Paula Ruiz
Los diputados autorizaron el traslado de ¢600 millones provenientes del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) para el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) con tal de arreglar patrullas que se encuentran varadas.
La decisión se tomó este martes en la Comisión de Asuntos Hacendarios donde se analizaron mociones del segundo presupuesto extraordinario de la República.
Tal como lo publicó El Observador la semana pasada, hay 600 vehículos sin poder utilizarse. De acuerdo con el ministro de Seguridad, Mario Zamora, el arreglo de cada patrulla asciende hasta ¢2 millones y más allá del dinero, la dificultad está en los procesos engorrosos de licitaciones públicas.
“El proceso de contratación pública para conseguir ese repuesto, hace que cuando se arregle eso, tres otras cosas estén dañadas, ese es un poco lo que vivimos en esta materia”, declaró Zamora.
Más patrullaje
La moción fue presentada por la diputada Pilar Cisneros del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), quien explicó que los recursos inicialmente estaban destinados a la compra de 20 vehículos para ser utilizados en patrullajes del MSP.
“No obstante, debido a que dicha compra corresponde a un proceso de Licitación Mayor y según los plazos establecidos en Ley Nº9986, Ley General de Contratación Pública, resulta materialmente imposible gestionar la adquisición de los vehículos, inclusive en el escenario que se apliquen los tiempos mínimos de ley, por lo que no sería posible su ejecución”, según se justifica en la enmienda.
En contraparte, sí puede ser utilizado para la reparación de carros porque hay un contrato según demanda que le permite realizar estas gestiones, amplió Cisneros tras cuestionamientos del legislador José Pablo de Sibaja de Nueva República, relacionada con la ejecución de los recursos en lo que queda del año.
El Gobierno pretende garantizar más patrullajes en todo el territorio nacional con esta medida, para hacerle frente a la ola de violencia y homicidios que vive Costa Rica.
“Sin el mantenimiento y reparación de equipo de transporte, no sería posible la movilidad de las patrullas y por ende sin dicho insumo se vería impactada negativamente la presencia policial en todo el territorio nacional, además se vería afectada la inversión pública realizada en los vehículos, ya que no podría dárseles mantenimiento adecuado y por ende quedarían fuera de servicio o se podría incurrir en gastos mayores por la falta de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la flotilla”, destacó la oficialista.
Por su parte, el liberacionista Gilberth Jiménez, espera que con esta medida se refleje el patrullaje en las calles. Mientras que la socialcristiana Melina Ajoy, consideró que debería de dársele prioridad a Limón, Puntarenas y Guanacaste, debido al aumento de violencia en las zonas costeras.
Se le consultó a Cisneros cuántas patrullas podrán arreglarse con este dinero, pero no se obtuvo respuesta. En total, la flotilla de Fuerza Pública asciende a 2.600 vehículos.
Adicionalmente a esa cantidad, el ministro de Seguridad ha indicado que se requieren 600 nuevas radiopatrullas por un precio de $20 millones.
Para eso, se busca obtener recursos mediante el ICD, donde tienen un fondo por $16 millones.
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La moción fue presentada por la oficialista Pilar Cisneros. Cortesía Asamblea Legislativa.
