Tomás Gómez
Pasadas las 10:00 de la mañana, el Fiscal General, Carlo Díaz, salió del bufete legal del canciller Arnoldo André, donde por dos días se tuvo activo un allanamiento en una de las oficinas para investigar supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña que llevó a la Presidencia a Rodrigo Chaves.
En la causa se investiga el supuesto delito de “Financiamiento ilegal de partidos políticos”.
El expediente incluye a Chaves y André, que al ser miembros de los Supremos Poderes, solo pueden ser investigados por el Fiscal General.
Según información brindada por el Poder Judicial, también se investiga a dos diputados: Luz Mary Alpízar (fundadora del Partido Progreso Social Democrático) y Waldo Agüero. Eso sí, el jerarca aclaró que hay más personas en investigación.
“Las pesquisas se centran en posibles delitos relacionados con el financiamiento ilegal de partidos políticos, según lo establecido en el artículo 273 del Código Electoral. Se investiga la presunta existencia de una estructura paralela de financiamiento electoral del PPSD”, informó el Ministerio Público en un comunicado oficial.
En el caso de los diputados, ambos indicaron mediante sus despachos que no se referían por estar el caso bajo investigación.
Alpízar apuntó que es respetuosa del proceso de investigación que se está llevando a cabo y que no dará declaraciones al respecto hasta que concluya.
Agüero, por su parte, sumó que no se referirá al tema, porque el proceso se encuentra en investigación judicial.
Dos días de allanamiento
El proceso de recolección de pruebas fue autorizado el martes por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, trámite al ser una investigación para miembros de los Supremos Poderes.
Tras ello, se procedió con la intervención el martes en uno de los aposentos del edificio localizado en Los Yoses.
“Es una oficina, la correspondiente a la sociedad ATA Trust Company”, señaló el Fiscal.
De ahí se extrajeron documentos y archivos electrónicos.
La gestión arrancó el miércoles y continuó hasta la mañana de este jueves, cuando el Fiscal dio por cerrado el operativo.
Explicó, eso sí, que por la noche se debió dejar sellado y custodiado el lugar.
¿Qué sigue?
El Fiscal señaló que este era un primer paso dentro del proceso.
“De momento esta era la diligencia que nosotros consideramos necesaria”, dijo Díaz.
El expediente seguirá en investigación y sería eventualmente hasta llegar a una acusación que se pediría el levantamiento de inmunidades, pero para ello falta tiempo.
“No estamos, diría yo,cerca de todavía formular un requerimiento conclusivo en este caso”, concluyó el Fiscal.
A ello sumó que se monitorea el avance de la Comisión de la Asamblea Legislativa, que también está con la lupa en el tema del financiamiento partidario.
