Gobierno reescribe proyecto de avales para que entren ¢180.000 millones a Hacienda

El Gobierno presentó un nuevo texto del proyecto de ley del Programa de Avales para que ¢180.000 millones de fondos entren a la caja única del Estado, eliminando el fideicomiso que resguardaría los recursos.

Elian Villegas, ministro de Hacienda, anunció el nuevo texto para el Programa Nacional de Avales y Garantías este martes en una audiencia con la Comisión de Hacendarios que estudia el proyecto.

El programa se presentó como una medida para respaldar créditos de empresas afectadas por la pandemia, que además garanticen como mínimo mantener el empleo. Este ha sido señalado por el Gobierno como una medida de reactivación.

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“En este texto sustitutivo que estamos presentando, a diferencia del texto original, estamos prescindiendo de la figura de fideicomiso (…) Ahora centralizamos este programa en el Ministerio de Hacienda; se va a manejar con un consejo rector, donde va a estar el Ministro de Hacienda, más dos miembros externos que van a ser de nombramiento por el Poder Ejecutivo”, dijo Villegas.

Para financiar el fondo, el Gobierno firmó un nuevo crédito por $300 millones (¢180.000 millones) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en setiembre. Originalmente, estos se trasladarían a un fideicomiso, en el que el Instituto Nacional de Seguros (INS) sería el fiduciario.

Sin embargo, el nuevo texto ahora habla más bien de que el Gobierno realizará un aporte al fondo de ¢180.000 millones, en tractos de ¢36.000 millones durante cinco años. Solo el primer tracto de esto se financiaría con el préstamo del BCIE, según Villegas.

El Banco Centroamericano (BCIE) y el Gobierno firmaron un contrato del crédito por US$300 millones en setiembre. En ese momento, dijeron que serviría de base para la creación del Fondo Nacional de Avales. (Foto: Hacienda)

Cuestionamiento de diputados

Durante la sesión, la diputada socialcristiana María Inés Solís justamente cuestionó si se podría asegurar que al momento de hacer los pagos, no se hayan usado los recursos para otro tipo de gasto público.

En su respuesta, el Ministro reconoció que los recursos mientras tanto servirían como un financiamiento más barato para el Gobierno. Sin embargo, dijo que se el dinero estaría disponible en el momento que necesite hacer los pagos.

“Mientras los avales no se ejecutan, esos fondos estarán en caja única, que es un dinero que tiene el Estado por medio de Hacienda. Precisamente, que se utiliza y entra y sale dinero absolutamente todos los meses, entonces se utiliza como si fuera una cuenta corriente para efectos de las instituciones”, contestó Villegas.

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“¿Cuál es la gran ventaja para el Estado de tener el dinero ahí? Que lo tiene a costo cero, en vez de estar pagándole un interés a esas entidades por ese monto. Además, también le sirve como si fuera una entidad bancaria, como una cuenta corriente porque no todas las entidades sacan el dinero a la vez, es un dinero que también se utiliza para otras cosas”, dijo.

En ese sentido, Villegas estimó la cantidad de impagos de préstamos sería bajo durante los primeros dos años. Por eso, los pagos que deben cubrir el fondo de avales se concentrarían en años posteriores.

“Hacienda se comió todo”

La versión original del texto introducía un fideicomiso para que le daba independencia al manejo de los fondos, explicó el economista Gerardo Corrales. Esto también le daría tranquilidad a los acreedores de que los recursos van a estar protegidos.

Corrales, que trabajó en el primer texto, dijo que no fue consultado sobre la nueva versión del equipo económico del Gobierno.

La idea original del fondo era servir de garantía para que micro, pequeñas, medianas y grandes empresas puedan acceder a préstamos en mejores condiciones. Sin embargo, otros cambios en la nueva propuesta entrabarían el proceso, explicó.

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“Ahora eliminan al fideicomiso y la plata se la ‘chupa’ Hacienda. Hacienda va a recibir los $300 millones del Banco Centroamericano, destina eso para déficit, para el gasto y le dice a los bancos ‘confíen en mí, yo tengo la plata'”, dijo Corrales.

“Pero, ¿qué acreedor en su sano juicio, en la condición actual de las finanzas públicas, va a aceptar una aval con una expectativa de que esa plata se gastó?”, explicó.

Además, la versión anterior permitía que los recursos se inviertan en certificados de depósitos de los bancos públicos durante los primeros años, con los cuáles promovería aún más el crédito.

Según estimaciones de la Sugef, la pérdida esperada era del 10% para las actividades productivas afectadas por la pandemia. En este caso, los $300 millones (¢180.000) permitarían avalar a un total de $3.000 millones (¢1,8 billones) en préstamos para 18.000 empresas.

Cambio en cobertura

En la primera versión, además se emitirían avales hasta por el 80% del saldo expuesto por operación de crédito individual.

Sin embargo, entre otros cambios, el Gobierno decidió que no podrá exceder el 60% de la perdida máxima esperada de la cartera por grupo homogéneo de riesgo, ni el 60% de cada operación avalada, según Corrales.

Para un portafolio de préstamos por ¢100, significa que la pérdida máxima esperada sería de ¢10, explicó.

En el primer caso, eso es lo que usted se le garantizaba a los bancos y hacia adelante sería pérdida del banco. En la nueva versión, no se cubrirían los ¢10 de la pérdida esperada sino que ¢6.

“Es una verdadera lástima que una buena idea que podría ayudar en estos momentos inéditos a permitir que los bancos reestructuren a largo plazo los préstamos, en beneficio de empresas solventes, se haya modificado, en mi criterio, para perjuicio”, agregó el economista.

“Son una serie de inconsistencias, una tras otra, que me hacen pensar que esto no se va a mover ni un comino”, dijo.

Dudas sobre cobertura

Durante esta tarde, los diputados también aprovecharon para cuestionar por qué no se usaban los $500 millones disponibles en el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) para el Fondo de Avales.

Otra objeción tiene que ver con el límite del 60% de la pérdida esperada de la cartera.

“Es importante tener en consideración que lo que estamos utilizando para darle contenido a estos avales son recursos públicos y para algunos sería una barbaridad perder esos recursos públicos”, defendió Rocío Aguilar, Superintendente de Entidades Financieras.

“Con esta facilidad el Estado le dice que esa pérdida esperada que viene acumulando, el Estado le va a apalancar más de la mitad, hasta el 60% en la medida que logremos establece un porcentaje menor”, agregó Aguilar.

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