Sergio Arce
Guiselle Cruz, exministra de Educación en la pasada administración de Carlos Alvarado, dijo sentirse “con total tranquilidad” tras la denuncia penal planteada en su contra por las actuales autoridades del ramo.
Incluso, adelantó que no descarta interponer las “acciones legales necesarias para defender mi honra y decoro, que hoy fueron mancillados sin fundamento alguno por autoridades de Gobierno”.
La denuncia se presentó ante la Fiscalía “por irregularidades en los contratos de alquiler” de los edificios que ocupa u ocupaba el Ministerio de Educación (MEP).
Así lo anunció el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles.
También con Cruz fueron denunciados el exministro Steven González -él fungió por espacio de seis meses al final del pasado gobierno tras la renuncia de Cruz- y Wilbert Ching Sojo, exoficial mayor del MEP.
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Según Chaves, esta es la primera denuncia, pero no será la única. Aseguró que el próximo lunes estarían presentando otras ante las autoridades judiciales.
Lo que dice Cruz
En un comunicado enviado la noche de este miércoles, Cruz -quien estuvo al frente del MEP por dos años y medio- expresó que su actuación en la gestión de los alquileres institucionales “respondió siempre a las necesidades del servicio”.
“(Además) cumplió con los requisitos establecidos en la ley de contratación administrativa y que se desarrolló con transparencia y honestidad”
“Tengo la certeza de que una vez que se diluciden las declaraciones irresponsables, se impondrán la verdad, la razón y la justicia.
“Me alegra, por ello, que sean los Tribunales de Justicia -en quienes tengo plena confianza-, los que aclaren la rectitud de mis actuaciones”, expresó.
Cruz añadió que a este momento no ha recibido ninguna notificación judicial, al tiempo que dijo ponerse a la orden del Ministerio Público y de las autoridades judiciales.
“Adiós” a contratos
En medio de la presentación de la denuncia, el mandatario reveló que su gobierno rescindió contratos de alquiler en el MEP.
Uno de ellos que manejaba un fidecomiso BCT en el que se pagaban ¢376 millones anuales. Ese contrato llega hasta el 1 de agosto.
Según Chaves ya se le informó a los dueños del edificio Raventós -en el centro de San José- de que no se va a prorrogar el contrato existente más allá de este 2022.
“El MEP paga ¢1.100 millones por año de alquiler. Ese contrato se acabó”, indicó.
Además, habló que se está trabajando en el cese del contrato de alquiler con otro edificio del que prefirió reservarse el nombre.
“Nos vamos a ahorrar casi ¢3.000 millones al año por esos tres edificios”, insistió.
