Tomás Gómez
El gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), Allan Benavides, rechazó la investigación que se le sigue por el caso de las tobilleras electrónicas y alegó que todo es motivo de denuncias mal intencionadas.
La Fiscalía sigue una investigación por presunto tráfico de influencias en la contratación del del servicio de tobilleras electrónicas para monitorear privados de libertad que el Ministerio de Justicia contrató a la ESPH en el 2016. En el caso figuran políticos y empresarios.
“Es de conocimiento de esta institución, que la Fiscalía sigue una línea de investigación ante denuncias anónimas mal intencionadas, que únicamente buscan perjudicar el nombre de la ESPH de cara a un escenario de competencia en donde hemos destacado con proyectos país exitosos y reconocidos internacionalmente”. Así lo indicó mediante una comunicación emitida por la unidad de prensa de la institución.
El escrito insiste en que la contratación respetó la normativa y que se colaboraría con el caso.
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“Tanto mi oficina, como mi casa de habitación están a la ordenes de las autoridades para
las diligencias que crean correspondientes para el avance de las pesquisas”, agregó.
“Estamos convencidos, tanto la institución como el equipo legal que nos asesora en este
tema, que el transcurso de la investigación nos permitirá contextualizar cada uno de los
hechos analizados y reafirmará la correcta y legal gestión de los procesos de contratación
que sigue cada uno de los proyectos que ejecuta la entidad”, concluyó.
Según confirmó la Fiscalía, Benavides es imputado dentro de la causa 18-000094-1218-PE, donde se investiga el supuesto delito de tráfico de influencias.
Además, su nombre figura en la lista de personas a las que Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recomendó detener de manera preventiva. Esto según el informe 26-SADEF-CI-2020 de la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros donde se analizó el perfil de varias figuras investigadas.
Extracto de la investigación del OIJ sobre el tema de las tobilleras, donde se perfila a Benavides y se recomienda pedir su detención junto a otras figuras como la exministra de Justicia, Cecilia Sánchez, el exmagistrado Celso Gamboa o el exdiputado Víctor Hugo Víquez (Cortesía)
Tobilleras de la discordia
La investigación de las tobillera tuvo su detonante en dos denuncias recibidas en el 2018.
Las mismas trataban del modo de trabajo de la ESPH para contrataciones públicas y sobre las tobilleras en el Ministerio de Justicia.
El proceso comenzó contra “ignorado” pero en las últimas semanas llegaron las primeras imputaciones.
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A la fecha han declarado el exmagistrado Celso Gamboa, el exdiputado Víctor Hugo Víquez y el gerente Benavides. Además, se citó a dos empresarios de apellidos Rothe y van Andel.
Se intentó conocer si hay más investigados pero Fiscalía indicó que las identidades se revelan una vez rendida la declaración inicial.
Las revelaciones vía WhatApp
Como publicó El Observador hace 3 semanas, uno de los componentes más determinantes fue la revisión de los mensajes de WhatsApp del exdiputado Víquez.
El material decomisado en un allanamiento relacionado al caso del “Cementazo” alimentó otras investigaciones, incluida la de las tobilleras y la cacería de proyectos por parte de la ESPH.
Los hallazgos aparecen en el mismo informe del OIJ, donde que afirma que “se logró determinar que efectivamente existía una red, como lo mencionó uno de los informantes, esta red de índole criminal”.
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Uno de los puntos analizados parte de que al momento de contratar las tobilleras, el Ministerio de Justicia estaba a cargo de Cecilia Sánchez, madre del entonces magistrado Celso Gamboa.
Ello habría sido aprovechado para generar puentes por el exdiputado Víquez.
La revisión también analizó los intercambios entre Víquez y Benavides, quienes incluso organizaron vacaciones familiares juntos según la auditoría del OIJ.
También se revisaron otras conversaciones sobre las estrategias de negocios y gestión de la ESPH.
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