Tomás Gómez
Aunque apenas está en etapa de investigación, un expediente de Fiscalía da seguimiento a la polémica compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) del Banco de Costa Rica (BCR).
La Fiscalía confirmó que la causa se sigue bajo el número 21-000209-1218-PE. Aunque no se detallan aún posibles sospechosos o implicados, sí se fijó un supuesto delito de manera temporal.
Se trata del ilícito “sobreprecio irregular”, regulado por la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
Este impone penas de 3 a 10 años, según los beneficios que se obtengan de una transacción gestada con precios irregulares.
Será penado con prisión de tres a diez años, quien, por el pago de precios superiores o inferiores – según el caso- al valor real o corriente y según la calidad o especialidad del servicio o producto, obtenga una ventaja o un beneficio de cualquier índole para sí o para un tercero en la adquisición, enajenación, la concesión, o el gravamen de bienes, obras o servicios en los que estén interesados el Estado, los demás entes y las empresas públicas, las municipalidades y los sujetos de derecho privado que administren, exploten o custodien, fondos o bienes públicos por cualquier título o modalidad de gestión. – ARTÍCULO 49, LEY 8422
En el caso del PEP, el factor precio ha sido uno de los más cuestionados.
El fondo de inversión inmobiliario del BCR pagó alrededor de $70 millones en 2020. No obstante, en las últimas semanas trascendió un peritaje que determinó que el valor real ronda los $27,4 millones.
Ojos judiciales y administrativos
Sumado a esa vertiente judicializada, la situación de BCR SAFI y el PEP tienen también vigilancia desde la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
“La denuncia fue presentada en setiembre del 2022, ampliada en diciembre de ese año y durante este 2023 los inversionistas interesados han solicitado varias reuniones que se han atendido y además, han aportado información adicional relacionada con los hechos denunciados mediante varios correos electrónicos”, dijo el superintendente Tomás Soley.
“La información aportada y la recabada por la Sugeval debe ser analizada para determinar lo que corresponda”, adicionó.
Además, explicó que les corresponde ejercer la supervisión sobre la SAFI por la Ley Reguladora del Mercado de Valores; así como las disposiciones que emita el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
La BCR SAFI, el parque y las dudas
Aunque data del 2020, el caso del PEP ha cobrado relevancia en los últimos meses.
A lo largo del año, un grupo de inversionistas calificó de “exagerado” el precio del negocio.
La situación provocó incluso que a fines de marzo, la BCR SAFI tuviera que celebrar una asamblea para dar explicaciones.
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En ese momento el vocero de los inversionistas, Mario Carazo Zeledón, expresó a El Observador: “Nosotros lo vemos como una situación fallida por el hecho de que han habido una serie de inconvenientes financieros que hacen que se haya comprado un activo en una suma exageradamente alta”.
Mientras que el gerente general del BCR, Douglas Soto, defendió la transacción. Dijo que, en términos generales, los rendimientos iban en ascenso de forma paulatina.
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A esos movimientos se suma que hace dos semanas trascendió la renuncia al BCR del Gerente de Negocios de Banca Corporativa, Juan Carlos Bolaños Azofeifa, y el subgerente de Banca Corporativa, Álvaro Camacho de la O.
Tanto Camacho como Bolaños formaban parte del Comité de Inversiones de BCR SAFI, por lo que están involucrados con la decisión de comprar dicho inmueble.
La institución apuntó que sus salidas se deben a asuntos personales y retos laborales. Eso sí, coincidió también con la publicación del nuevo estudio y a la vez trascendió que en el 2020 ambos figuraron conjuntamente en una sociedad anónima en Panamá.
Sobre este tema, su abogado Bernán Salazar, adujo que serían para un negocio de asesorías empresariales que nunca se concretó.
Tanto la defensa de los exgerentes, como el BCR, han defendido los avalúos previos que respaldaron la compra del PEP en 2020. “Ellos no son la SAFI”, dijo Salazar a este medio, defendiendo a sus clientes y reiterando que las decisiones eran colegiadas y no de una persona.
La polémica también se ha visto en el Consejo de Gobierno. El miércoles, el presidente de la Junta Directiva del BCR, Fernando Víquez, argumentó que ya se tomaron medidas que, sin embargo, están bajo confidencialidad, además de sostener que no habría riesgo de contagio sobre otros negocios del Banco.
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