Paula Ruiz
El Poder Ejecutivo buscaría la vía legislativa para el proyecto de Ciudad Gobierno, luego del rechazo de la Contraloría General de la República al recurso con apelación en subsidio para avanzar con el proyecto.
Así lo expuso ayer Laura Fernández, ministra de Planificación.
“Lamentamos profundamente el rechazo que nos realiza la Contraloría General de la República. Estamos estudiando a fondo sus alegatos para replantear por la vía legislativa el proyecto”, señaló.
Mediante el Departamento de Prensa, se indicó que la jerarca ampliará al respecto este miércoles en la conferencia de prensa semanal del Gobierno.
El punto de discordia tiene que ver con la interpretación del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública. El Poder Ejecutivo defiende que la figura se seleccionó tras rigurosos análisis legales y financieros.
“Con el fin de ubicar la opción que le genere más beneficios al país, donde se maximice el valor del dinero y permita en un mediano plazo, eliminar la dependencia de alquileres de oficinas para 35 instituciones públicas”, defendió el Gobierno.
La actual administración pretendía usar la figura de arrendamiento, con el modelo BOLT: “Build, Operate, Lease & Transfer”, es decir “Construir, Operar, Arrendar y Tranferir.
Sin embargo, el despacho de la contralora, Marta Acosta, resolvió e interpretó ese artículo con los siguientes argumentos:
- El arrendamiento de bienes inmuebles por construir o en proceso de construcción debe ser sobre terrenos privados.
- Que la norma no ampara encargar directamente a un tercero el diseño y construcción de obra pública a la medida.
- Que el arrendamiento financiero es endeudamiento.
- Que el artículo 67 no contempla el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia de los bienes al Estado.
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Ahorro
El Poder Ejecutivo asegura que con Ciudad Gobierno se podrían ahorrar unos $17 millones anuales. La obra tendría un costo de $450 millones y estaría a cargo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En el comunicado de prensa emitido la tarde de este martes, se destaca que anualmente por alquileres se pagan $23 millones, servicios públicos por $16 millones y operación y mantenimiento por $9,7 millones.
En este complejo de edificios se reuniría a 11.000 funcionarios en una construcción de 200.000 metros cuadrados.
Atrasos en el proyecto
El 15 de noviembre, durante conferencia de prensa semanal desde Casa Presidencial, el Gobierno responsabilizó al ente contralor por los atrasos en el proyecto.
Fernández indicó ese día que el proyecto estaba suspendido por una advertencia de la Contraloría. En tanto, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, calificó como una “prohibición” lo indicado por la institución.
Eso llevó al ente contralor a descartar este martes cualquier responsabilidad sobre los atrasos en la implementación del proyecto.
“El oficio de advertencia no es respecto del Proyecto Ciudad Gobierno sino de la imposibilidad legal de utilizar el artículo 67 para contratarlo de manera directa a un tercero”, expuso la Contraloría.
Ante esto, ahora el Gobierno aseguró que “el proyecto se encuentra en desarrollo de estudios en la fase preinversión”, distinto a lo expuesto hace quince días sobre la suspensión.
La iniciativa estaba prevista para iniciar con movimiento de tierra en este diciembre, pero esa posibilidad ya se descartó.
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