Tomás Gómez
Aunque la mañana de este sábado trascendió la suspensión del decreto que prohibiría la entrada en negocios por parte de las personas que no tengan un QR de vacunación, el Gobierno dice que aún no ha sido notificado de la medida cautelar.
“La Presidencia de la República, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Tecnología y Telecomunicaciones no han sido notificados de la medida cautelar”, dijo Casa Presidencial.
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Eso si, advirtió que una vez recibida la notificación se analizará en detalle su contenido y responderá la misma.
“Valga hacer énfasis en que el Poder Ejecutivo, además de defender su posición y los elementos de interés público y de salud pública en que se sustenta, siempre será respetuoso de lo que finalmente determinen los tribunales”, agregó.
El QR en pausa
La orden judicial llegó por parte del Tribunal Contencioso Administrativo, que emitió la medida el sábado casi a media noche.
Un grupo de 5 empresarios pidió la intervención alegando que la incerteza por la medida impuesta por el Gobierno. Esto pues genera un fuerte daño a la economía sobre todo por cancelaciones turísticas.
La acción se presentó el martes y fue acogida por el juez.
“Se ordena al Presidente de la República, el Ministro de Salud, el Ministro de Ciencia y Tecnología, la CCSS y el ICE que se abstengan de realizar cualquier conducta tendiente a la implementación del código QR, a nivel comercial, social, laboral, turístico, recreativo o cualquier otro”, dice la resolución.
El grupo de empresarios denunciantes antes de pedir las medidas contra el QR el pasado martes (Tomás Gómez/El Observador)
Gobierno ignora clamor de sectores productivos
La medida cautelar llega dos días después de que el presidente Carlos Alvarado desoyó el clamo del sector turístico, que pidió que el requerimiento de este dispositivo fuera opcional y no obligatorio.
Pero el mandatario insistió ese día que el QR entraría en vigencia este 1 de diciembre.
Según dijo en una actividad en Coyol de Alajuela, atrasar su aplicación “sería una mala señal” y descartó cualquier ajuste.
Las autoridades insisten en que ya se dio un plazo de ayuda al pasar de diciembre a enero la medida como obligatoria.
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En contraparte, gremios como el sector turístico insisten en que las pérdidas para la temporada alta ascenderían a $400 millones.
Restauranteros y comerciantes son otros de los que reclaman e insisten en que debería tratarse de una opción y no una imposición.
