Tomás Gómez
Horas después que de los diputados aprobaron, en primer debate, la nueva Ley de Empleo Público, la Corte Plena cumplió su advertencia y envió el proyecto por segunda vez a la Sala Constitucional.
De manera reiterada, los magistrados han mostrado su oposición al proyecto y desde hace una semana, cuando no se sabía si se aprobaría, dejaron lista la consulta de constitucionalidad.
En ella cuestionan las correcciones hechas al plan original, que a su criterio, siguen afectando a la institución.
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De momento, los jueces estarían quedando fuera de la regulación, pero más de 10.000 burócratas sí se verían impactados por la reforma. Esto, a criterio de la Corte, vulnera la independencia judicial.
El principal problema, según el ente judicial, radica en la rectoría que tendría el Ministerio de Planificación (Mideplan) sobre el Empleo Público. Organización, gestión, rendimiento y compensaciones forman parte de los ejes.
Ahora habrá que esperar si la Sala admite la consulta, lo que frenaría el segundo debate mientras se da un pronunciamiento; igualmente, varios diputados adelantaron que buscarían presentar su propia acción. Del avance de dichos procesos dependerá la votación definitiva del expediente.
Corte fracasó en primer intento
La Corte Suprema de Justicia ha emitido reiteradas críticas al proyecto de Empleo Público y a fines de junio anterior llegó a un nivel inédito: el de la consulta ante la Sala IV.
Por primera vez en la historia, los magistrados usaron esta figura; sin embargo, la Sala rechazó la petición pues llegó fuera de tiempo.
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Eso sí, la sentencia abarcó varios cuestionamientos hechos por diputados en materia de independencia judicial, donde se reconoció que el Poder Judicial debía tener un tratamiento separado dentro de las regulaciones de la ley. Mismo parámetro se determinó para organismos como el TSE y las universidades públicas.
Largo camino para empleo público
Contar con una ley de empleo público ha sido una de las promesas constantes del actual Gobierno. Desde la aprobación de la Reforma Fiscal en 2018 se promovía el ajuste como complemento a los nuevos impuestos.
A inicios de año la ley fue incluida en el Acuerdo con el FMI, y ahora el segundo desembolso depende de su aprobación.
Los diputados aprobaron el proyecto en primer debate en junio anterior pero de inmediato llegó a la consulta en la Sala IV. Para el 31 de julio, la sentencia permitió seguir el debate pero con correcciones.
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Los ajustes quedaron a cargo de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad y con ello, el texto volvió al Plenario.
El debate se completó el martes pasado y contó el respaldo de 36 diputados, mientras 8 votaron a favor.
El primer voto de la Sala IV sobre Empleo Público demandó una deliberación de 6 días (Cortesía)
