Paulo Villalobos
En el cierre del 2018, una masiva huelga contra la reforma fiscal frenó al país. Miles de trabajadores públicos – y otros sectores – se tiraron a la calle. Pero las consignas no solo fueron gritos, cánticos y mantas. La violencia y los actos delictivos fueron parte del paro de labores.
Hechos presentados durante la huelga de 89 días – entre setiembre y diciembre – derivaron en la apertura de 21 expedientes en el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En los procesos se investigan a 62 personas, que habrían cometido 14 delitos.
No obstante, solo en uno de los casos se dictó un auto de apertura de juicio.
Otras dos causas se resolvieron con medidas alternas. Mientras que cuatro están en investigación en la Fiscalía y dos en el OIJ.
Una más es objeto de estudio en la Sala de Casación Penal. Las restantes 11 acabaron en archivos, desestimaciones o sobreseimientos.
El Observador solicitó y analizó los informes remitidos por la Fiscalía y la Fuerza Pública, como parte de una investigación especial sobre los hechos suscitados en las protestas contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. También se confirmó el estado con el Poder Judicial y el OIJ.
Tras analizar una recopilación de todos los casos de huelgas en las cuales la entidad pidió que se declarara ilegal, el lunes este medio informó que un año después de las masivas protestas, de 53 peticiones siguen sin calificarse ocho. Además se evidenciaron las discrepancias de jueces en las conclusiones de los procesos judiciales.
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El más sonado
De los 21 expedientes que se abrieron a finales del año pasado, el de Carlos Andrés Pérez causó el mayor revuelo.
El exfuncionario de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) fue detenido en flagrancia, la noche del 11 de setiembre de 2018, como sospechoso de sabotear el plantel de la institución en Moín, Limón.
La Fiscalía Adjunta de Limón lo acusó por atentado contra plantas. Sin embargo el Tribunal de Flagrancia de esa localidad solo encontró a Pérez culpable de daños. Le impuso dos años de prisión y 10 de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Pero el 26 de febrero de 2019, el Tribunal de Apelación del II Circuito Judicial de San José revocó la sentencia. Ordenó un nuevo juicio así como la liberación inmediata de Pérez.
La medida se tomó luego de recursos de impugnación de la defensa de Pérez y el Ministerio Público. La parte acusadora reclamó la decisión de variar el delito por el que se juzgó al imputado.
El órgano de segunda instancia rechazó ese alegato, por lo que la Fiscalía presentó un recurso ante la Sala Tercera (máximo tribunal en materia penal), que permanece en estudio de admisibilidad.
Tras la liberación del extrabajador y a pesar de los serios daños en el planel de Recope, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) lo nombró afiliado de honor.
El secretario del sindicato, Albino Vargas, señaló que en la organización están “orgullosos” del caso de Pérez, en el tanto que representa un supuesto revés a la presión que el Gobierno de la República y la prensa, ejercieron para desacreditar el movimiento.
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Noche violenta: ya hay fecha de juicio
Esa misma noche en Limón se registraron una serie de disturbios, que el ministro de Seguridad, Michael Soto, no vinculó con los sindicatos. Antes la Casa Presidencial le atribuyó los hechos a “manifestantes”.
Los actos vandálicos incluyeron barricadas con llantas y troncos incendiados, así como la interceptación de un tráiler al que luego le prendieron fuego.
Otros saquearon un supermercado de la localidad. La policía detuvo a 15 personas. A 13 se les acusó por el delito de robo agravado. De hecho, el caso ya tiene fecha para la realización del juicio, que se llevará a cabo entre el 17 y 21 de agosto del 2020.
Los otros dos involucrados entonces eran menores de edad. Con ellos se acordó una suspensión del proceso a prueba; una medida alterna cuyos detalles no fueron revelados.
La oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia indicó que uno de los jóvenes cumplió con las disposiciones mientras que el otro permanece en rebeldía.
Defensa cuestionada
Dos días más tarde, un menor de edad falleció producto de una impacto de bala durante un disturbio en Limón. Otro resultó herido.
El Ministerio Público inició una investigación, y luego allanó la delegación de la Fuerza Pública en la localidad.
En el lugar se decomisaron armas de fuego y actas para determinar a los oficiales que atendieron el incidente.
Dos oficiales son sospechosos de un homicidio calificado. Ambos descuentan la medida cautelar de no comunicarse por ningún medio con personas investigadas, informó la Fiscalía Adjunta de Limón.
El sitio de noticias AmeliaRueda.com reportó el 26 de marzo que el Ministerio de Seguridad trasladó a los personeros a un nuevo centro de trabajo.
Otros casos
Cinco casos de sindicalistas destacan entre las causas que se abrieron por las protestas contra la reforma fiscal.
Se trata de una pesquisa seguida contra Albino Vargas, por aparente instigación y bloqueo de vías. El dirigente rechazó los señalamientos y aseguró que está a la espera de que avance el proceso.
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Otro involucra a un delegado de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), por la supuesta privación de libertad de un empleado del hospital de Puntarenas, quien se negó a sumarse a la huelga.
Ambos expedientes están en la etapa inicial.
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Diferente suerte corren los relacionados a los hechos ocurridos el 17 de octubre en la plaza de la Cultura.
Ese día, un grupo de manifestantes se concentró para insultar al presidente Carlos Alvarado, quien participaba de un acto en el Teatro Nacional.
Al momento en que los equipos de seguridad evacuaron al mandatario, un agremiado del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) alcanzó a empujar a Alvarado.
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Sin embargo, se encontró que el afectado, en realidad fue uno de los escoltas del gobernante; quien no continuó con el proceso, por lo que se desestimó.
Momentos después cuando el presidente subió a un vehículo, un sindicalista de la Imprenta Nacional lanzó un objeto contra el carro.
Ello motivó la apertura de una investigación por presunta agresión con arma. Acabó con una conciliación que incluyó el pago de ¢100.000 y una disculpa para evitar la apertura de un debate.
Actos violentos
Los hechos investigados por el Ministerio Público, de confirmarse ante una sede judicial, constituyen una ruptura de la pacificidad requerida para que una huelga sea considerada legal.
Así lo afirmaron aEl Observador el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides; el viceministro de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Juan Marín; y el abogado de la firma BDS Asesores, Marco Durante.
Albino Vargas y Karen Carvajal, subcoordinadora de la Unidad de Asesoría Legal de la ANEP, discreparon. Señalaron que los delitos penales son de carácter individual, razón por la cual no se les puede sancionar a un sindicato.
Los actos violentos en los que se demuestre la responsabilidad de una organización laboral ameritan su disolución según el Código de Trabajo.
Paulo Villalobos
