Hermes Solano
Solventar el error legislativo del anterior período en la Ley contra el Crimen Organizado se debe hacer a través de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa.
El tema es urgente, según lo confirman jueces y abogados, ya que se han dado resoluciones de libertad a favor de sospechosos de narcotráfico y también se han presentado denuncias contra jueces de la República.
La diputada de Liberación Nacional, Carolina Delgado presentó la propuesta que ingresó con el expediente 23.208. Además, había otro proyecto, el 23.090 presentado por el Gobierno de Carlos Alvarado.
Delgado es clara en que el tema se tiene que tratar lo más rápido posible y por eso dice que esta semana se dedicará a reunirse con las diferentes bancadas para buscarle vía rápida al proyecto.
Lo que propone es reactivar los artículos derogados para evitar las consecuencias vividas en los últimos meses, principalmente, aunque el vacío legal se dio desde octubre de 2019.
“Es importante y esa es la coordinación que vamos a tener con las demás fracciones para darle vía rápida y votarlo lo antes posible”, le dijo la legisladora a El Observador.
Además, el tema se vería este jueves en la reunión de jefes de fracción, con la intención clara de ponerlo dentro de las prioridades de las sesiones ordinarias.
“Van a discutir el tema en jefaturas de fracción para verlo en urgencia. El PLN en pleno está apoyando la vía rápida y esperamos que las demás fracciones entiendan la urgencia”, añadió Delgado.
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Camino adelantado
La verdiblanca asegura que la ruta del proyecto estaría clara a partir del jueves, luego de que los jefes de bancada se reúnan con el presidente del Congreso, Rodrigo Arias.
Dice que ya hay un reporte de servicios técnicos de la Asamblea dando el criterio del proyecto, por lo que es clara que el camino está adelantado y no debería generar contratiempos.
Por eso hace un llamado a los demás diputados para que apoyen la propuesta y se solvente este error de la Asamblea anterior, señalado así por jueces, abogados y por la propia diputada.
“Debemos pensar que la lucha contra crimen organizado es de todos los costarricenses, tenemos que darles las armas para que hagan las investigaciones correspondientes”, afirmó.
Semanas atrás, la diputada y presidenta de la Comisión de Seguridad, Gloria Navas, afirmó que están trabajando para ponerlo de primero en la lista.
“Es seriecísimo, una vergüenza nacional con los errores que cometió la Asamblea Legislativa, que derogaron una ley. Estamos trabajando y haciendo los procedimientos necesarios para enviarlo rápidamente al Pleno para que votemos”, señaló Navas.
Lo sucedido
El 24 de julio del 2009 entró a regir la Ley contra la Delincuencia Organizada (N° 8754). Esta normativa introdujo innovaciones como el hecho de tener los plazos legales duplicados para estos casos especiales.
Ocho años después, en 2017, se promovió una reforma para generar tribunales específicos, conocida como la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada de Costa Rica (N° 9481).
Esta incluía reformas a la ley N° 8754 y para introducirlas, procedía a derogar varias de las disposiciones.
Eso sí, la ley entraría hasta un año después de su publicación en La Gaceta. El documento se publicó en 13 de octubre del 2017, por lo que regiría al día siguiente de dicho aniversario, es decir, el 14 de octubre del 2018.
Problemas logísticos y financieros complicaron la aplicación de la ley, por lo que se aprobó una reforma en 2018. Esta le dio un año más de espera, trasladando así al 14 de octubre del 2019 la puesta en práctica de la ley.
Justo al filo de ese plazo, el Congreso debió aprobar una nueva postergación; en este caso, se estableció que la Jurisdicción de Crimen Organizado operaría hasta 18 meses después de que se contara con el presupuesto necesario.
Eso sí, la norma en cuestión terminó por oficializarse el 30 de octubre del 2018 con su publicación en La Gaceta. En este caso, la disposición sería de aplicación inmediata.
Es justo ahí donde surgen los cuestionamientos pues hubo un lapso de 16 días en que la reforma sí estuvo vigente
La situación entonces debe arreglarse en la Asamblea Legislativa a través de un nuevo proyecto que restaure los artículos derogados.
