Hermes Solano
El abogado Humberto Méndez, representante de un hombre de apellidos Cartín Ceba, sospechoso de narcotráfico y detenido en 2021 en la operación “Turesky”, denunció penalmente y querelló a dos jueces de la República.
La denuncia interpuesta es por prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes en la función pública y privación ilegítima de libertad. Según consta en el documento presentado ante la Fiscalía Adjunta de la Probidad de San José.
Esto tiene que ver con la derogación de varios artículos, principalmente el 2, de la Ley de Crimen Organizado, que dejó un vacío legal y permitió la semana pasada la liberación de la banda “Los Gery”, sospechosos de narcotráfico.
Esta situación hizo que el abogado Méndez denunciara a los jueces de apellidos Camareno Solano y Rivas Quesada del Tribunal Penal de Heredia y el Juzgado Penal de San Joaquín de Flores, respectivamente.
Cartín Ceba cumple prisión preventiva hasta el 25 de setiembre, luego de que en diciembre se le ampliara el plazo por nueve meses, tras cumplir seis meses de manera inicial.
Según el abogado defensor el juez denunciado “rechazó cada gestión, cada petición y aún y cuando se le insistió en la derogatoria de la ley para ese momento estaba derogada la ley 8754, decide continuar con su actividad ilícita, resolviendo contrario a derecho”.
“Debidamente advertido e ilustrado de las normas derogadas de la ley 8754, a saber: 2, 3 y 6, a excepción del inciso d), y los artículos 7 y 9 Ley contra la Delincuencia Organizada, atropellando el artículo 129 de la Constitución Política; declaró sin lugar cada petición de libertad”, indicó en la denuncia.
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Contra Rivas Quesada
Respecto a la situación con la jueza Rivas Quesada, en la denuncia se menciona que el pasado 27 de julio, a sabiendas de la resolución dada a la banda “Los Gery” por el Tribunal de Apelación de Cartago, se presentó un pedido de libertad a favor de Cartín.
Sin embargo, la jueza rechazó tales pedidos.
“Se le presentaron los votos 345 y 348, ambos del año 2022 y ambos emanados por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, que arriban, fundamentan efectivamente la derogatoria de la Ley de comentario 8754 y hacen un análisis de las leyes que emanadas las mismas por los legisladores, permitieron la derogatoria de la ley”, dice la denuncia.
“Ese es el dolo, la actuación ilegal, que a sabiendas la licenciada de la derogatoria ya dictada mediante sentencia en firme, por parte de un Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, votos que tuvo a la vista la imputada, persiste en continuar con su actividad ilícita y rechaza las peticiones de libertad”, se señaló.
El Observador intentó conversar con el abogado denunciante este martes; sin embargo, no respondió la llamada ni los mensajes que se hicieron y dejaron en su teléfono celular.
Tomar acciones
Tanto los abogados Erick Gatgens, como Juan Marcos Rivero, reconocidos penalistas, enfatizaron en el hecho de que se debe arreglar de manera urgente esta situación, pues es claro que se derogaron los artículos de la Ley de Crimen Organizado y ya se están viendo las consecuencias.
“La única actitud razonable es que se restituya la vigencia de los artículos derogados. No entiendo que es lo que pasa, que se sigue pateando la bola para adelante”, manifestó Rivero.
Desde la Asamblea Legislativa saben de esa urgencia. La diputada Carolina Delgado del PLN presentó un proyecto de ley, que esperan se priorice para restaurar esos artículos y llenar el vacío legal.
Además, hay otro proyecto presentado por el Gobierno de Carlos Alvarado.
Ambos están en el archivo del Congreso a la espera de que sean enviados a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para su trámite y luego enviarlo al Plenario para la votación.
“Es más que conocido y sabido que el artículo está derogado y las consecuencias las estamos viendo en este momento”, dijo Delgado, esperando contar con el apoyo de la mayoría de los legisladores.
