Josué Alvarado
El superintendente general de Valores, Tomás Soley Pérez, confirmó la recepción de una segunda denuncia contra la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI).
Ambas quejas se relacionan con la compra de tres propiedades con supuesto sobreprecio que habría hecho la BCR SAFI a favor de dos sociedades que están relacionadas entre ellas.
“La superintendencia dentro de su línea de supervisión, de seguimiento de la entidad particular, lo incorpora como un elemento adicional y estaremos tomándolo con la seriedad y con la mayor prontitud y celeridad del caso”, dijo Soley en una entrevista con El Observador.
“Es un caso complejo (…) Es un nuevo caso dentro de las actuaciones que se han observado”, añadió.
El superintendente dijo que la Asesoría Jurídica de la Sugeval está revisando la nueva información para determinar cuáles elementos nuevos aporta a lo que ya se estaba investigando.
Pedido de explicaciones
A inicios de este año la superintendencia había ordenado a BCR SAFI convocar a una asamblea para explicarle a los inversionistas las supuestas irregularidades que giraban en torno a la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), otro de los edificios administrados mediante este fondo.
Esto ocurrió luego de que un grupo de inversionistas presentara una primera denuncia.
La asamblea se realizó el viernes 24 de marzo en el Centro de Convenciones. Uno de los inversionistas, Mario Carazo, expresó al terminar la reunión: “Lo vemos como una situación fallida”.
El exdiputado e inversionista en este fondo, Mario Carazo Zeledón. (Josué Alvarado/El Observador).
Mario Carazo y su hermano, Rodrigo Carazo, interpusieron el martes 26 de setiembre la segunda denuncia por una compra que para ellos se dio en condiciones muy similares a las del PEP.
En esta segunda ocasión advierten a la Sugeval que debido a la repetición de protagonistas, de sociedades beneficiadas, de la rapidez con la que se toman las decisiones en el BCR podría haber un “modus operandi” a lo interno de la entidad.
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Inversionistas denuncian sobreprecios
Según las denuncias en el año 2018 los funcionarios bancarios dieron luz verde de forma unánime para la compra de Bodegas Comerciales La Uruca (BC La Uruca), conformadas por dos propiedades por las que se habría pagado un sobreprecio de $19.750.000.
Posteriormente, en el 2020, las mismas personas votaron a favor de la compra del PEP, otra propiedad de bodegas ubicada en las cercanías del Puerto Caldera.
En ambos casos las altas autoridades del banco hicieron la compra a sociedades ligadas al exdiputado socialcristiano Humberto Vargas Corrales, quien no hablará con la prensa sobre este tema, según confirmó su abogado.
Los denunciantes consideran que la venta y compra del 2018 en La Uruca fue un ensayo para la posterior transacción del PEP dos años después.
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Fiscalía también investiga el caso
La Fiscalía confirmó que hay una causa abierta bajo el expediente número 21-000209-1218-PE por el supuesto delito de “sobreprecio irregular”, regulado por la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
Este impone penas de 3 a 10 años, según los beneficios que se obtengan de una transacción gestada con precios irregulares.
La Fiscalía investigaba únicamente la venta del PEP desde el 2021, pues el caso BC La Uruca trascendió apenas este 26 de setiembre del 2023.
El Banco de Costa Rica (BCR) sigue defendiendo estas compras, pese a que incluso se han despedido personas que están ligadas a las cuestionadas transacciones.
El Observador solicitó una entrevista sobre esta segunda denuncia desde el martes anterior a las autoridades del Banco de Costa Rica, sin embargo al cierre de esta nota no hubo respuesta.
