Paula Ruiz
Costa Rica pasó de 35 a 340 organizaciones criminales en un periodo de 10 años, según detalló Mario Zamora, ministro de Seguridad.
Esto, es prácticamente lo que está generando la ola de violencia en el país, según destacó el jerarca. La cifra la indicó tanto en la Comisión de Heredia que se desarrolla en la Asamblea Legislativa durante este lunes, así como el martes tras la reunión del Consejo Nacional de Seguridad realizada en Casa Presidencial.
“Hay más de 340 organizaciones criminales a lo largo y ancho del territorio, muchas de ellas con estructuras sicariales (sic) y que están generando la ola homicida que estamos observando en nuestro país”, manifestó en el foro legislativo.
De estas, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trabaja sobre 240, pero de manera general, hay cien más “tomando en cuenta otro tipo de organizaciones”.
Frente a esta realidad, la Fuerza Pública cuenta con 13.500 efectivos cifra baja según el jerarca, si se compara con países como Panamá donde hay 22.000 oficiales de este tipo.
“Hoy en día, la escuela nacional de policías cuenta con 600 personas llevando el curso básico policial y hoy mismo (este lunes) se integraron 103 efectivos, con eso esperamos que podamos mejorar el pie de fuerza que tiene la Fuerza Pública y tener una mejor presencia en el resto del territorio nacional sin embargo, siguen siendo números muy escasos para un país como Costa Rica”, señaló.
Como ejemplo, se detalla lo que sucede en Heredia, con una población de 479.000 (según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos en 2022), solo cuenta con 482 policías, según datos brindados por Erick Calderón, jerarca de Fuerza Pública en Heredia.
Asimismo, detalló que hay 58 vehículos policiales de los cuales, hay 22 en mal estado, así como 64 motocicletas, 51 en funcionamiento dado que las restantes requieren reparación.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tiene a Heredia como la provincia con menor cantidad de homicidios registrados con 39 hasta este martes 03 de octubre. Sin embargo, al mismo periodo en 2022 la cifra fue de 30.
En todo el país, ya se acumulan 682 asesinatos lo que llevamos del 2023.
Para hacerle frente a esta ola de violencia, Zamora reconoció el interés por trasladar a los oficiales de Policía de Control de Drogas (PCD) que están ubicados en aeropuertos, para labores de investigación e inteligencia.
“La Policía de Control de Droga, que es la policía técnica y de detectives es una policía de solo 207 efectivos y algunos de ellos, incluso en puestos fijos para poner un ejemplo el Juan Santamaría, el trabajo era una vez cada tres meses cuando aparecía una maleta con droga, pero esos tres meses tampoco hacían ningún otro tipo de labor”, expuso.
“Hoy, estamos organizando el esquema de trabajo para que esa gente pueda, ejerciendo sus capacidades de investigación, también trabajar sobre terreno y poderlos dirigir de mejor manera a la investigación y análisis de bandas criminales, además, estamos dotando de 100 plazas más que es el cambio histórico más importante en que la policía de control de droga que tiene 207 efectivos, al sumársele 100 efectivos, vamos a tener la mayor cantidad que ha tenido en muchísimo tiempo, pero siguen siendo números escasos en el universo de bandas criminales que operan en Costa Rica”, detalló ante los diputados.
Esta decisión fue criticada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep), quienes se oponen a este traslado, pues argumentan que se debilita la lucha contra el narcotráfico.
Con respecto al equipamiento, indicó que no ha habido la inversión que se requiere en los últimos 10 años lo cual ha provocado que el 80% de la flotilla tenga más de una década en uso. Para comprar al menos 600 radiopatrullas, se requieren $20 millones.
Además, hay 130 delegaciones de policía con orden de cierre sanitario.
Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, destacó que este aumento de bandas es lo que ha desencadenado en la violencia que vive Costa Rica en la actualidad. (Cortesía Casa Presidencial)
Sin declaratoria de emergencia
Pese al escenario, el Gobierno declinó emitir una declaratoria de emergencia por esta situación.
Rodrigo Chaves, presidente de la República, destacó que una declaratoria de este tipo, implicaría la utilización del dinero proveniente del Fondo Nacional de Emergencias que ronda los $700 millones.
Sin embargo, ese dinero se utilizará para atender infraestructura impactada por desastres naturales que ya han sucedido, como por ejemplo, la tormenta Bonie.
“Entonces no, en este momento no estamos considerando que sea el Fondo el que pague ni licitación extraordinaria o abreviada porque el Fondo no tiene plata y los procesos de radiopatrullas y otras, son procesos normales”, explicó este martes.
Chaves aprovechó para aclarar que una eventual declaratoria por este tema, no equivale a un estado de excepción que implicaría suspender garantías constitucionales.
