Christine Jenkins Tanzi
Aunque las autoridades de Costa Rica se resistan a aprobar los impuestos y recortes de gasto que se requieren para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), es posible que se vean obligadas a hacerlo al llegar al borde de una crisis, según los analistas de Bank of America (BofA).
En la Asamblea Legislativa hay poca disposición para aumentar impuestos mientras que el Gobierno muestra una resistencia para reducir gastos, lo cual hace poco probable que se llegue a un acuerdo en el corto plazo, según los analistas.
Alexander Müller, economista para la región de los Andes y el Caribe publicó un reporte junto con otros estrategas y economistas de Bank of America sobre la propuesta presentada por el Gobierno, titulado Leyendo entre líneas del plan fiscal para involucrar al FMI.
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“Somos escépticos sobre la materialización del programa del FMI por la sencilla razón de que no esperamos que el Congreso y el Gobierno pueden acordar una misma fórmula para lograr un ajuste fiscal de buen tamaño”, consideraron en el reporte de este 22 de setiembre.
“Pero no descartaríamos un programa en el futuro si el Congreso percibe una urgencia más apremiante, en medio de un evento crediticio inminente, una caída en el refinanciamiento que pueden conseguir en el mercado local, una depreciación grave del tipo de cambio y una presión al alza sobre los rendimientos que paga el Gobierno”, agregaron.
“La diferencia clave para Costa Rica, en comparación con Argentina y Ecuador, es que, en la práctica,la Asamblea Legislativa debe aprobar el programa del FMI antes de que se convierta en realidad”, explicaron los analistas de BofA en el reporte de este 22 de setiembre. (Foto: Bank of America)
Propuesta desbalanceada
Los analistas destacaron la propuesta presentada este 17 de setiembre se base en medidas permanentes para solo 65% de la ajuste y que además, la mitad de ellas no son medidas nuevas, ya sea porque se incluyeron en la reforma del 2018 o porque ya han sido rechazadas por los diputados.
Entre las medidas permanentes está la eliminación de algunas exoneraciones que en conjunto representan un 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), el aumento del impuesto a propiedades del 0,25% actual a 0,75%.
Mientras tanto, el ajuste durante los primeros años recae sobre un impuesto temporal de ¢3 por cada ¢1.000 en las transferencias bancarias, que sería uno de los puntos más controversiales de la propuesta, según BofA.
“La asociación bancaria ya ha dicho que esto perjudicará la participación del crédito y de los bancos en la economía y puede aumentar la informalidad. La contaparte es clara: un impuesto que es muy fácil de recaudar y eficaz para aumentar los ingresos, pero antitécnico en el sentido de que desincentiva la intermediación financiera, que es un poderoso motor del crecimiento del PIB”, consideraron.
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Para negociar un convenio de Servicio Ampliado (EFF pos sus siglas en inglés) con el Fondo, lo más importante de entrada sería que el ajuste lleve a una mejora permanente en las finanzas públicas, no una temporal.
Las medidas temporales como las que está incluyendo Costa Rica le darían un respiro al Gobierno pero no resolverían los problemas de fondo que llevaron al desbalance y al alto endeudamiento público. Es una “señal negativa” que más de la mitad del ajuste recaiga sobre ellas, según el reporte.
“Aunque, para ser justos, es cierto que una medida de gasto que ha sido presentada por el Gobierno identificadas como “temporales”, es realmente permanente, en nuestra opinión. Nos referimos al programa de movilidad voluntaria de funcionarios,
mediante la cual el Gobierno propone pagar indemnizaciones en el 2021 para el retiro de aproximadamente 7.000 personas”, consideran.
Incluyendo esto, las medidas permanentes aumentan de un poco más de la mitad al 65% del total, señala el reporte.
Opciones limitadas
Las opciones para recortes permanentes y las medidas políticamente viables parecen limitadas en este momento, según BofA.
La propuesta del Gobierno además causa un poco de confusión al incluir medidas que no son nuevas, como por ejemplo un “recorte” del 0,76% del PIB del 2021 que se atribuye a recortes y la regla fiscal, aprobada en el 2018, la entrada del IVA sobre servicios transfronterizos como Netflix (0,03% del PIB) y sobre la canasta básica (0,04% del PIB).
Otras tampoco son nuevas al ya haberse presentado en el Congreso y tener posibilidades “modestas” de ser aprobadas al ser rechazadas o no lograr avances.
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Entre estos están eliminar la exoneración de las cooperativas (0,05% del PIB), que se discutió como parte de la reforma fiscal, así como aplicarle impuesto de renta al salario escolar, de los funcionarios públicos, que se propuso por Hacienda en un proyecto de ley que lo compensaba con una moratoria en el IVA para la canasta básica. Esta tampoco avanzó en la Asamblea.
Finalmente, señalan que el proyecto de reforma al empleo público, que representaría un ahorro del 0,25% del PIB, que propone un único régimen para los funcionarios nuevos, lleva más de un año de discusión.
“Simplemente no parece haber mucho apetito por esto. De hecho, diríamos que no hay apetito en el Congreso por nada que implique aumentos de impuestos, incluso entre los partidos ‘pro-mercado’ que son conscientes de la necesidad de consolidación fiscal”, agregaron.
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Christine Jenkins Tanzi
