Tomás Gómez
En términos generales, en las instituciones públicas no se ha consolidado una cultura de acatar las observaciones que hace la Contraloría General de la República (CGR).
Así lo confirmó la propia institución al lanzar este jueves la segunda edición del Índice de Cumplimiento para la Mejora Pública (ICM), que muestra resultados sobre el cumplimiento de las instituciones en relación con la atención de disposiciones emitidas por la CGR en sus informes de auditoría.
Aunque la CGR insiste en que las recomendaciones se hacen para la toma de decisiones, mejora de gestión y rendición de cuentas, la evaluación apunta hallazgos como:
- Resultados reflejan menor porcentaje de cumplimiento en relación al 2022.
- 65% de las instituciones se encuentran en un nivel intermedio o inferior de cumplimiento.
- 27% del total evaluadas en ambos años 2022-2023 (82 instituciones) descendieron su nivel de cumplimiento
- Más de 40% de las disposiciones requirieron más de 90 días adicionales para su atención.
- Un 67% de las instituciones tiene nivel elemental de buenas prácticas de liderazgo. “Resulta necesario que a nivel institucional se impulsen acciones para construir una cultura de cumplimiento orientada a la generación de valor público, donde se lidere bajo los principios de coordinación, planificación, intercambio de aprendizajes, entre otros, los cuales inciden directamente en la atención efectiva y oportuna de disposiciones, en procura de un mejor servicio a la ciudadanía”. recalcan
- Los incumplimientos se concentran en temáticas como: prestación de servicios, prevención de fraudes, otorgamiento de permisos, cumplimiento de normativa, entre otros.
Áreas clave
La Contraloría extendió su molestia porque hay incluso disposiciones de los períodos 2021-2022 que siguen mostrando rezagos pese a su importancia.
En ese listado destacó:
- En el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (dentro de Conavi y Cosevi) se espera la definición e implementación del Sistema Nacional de Carreteras, así como un mecanismo de valoración continua de precios de los insumos utilizados para conservar la Red Vial Nacional. Además, la consolidación de gestiones orientadas a la continuidad de los servicios de inspección técnica vehicular.
- Entre los Ministerios de Seguridad Pública y Justicia se espera la definición de la Política de Seguridad Ciudadana.
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A ello suman los desafíos en ejecución de créditos externos; aplicación de controles para la seguridad de la información y fortalecimiento del modelo e implementación de la Ley de Contratación Pública.
Lo que está bien
Dentro de las áreas donde hay avances se incluyen sistemas, actualizaciones salariales y otros de tecnología.
“Destacan algunas por su incidencia en la gestión organizacional y la prestación de los servicios públicos; en los sectores educación, telecomunicaciones, sector municipal, entre otros”, apuntó la CGR.
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Como casos específicos se mencionó la implementación de la plataforma administrativa Saber en el MEP. Así como la finalización de los estudios de factibilidad del proyecto Terminal Pacífico (Recope) y su no continuidad derivado de dichos resultados.
También se mencionó la regulación de pluses salariales en diversas organizaciones como parte del Plan Fiscal. Finalmente se destacó el finiquito del fideicomiso entre en el Banco Nacional y la Superintendencia de Telecomunicaciones y la garantía en la continuidad de los servicios y la administración de programas financiados con Fonatel.
