Paula Ruiz
Los diputados de la Comisión de Ambiente dictaminaron de forma negativa el proyecto de ley que pretende legalizar la marihuana recreativa, iniciativa impulsada por el Gobierno.
En específico, se trata del expediente 23.383: Ley de Control y Regulación del Cannabis para Uso Recreativo.
En contra del dictamen votaron Rosalía Brown y David Segura de Nueva República, además de Gilberth Jiménez, Óscar Izquierdo y Katherine Moreira de Liberación Nacional.
Los tres votos restantes fueron a favor de la legalización de esta droga y los dieron Manuel Morales, de Progreso Social Democrático, Kattia Cambronero, del Liberal Progresista, y Ariel Robles del Frente Amplio.
El plan debe continuar su trámite legislativo y será el Plenario donde se tome una decisión definitiva.
En contra
Jiménez, justificó que esta autorización saturaría los hospitales con personas por sobredosis de drogas y que, en su caso, llegó a la Asamblea Legislativa a defender la salud.
“No para llenar el bolsillo de unos cuantos”, aseguró.
En caso de tomarse una decisión en línea contraria, a su criterio “estamos llevando al país a un caos y a un país de drogas”.
También, apuntó a que no hay estudios técnicos y científicos que demuestren que esta legalización es una necesidad para Costa Rica y anticipó que podría ser inconstitucional, porque pasaría por encima a tratados internacionales ya firmados por nuestro país.
OBSERVE MÁS: Proyecto de marihuana recreativa topa con pared en la Comisión de Ambiente de la Asamblea
Recursos para el Estado
En contraparte, Morales, quien es uno de los que ha llevado la batuta de esta iniciativa, fue claro con que no se busca promover el consumo, sino que regula lo que ya hoy existe.
“Tenemos un mercado de $120 millones anuales de solo consumo de marihuana que hoy en Costa Rica es legal. Lo que es ilegal es adquirir el producto entonces hay que adquirirlo a través de narcotraficantes y eso para los consumidores es peligroso”, señaló el oficialista.
El diputado de PPSD aclara que esta medida no va a eliminar por completo el narcotráfico sino que ayudaría a quitar una “tajada en el tema económico” el cual podría distribuirse entre varias instituciones.
La propuesta es distribuir los recursos así:
- 15% de los ingresos para el Ministerio de Agricultura y Ganadería
- 15% al Instituto Costarricense sobre Drogas
- 10% Seguro de Maternidad de la Caja Costarricense de Seguro Social
- 30% al Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia
- 20% para el Ministerio de Justicia y Paz
- 10% para la Policía de Control de Drogas
“Algunas personas en contra dicen que va a haber saturación de hospitales, ya hay consumo y ya hay saturación de los hospitales por falta de educación porque quienes consumen, consumen a lo loco y se intoxican, pero si pudiéramos sacar este tema como el tema de la educación sexual, ahora sería la educación en consumo de marihuana y el peligro que son las frogas más duras, tendríamos un mejor abordaje de esto”, justificó.
En esta misma línea, Cambronero consideró importante el ingreso de recursos mediante impuestos que tendría el Estado y la creación de nuevos empleos.
“Los recursos que se invierten por andar persiguiendo a un joven con cigarrillo de marihuana podría usarse para tráfico de drogas a alta escala”, dijo la liberal.
Por su parte, Robles del Frente Amplio agradeció al Gobierno por poner sobre la mesa una discusión que a su criterio es necesaria.
Asimismo, recordó que con la posibilidad de archivo de este plan, las personas consumidoras continuarán haciéndolo desde un mercado ilícito.
OBSERVE MÁS: Nueva ministra de Salud impulsará legalización de la marihuana de uso recreativo
