Tomás Gómez
Por cada $1 que se pagaba por terreno en Guanacaste en el 2020 ahora hay que pagar $4. En términos sencillos, eso representa una inflación inmobiliaria del 400%.
Esa es la versión simplificada de un estudio que acaba de lanzar el Observatorio de Turismo, Migraciones y Desarrollo Sostenible de la Región Chorotega de la Universidad Nacional (OBTUR-UNA). No obstante, detrás esos números hay todo un entramado de temas sociales, ambientales, culturales y legales que no pasa desapercibo.
No se trata solo de las dimensiones sino de la velocidad con que están ocurriendo los cambios.
Para comprenderlo un poco basta con recordar que con la aparición del covid-19 y las restricciones impuestas el sector turismo fue uno de los más golpeados, pero ahora es el principal motor del fenómeno.
“Esto obedece al fenómeno provocado por la pandemia entre 2021 y 2022, donde cientos de personas huyeron de las conglomeraciones hacia zonas alejadas menos pobladas, generando la movilización de grandes cantidades de capital mobiliario internacional hacia diferentes lugares del mundo con ciertas condiciones, entre ellos la zona costera de Guanacaste”, explicó la institución.
“De 2017 a 2019, ya se notaba el incremento en la construcción de estos tipos de inmuebles, que en 2020 desaceleró; pero dos años después repuntó en casi el doble el registro en metros cuadrados para construir”, sumó.
Otro dato para comprender el tamaño del tema de que hablamos: según estadísticas del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), se pasó de construir, en proyectos habitacionales, 456.000 m2, en 2019, a 866.000, en 2022. Esto es casi duplicar el desarrollo en tres años.
En el sector comercial, por su parte, se pasó de construir 131.000 m2, en 2019, a 209.000, en 2022.
“Se consideraron estos dos sectores porque son los más relacionados con el turismo y las segundas residencias, principalmente en zonas costeras, donde se dieron los mayores registros”, detallan.
En algunas zonas más
Esteban Barboza, director del Observatorio, detalló que hay puntos donde el tema inmobiliario tiene particular desarrollo.
Ahí entran a la ecuación los cantones de Santa Cruz, Nicoya, Liberia y Carrillo. En 2022, en estos cantones se construyó el 89% de los metros cuadrados registrados en proyectos habitacionales de todo Guanacaste.
Por distritos la situación se ilustra aún más concentrada. Para 2022, por ejemplo, solo 6 localidades abarcaron el 70% de los planes:
- Nosara de Nicoya: 131.000 m²
- Tamarindo de Santa Cruz: 128.000 m²
- Sardinal de Carrillo: 117.000 m²
- Cabo Velas de Santa Cruz: 98.000 m²
- Sámara de Nicoya: 28.000 m²
- Nacascolo de Liberia: 24.000 m²
- Central de Liberia: 83.000 m².
Los datos permiten identificar además un patrón geográfico particular: el grueso del desarrollo se está acomodando en la línea de costa.
“Por ejemplo, el cantón de Santa Cruz tiene un mayor desarrollo inmobiliario que todos los cantones sin costa juntos (Tilarán, Nandayure y Hojancha). No hay ninguna otra región del país que supera a Guanacaste con estas cifras”, precisó Barboza.
¿Quiénes terminan pagando el precio?
Detrás de las personas con los recursos dispuestas a pagar los nuevos precios de Guanacaste hay, sin embargo, un grupo de personas nativas y otras que habían llegado de previas que tienen que enfrentarse a la realidad actual.
“Se demostró que el alquiler de un aposento de 15 m² a 20 m², en Nosara, ronda los $700 o $800 mensuales, mientras que alquiler de una casa de interés social en esa misma localidad alcanza los $1.500, por lo que no quedan opciones para los pobladores de la zona”, alertó la investigación.
El fenómeno se ha llegado a catalogar de “desposesión”.
A ello se suman elementos como capitales especulativos internacionales que pueden rodear algunas inversiones.
Sin agua para Guanacaste
Frente a todos los planes de desarrollo, la realidad de Guanaste plantea un muro que muchas veces parace infranqueable: el agua.
Que las localidades de la bajura tengan problemas de recurso hídrico no es nuevo; pero el contexto de proyectos dota al tema de nuevos matices económicos y sociales.
Durante una entrevista con El Observador, Barboza detalló que el agua es “un tema en disputa” donde entran varios actores.
“En este momento talvez si exista el recurso pero el problema es la gestión. En el sentido de que a como se está gestionando en este momento no está alcanzando para todo el desarrollo inmobiliario que se está previendo”, apuntó.
“Es un elemento en disputa tanto por parte de las comunidades locales y la gente que vive a los alrededores de los polos turísticos, como por parte de los desarrolladores”, amplió.
Las consecuencias pasan a ser más amplias en medio de los planes de crecimiento que tocan las puertas de la provincias.
“Hay muchos desarrollos que están ralentizados o que no se han podido al ritmo que se querrían dar precisamente por la disponibilidad de agua”, amplió el experto, destacando incluso que hay planes que han quedado abandonados.
Además, el tema se agrava porque no solo el sector empresarial ve entorpecidas sus iniciativas sino incluso las personas que intentan construir su vivienda propia.
“La municipalidad no te va a dar permiso de construcción si no tenés disponibilidad de agua”, acotó Barboza. “Cuando se declara un lugar que tiene déficit de agua no se le puede agua a nadie, ni siquiera una casa de bono, nada”, cerró.
