Josué Alvarado
El ministro de Turismo, William Rodríguez, considera que los empresarios de hospedaje tradicional en Costa Rica “probablemente tienen razón” cuando dicen que algunos de los destinos que se ofrecen a través de plataformas como Airbnb, Homeaway o Vrbo generan competencia desleal, es decir, que el juego no es justo.
“Ese es el gran punto: que el sector formal tiene de que muchos de estos establecimientos no pagan impuestos, no tienen una formalización ante las autoridades de salud, las municipalidades y que eso no es justo. Y probablemente tienen razón en ese sentido”, dijo en una entrevista con este medio.
La ley indica desde el año 2020, y su reglamento en el 2021, que para poder operar estos establecimientos deben estar registrados ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), lo que no está ocurriendo.
Los únicos datos disponibles sobre Airbnb en Costa Rica señalan que existían cerca de 14.000 casas, cabañas, apartamentos, habitaciones compartidas o cualquier establecimiento de este tipo. Este cálculo fue en el 2020 por lo que el número podría ser mayor.
Actualmente solo 578 (personas físicas y empresas) están registradas en la lista de hospedaje no tradicional. De mantenerse las 14.000 que se había estimado menos del 5% estaría cumpliendo la ley.
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El Observador consultó sobre este dato al ministro de Turismo, pero prefirió referirse a las competencias de su homólogo, Nogui Acosta.
“Es un tema que corresponde claramente al Ministerio de Hacienda”, señaló.
“Una competencia leal”
El ICT envía esta lista a la Dirección General de Tributación (DGT), del Ministerio de Hacienda para que aplique el cobro de los impuestos correspondientes tanto a personas físicas como empresas que ofrezcan sus servicios a través de las plataformas consideradas como hospedaje no tradicional.
“No podemos más, desde el punto de vista gubernamental, ver como coordinamos para que esas plataformas estén debidamente formalizadas ante las autoridades competentes y que sean entonces una competencia leal para aquellos que están formalizados”, comentó el jerarca del ICT.
Si Hacienda sigue aplicando cobros únicamente a los anfitriones o dueños que le reporta el ICT el incumplimiento en el pago de impuestos también cubriría a la mayoría de quienes están generando ingresos a través del alquiler de sus propiedades.
El siguiente paso
El titular de Turismo señaló que un convenio firmado entre esta compañía estadounidense y el Ministerio de Hacienda le permitió a Tributación acceder a la información sobre las personas que están generando ingresos a través de dicha plataforma.
“Hay un convenio firmado entre Airbnb y Hacienda de manera que ya ellos le están pasando la información a Hacienda”, dijo.
“Lo que no se ha logrado todavía, y que yo creo que es el paso a seguir, es que el impuesto correspondiente se cobre en la base, es decir, cuando se haga el pago“, recomendó.
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El jerarca del ICT dijo que el Ministerio de Hacienda lleva adelante estas conversaciones con las plataformas involucradas, pero no profundizó en detalles. Señaló que no es parte de la negociación y que no sabe cuánto tiempo más podría tardar el Ministerio de Hacienda en materializar una ley que, además, le permitiría captar mayores ingresos.
El Observador le solicitó al Ministerio de Hacienda desde el 21 de agosto anterior la lista de contribuyentes ligados a la industria del hospedaje no tradicional que están pagando los impuestos. Sin embargo, aún no hay respuesta.
Tampoco respondió el ministro Nogui Acosta, a quien se le pidieron más detalles sobre las reuniones que el ministro de Turismo dijo que mantenía con las empresas relacionadas.
La compañía Airbnb tampoco se ha referido a las preguntas que este medio le hizo llegar sobre este tema.
Ministro de Hacienda, Nogui Acosta (Josué Alvarado/El Observador).
ICT reconoce incumplimiento a la ley
El jefe de Gestión y Asesoría Jurídica del ICT, Walter Monge, explicó que “la ley establece que es obligatorio estar registrado” en la plataforma del instituto para poder operar.
En su opinión, es tarea del Ministerio de Hacienda y de las municipalidades vigilar si un establecimiento que falta a la ley puede seguir funcionando.
“Ahora uste me pregunta a mi ¿Eso ha pasado? Yo no podría contestarle porque se supone que es la municipalidad y Hacienda las que deberían de velar por el fiel cumplimiento de lo que establece la ley”, comentó.
Según Monge, el ICT le pasa esta información a Hacienda con el fin de que pueda hacer el respectivo cobro de impuestos. En dichos informes le han señalado al ministerio que el crecimiento de hospedajes inscritos es “leve, mínimo”.
Contrario a este “leve” crecimiento en la cantidad de inscripciones en el ICT, el director de Políticas Públicas y Comunicación de Airbnb para la región, Carlos Muñoz, confirmó un crecimiento en la cantidad de anfitriones en Costa Rica y de los pueblos en los que las personas alquilan sus propiedades.
También dijo que en el último año los anfitriones de zonas no urbanas habían percibido un aumento en sus ingresos de más del 50%.
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