo y Carolina Delgado del PLN.
Caro para el país
La semana anterior, el exfiscal general Francisco Dall’Anese dijo a El Observador que esta situación puede costarle muy caro al país, pues al estar los artículos derogados, se están violando derechos humanos de los sospechosos en diferentes causas.
Esto haría que estas personas, consideradas criminales en la mayoría de los casos, vayan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a denunciar al país y costaría mucho dinero por las indemnizaciones que habría que pagar.
“Todos los procesos, desde la derogatoria a esta fecha, donde se aplicó el artículo 2, y permitió que se intervinieran teléfonos, eso hace víctimas de violación al debido proceso, que es un derecho humano”, dijo el abogado a El Observador.
Para el exfiscal general lo más grave de todo esto es que los costarricenses, a través del pago de sus impuestos, serían los que paguen las sumas millonarias de indemnización a posiblemente personas ligadas al narcotráfico.
“La mayoría de involucrados en este tipo de casos son miembros de organizaciones criminales; una vez que condenen a Costa Rica, será con los impuestos que se estaría pagando a narcotraficantes. Va a ser un tema muy grave, principalmente desde el punto de vista político”, indicó.
