Paula Ruiz
Pese a la advertencia de los entes técnicos, como el Banco Central o la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), los diputados aprobaron el proyecto de ley 20.861 en primer debate, que obliga a tasas de interés máximas de 39% y 55% para nuevos créditos.
El proyecto, que establece un control de tasas de interés, recibió 50 votos a favor y dos en contra.
La iniciativa originalmente debía establecer una tasa máxima para configurar el delito de usura. Sin embargo, la propuesta aprobada -alejada de toda recomendación técnica- plantea un mecanismo para incidir artificialmente sobre las tasas de interés.
De aprobarse en segundo debate, las deudas que ya están vigentes continuarían con las tasas ya pactadas entre las partes, es decir, las que se encuentran especificadas en los contratos.
Con la metodología aprobada, el 39% sería la tasa máxima para préstamos de consumo (como tarjetas de crédito y préstamos personales) y 55% para microcréditos (como ventas a plazo en comercios o préstamos pequeños productivos). Estos últimos se caracterizan como deudas iguales o inferiores a ¢675.000.
Los topes comenzarían a regir en el sistema financiero formal a partir de julio próximo.
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Cobros y embargos
La aprobación en primer debate, requirió anteriormente unas modificaciones vía moción, entre ellas el cobro de 5% para la gestión de cobranza administrativa en caso de atraso en el pago.
Sin embargo, éste no podrá exceder los $12 y aplicarán 5 días después de la fecha de pago.
Otto Roberto Vargas, diputado del Republicano Social Cristiano, señaló que esta fue una moción de consenso entre todas las bancadas.
“Por ejemplo, si una persona tiene una deuda de ¢20.000, va a tener que pagar ¢2.000, después de 5 días de la fecha de pago”, explicó.
También se aprobó una moción del verdiblanco Wagner Jiménez, para que los oferentes de créditos soliciten información del potencial deudor al Centro de Información Crediticia (CIC) para visualizar el total de sus obligaciones crediticias vigentes, para evitar el sobreendeudamiento del consumidor financiero.
Además, autoriza a los trabajadores a solicitar la retención obligatoria por parte del patrono, de las cuotas para el pago de sus créditos.
Así las cosas, “no podrán hacerse deducciones del salario del trabajador que afecten el salario mínimo intangible e inembargable”.
La Comisión Nacional del Consumidor sería la encargada de denunciar vía penal a las personas físicas y jurídicas que eventualmente puedan incurrir en el delito de usura.
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Advertencia en tiempos de COVID-19
El Banco Central de Costa Rica (BCCR), la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) y Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero (Conassif), adviertieron que debido a la emergencia nacional, miles de trabajadores vieron reducidos sus ingresos ya sea por despidos, suspensión o disminución de jornada.
Según explicaron, eso provocará un aumento en la mora, pero a la vez, la necesidad de recurrir al sistema financiero para optar por préstamos para suplir sus necesidades básicas.
Sin embargo, con un tope a las tasas de interés, quedarían excluidos de ser sujetos de créditos, por tanto, tendrían que optar por solicitar el dinero en la informalidad.
David Gourzong (izquierda) y Welmer Ramos (derecha) son los diputados que impulsaron el proyecto, pese a las advertencias de autoridades financieras de que la imposición de topes artificiales para el control de tasas puede expulsar a los más pobres del sistema financiero formal. (Cortesía Asamblea Legislativa).
Las observaciones de los entes técnicos se realizaron tras las consultas de la independiente Ivonne Acuña.
La congresista reiteró su oposición a la iniciativa tomando en cuenta la exclusión financiera que generará, máxime en esta época donde muchos trabajadores vieron reducidos sus ingresos, obligándolos a optar por créditos de manera informal.
Su segundo debate fue fijado para el miércoles 29 de abril, pero, de no haber sesión este día, quedará para el 30 de abril.
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