Tomás Gómez
“No nos dejemos arrebatar nuestros valores. En Costa Rica estamos convencidos que la vida humana es inviolable, una decisión contundente en este sentido la tenemos cuando en 1882 abolimos la pena de muerte”.
Esa esa parte de la respuesta que envía la Iglesia Católica tras el llamado que hizo la Relatora de la ONU sobre el Derecho a la Salud, Tlaleng Mofokeng, sobre la necesidad de remozar las regulaciones sobre el aborto en Costa Rica.
La experta estuvo de visita en el país recientemente. En su diagnóstico abarcó que se sigue dando violencia obstetricia y los problemas que puede generar la restricción al aborto.
Tales aseveraciones fueron rechazadas por la Iglesia, que incluso cuestiona los datos ofrecidos.
“Conviene hacer diferencias en las defunciones obstétricas directas y las indirectas. En virtud de lo cual sería absurdo afirmar que las 22 muertes indicadas se hubieran evitado si en Costa Rica el aborto estuviera totalmente despenalizado”, aducen.
También rechazan los señalamientos a los aspectos culturales.
“En cuanto a la afirmación de que supuestamente Costa Rica “discrimina”, debemos indicar que el aborto es la peor de las discriminaciones que un ser humano puede sufrir, pues la quitar la vida intencionalmente a un ser en gestación, se le quitan absolutamente todos sus Derechos Humanos”, apuntan.
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Finalmente enlistaron normas como la Constitución Política, la Declaración de los Derechos del Niño y otros acuerdos que vigilan los derechos de los niños.
“Invoquemos a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de los Ángeles, quien albergó en su seno a la misma Fuente de toda vida, para que amando y defendiendo la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, continuemos viviendo en auténtica paz”, concluyeron.
Cancillería también respondió
A las observaciones de la ONU también respondió la Cancillería.
Si bien adelantaron que posteriormente se detallará respuesta a todas las observaciones, sobre el tema del aborto advirtió que las leyes nacionales tienen las reglas claras.
“El Gobierno de Costa Rica manifiesta su desacuerdo con la visión y recomendaciones expresadas en su informe. La prohibición del aborto en Costa Rica es intrínseca a nuestro principio constitucional de protección a la vida, como un bien jurídico superior, de acuerdo con el artículo 21 de nuestra Constitución Política que establece que la vida humana es inviolable”, apuntó el Ministro Arnoldo André.
“Para el ordenamiento jurídico de Costa Rica, el derecho a la vida es aquel derecho fundamental que tiene todo ser humano -desde el momento en que empieza su vida y hasta su muerte- a ser y o existir de acuerdo con su dignidad. De igual forma, este principio estó consagrado en nuestro Código de Niñez y Adolescencia del año 1998, que declara el derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción”, sumó.
Lo que encontró la ONU
Tlaleng Mofokeng nació en Sudáfrica y es médica de profesión. Su carrera ha destacado por el estudio del VIH y la promoción del acceso universal a la salud.
Tras una visita de 10 días a Costa Rica, la analista expuso sus hallazgos en aspectos de salud mental y física.
Habló por ejemplo de listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social.
“Múltiples partes interesadas indican serias preocupaciones sobre los largos tiempos de espera para consultas, evaluaciones y acceso a la atención que afectan cada aspecto y nivel del sistema y una indicación de un sistema bajo presión”, apuntó.
También enlistó vulnerabilidades en grupos específicos. Además del tema las mujeres por el aborto mencionó:
- Personas con discapacidad: hay poca comprensión o enfoque en los derechos humanos de las personas con discapacidad. Su voz colectiva no se tiene en cuenta.
- Población LGBT: alta preocupación porque las llamadas “terapias de conversión” siguen disponibles.
- Adolescentes: se necesita un enfoque más hacia la dignidad y autonomía de estos menores.
- Migrantes: debe mantenerse la solidaridad y cooperación continua para atender a este segmento de los habitantes; tanto afincados como en tránsito.
- Pueblos indígenas y afrodescendientes: se identifican prácticas racistas en la salud. Se sugiere que se generen más prácticas de contextualización, donde se adopten sistemas que reconozcan las prácticas culturales de los pueblos originarios.
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Sobre los temas que funcionan positivamente destacó la Ley 7.600, que impacta directamente en la inclusión de las personas con condiciones de discapacidad.
También se recocieron las políticas sobre envejecimiento, los planes contra discriminación y los enfoques por adaptar más algunos temas a las comunidades (como se hizo en los tiempos del covid). A su vez, se destacó la participación que tiene tanto el sector público como privado en la gestión de la salud.
