Industriales se unen a preocupación sobre posible salida de universidades de Ley de Empleo Público

El visto bueno que dio la Comisión de Gobierno y Administración, de la Asamblea Legislativa a una moción para que el sistema de empleo público en las universidades públicas sea aprobado “por sus propios órganos de autogobierno”, generó disconformidad en el sector industrial del país.

El martes los diputados aprobaron una moción en las que dichas casas de enseñanza se mantienen dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Empleo Público, pero, al mismo tiempo, se respetan su propio sistema para resguardar la autonomía universitaria, según argumentaron.

No obstante, diversos gremios, entre ellos los industriales, han manifestado su disconformidad ya que dicha medida generaría un “área gris” que vendría a socavar los esfuerzos de control salarial que se pretenden con el proyecto expediente N°21.336.

La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) tildó de inmoral e improcedente, la decisión de los legisladores, mientras que la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) reclamó que el país no puede ser rehén de una definición arbitraria de lo que es “autonomía universitaria”.

Horas antes, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) manifestó su preocupación por la decisión legislativa.

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“Introduce una excepción “solapada” para los funcionarios de las universidades públicas. Es contradictoria con respecto a la generalidad del salario global que habría de aprobarse para todos los servidores públicos” expuso mediante un comunicado de prensa.

Por su parte, la Cámara Costarricense de la Construcción insistió, este martes, en que no se hagan excepciones.

“Autodefinición”

“No es posible que el país tenga que aceptar la autodefinición de elevados salarios, pensiones y privilegios que superan toda posibilidad para los contribuyentes, en detrimento de poder destinar más recursos a becas, laboratorios, infraestructura adecuada, y sobre todo más cupos” aseguró el presidente de la CICR, Enrique Egloff.

Por su parte, el jerarca de Cacia Maurizio Musmanni, aseguró que esta moción aleja el expediente de su espíritu original y no sería la primera vez, en la historia reciente, que se cercena una iniciativa similar y recordó el caso de las municipalidades y la regla fiscal.

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Propuestas

Aunado a estas observaciones, Musmanni aseguró que su gremio ha hecho diversas sugerencias para tratar de mejorar el actual texto. Entre ellos destacó:

• En el caso de las transferencias a universidades, debe además existir el mecanismo para que dichos presupuestos se ajusten a indicadores financieros, evaluaciones previas de retorno social, evaluación de desempeño y rendición de cuentas, que aseguren transparencia y adecuado uso de los fondos públicos.
• Eliminar cualquier rubro de dedicación exclusiva, con las excepciones tipificadas y debidamente definidas.
• Eliminar el modelo de generación de compensación vía convenciones colectivas.
• Suprimir el salario escolar, en el entendido que este es un salario adicional cargado a los contribuyentes.
• Eliminar el modelo de asignaciones e incentivos que varían entre trabajadores de una misma ocupación.
• Eliminar los ajustes automáticos de ciertos gremios que se encuentran en función de los ajustes a otros
• sectores laborales.
• Eliminar la potestad de autodeterminación salarial y demás mecanismos de compensación por parte de la
• propia administración beneficiada, como el caso del Poder Judicial.
• Eliminar los pagos por antigüedad y cargos que se consideren pluses.

Por su parte, Egloff aseguró que desde hace un mes la Cámara que representa ha presentado propuestas similares y también insiste en el fortalecimiento de Dirección de Servicio Civil como un órgano desconcentrado.

Ambos representantes recordaron la importancia del proyecto para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un préstamo de $1.750 millones. Esto, siempre y cuando el Ejecutivo logre reducir cerca de un 4% el gasto público mientras que aumenta la recaudación en, al menos un 1%.

Para ello la  Ley Marco de Empleo Público y otros tres proyectos son vitales. Esto luego de que el Gobierno se comprometió a su aprobación como parte de las negociaciones con el organismo internacional.

La moción

Este martes, los diputados agregaron el inciso f) al artículo 6 de la iniciativa. Este artículo habla sobre la “Rectoría de Empleo Público y la Creación del Sistema General de Empleo Público”.

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Aquí se indica que la rectoría estará en manos del Ministerio de Planificación. Esto, en coordinación con la Dirección de Servicio Civil y departamentos de Recursos Humanos.

El mismo reza:

Los defensores de la enmienda, señalan que las universidades públicas se mantienen dentro del ámbito de aplicación de Empleo Público.

Argumentan que el artículo 2 del proyecto habla sobre las instituciones a las que aplicará dicha ley donde se lee expresamente a las universidades públicas.

Por ende, no se encuentran dentro de las exclusiones contempladas en el artículo 3 del proyecto de ley.

“Dicha inclusión deja claro que les aplica la ley pero no direcciones unilaterales del Poder Ejecutivo en otras materias que violen su autonomía”, aseguró la diputada Paola Vega, del PAC.

No obstante, los asuntos presupuestarios podrían incluirse bajo el tema de organización y autogobierno, lo cual efectivamente haría obsoleta la Ley en ese sentido.