Mariana Mena
Un informe de la Contraloría General de la República señala múltiples incumplimientos legales y fallas en la administración del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
El ente contralor realizó la auditoría basada en la Gestión para Resultados en el Sector Público (GpR) donde los resultados de la institución, a cargo de velar por la población menor de edad, no son favorables.
“Se determinaron debilidades que limitan que la gestión institucional del PANI esté razonablemente orientada al logro de sus resultados esperados”, dice el informe N° DFOE-BIS-IAD-00006-2023 del órgano contralor
Dicho análisis, se realizó de la labor que comprende del 2020 a 2022, en las operaciones de diferentes áreas tales como:
- Gobernanza
- Planificación
- Presupuesto
- Gestión de adquisiciones
- Gestión de programas y procesos
- Seguimiento y evaluación
Además, mediante una reunión virtual, el 10 de julio de 2023, se presentaron los resultados de la auditoría a los funcionarios del Patronato, a quienes se instruyó remitir a la Contraloría General, a más tardar el 30 de agosto de 2023, una copia de los acuerdos.
En un plazo de tres meses, posterior al conocimiento de la nueva versión del Modelo de Gestión, se pidió remitir “una copia de los acuerdos adoptados acerca de la formalización del Modelo y su implementación”
Además, se instruyó a tomar los acuerdos necesarios para formalizar el Plan Estratégico Institucional del siguiente período.
Gobernanza
Según explicó el ente contralor, la importancia de la gobernanza radica en contar con normas y principios que permitan la toma de decisiones. Esto bajo un comportamiento ético, rendición de cuentas, respeto a la legalidad y la transparencia.
“Sin embargo, hay una necesidad de plantear una estrategia integral para la implementación de gestión para resultados”, indicó la Contraloría.
Se encontró que la junta directiva del PANI incluyó en el plan de trabajo del 2021 y 2022, la actividad: “la institución contará con un modelo de gestión basado en resultados”.
A partir de abril de 2022, la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional (OPD), elaboró el documento: “Modelo de Gestión por resultados para el desarrollo”, pero omitió la definición de acciones en áreas distintas de la planificación, tales como gestión presupuestaria, financiera, adquisiciones, gestión de programas, procesos institucionales, las prácticas de seguimiento y evaluación.
No obstante, desde el 2022 a la fecha el documento no ha sido aprobado por la junta y tampoco divulgado a lo interno del Patronato.
“Esto último es necesario según lo establecido en el Artículo 11 de la Ley Orgánica del Patronato, que establece entre otros puntos, aprobar planes y programas operativos”, menciona el informe.
Asimismo, desde el 2016, el país cuenta con un marco conceptual y estratégico para el fortalecimiento de la Gestión para Resultados en el Desarrollo.
Y, a pesar de que personal del PANI se capacitó para la aplicación, según estableció Mideplan y el Ministerio de Hacienda, no se está realizando.
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Planificación
En relación con la planificación, la Contraloría encontró que el plan estratégico del Patronato del 2018 a 2022, no tuvo como fundamento un
diagnóstico de la población objetivo y las necesidades específicas por atender.
En cambio, ese plan se formuló a partir de un “diagnóstico situacional”, que analizó:
- El mandato normativo y la5 demanda funcional de la institución
- Estructura organizacional y recursos disponibles
- Procesos de gestión
- Desempeño funcional
- Papel en el entorno inmediato
“Según el plan estratégico, se propusieron cinco objetivos; de los cuales dos estuvieron orientados en su rol de institución rectora y prestadora de servicios para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, resaltó el ente contralor.
“Para valorar el avance en esos dos objetivos, se incorporaron 54 indicadores, de los cuales, solo ocho guardaron relación con la población objetivo”, sumó.
Mientras que, los otros 46 indicadores, no tienen relación directa con la población menor de edad del país, son de aspectos operativos.
Por otro lado, resaltan que para este 2023, el PANI no cuenta con un plan estratégico. La institución adjudicó en junio, la contratación para elaborar dicho plan.
“Lo anterior, se da a pesar de que la Ley Orgánica, establece la atribución institucional de realizar diagnósticos e investigaciones sobre la realidad económica, social, psicológica, legal y cultural de la niñez, adolescencia y la familia. Aunado al desempeño esperado de los y las servidoras públicas”, reitera la Contraloría.
“Ante esto, la situación encontrada en el plan estratégico, es que la Administración del PANI no realizó los esfuerzos necesarios para que éste fuera
elaborado en apego a la normativa y las buenas prácticas”, fustigó.
Como consecuencia, no se puede asegurar que la gestión institucional se haya enfocado en la garantía de los derechos de la población menor de edad o valorar la manera en que los esfuerzos y los recursos institucionales han sido dirigidos.
“Sin visión clara”
También hay discordancias entre la planificación estratégica y la operativa. De manera tal, que la Contraloría considera que la Administración no ha definido seguimientos y evaluación.
“Esto ocasiona que la planificación anual, se realice sin una visión clara de los objetivos por alcanzar en el mediano plazo y la posible afectación en el logro de resultados institucionales”, consideró el informe.
A la vez, supone la duplicación de registros, reportes y análisis de datos por parte de las instancias internas, pues el proceso de seguimiento a la gestión, se realiza para cada instrumento de planificación, por separado.
Presupuesto
Por otra parte, se encontró que la información de las proyecciones plurianuales incluidas en los Presupuestos Ordinarios del 2020, 2021 y 2022 no precisaron la relación con los objetivos de mediano plazo.
Además, para cada periodo la Administración planteó estimaciones considerando la ejecución presupuestaria del período anterior.
“No se estableció un marco comparativo con los datos de la proyección plurianual realizada previamente, la cual, le permitiría identificar brechas y riesgos en la sostenibilidad financiera”, considera la auditoría.
“De igual forma, esto se da a pesar que el Artículo 176, Constitucional, indica que la gestión pública se conducirá de forma sostenible, transparente y responsable, con base en un marco de presupuesto plurianual”, señalan.
Cabe destacar que el “Manual de procedimientos para la planificación, formulación y seguimiento del Presupuesto Plurianual”, aprobado en julio del 2023, no explica los criterios técnicos a utilizar, por parte del Departamento Financiero Contable, para estimar y actualizar las proyecciones de ingresos y egresos.
Tampoco define actividades específicas para la rendición de cuentas y la toma de decisiones sobre la perspectiva plurianual. Aunado a que, no ha sido divulgado o implementado por la Administración.
“Por lo tanto, genera limitaciones para que la información presupuestaria refleje, de forma consistente y confiable, la relación con los productos y resultados institucionales. En favor de la rendición de cuentas y la toma de decisiones para la sostenibilidad financiera y el logro de objetivos”, explicó el entre regulador.
De acuerdo con la información suministrada, en los últimos tres años, el PANI presenta una ejecución de presupuesto que no llega al 90%, lo que ha generado superávit.
- 2020: el ingreso fue de ¢89.118, para un superávit de ¢12.408 millones.
- 2021: el ingreso fue de ¢88.642, para un superávit de ¢9.672 millones.
- 2022: el ingreso fue de ¢98.686, para un superávit de ¢10.678 millones.
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Gestión de adquisiciones
La gestión de adquisiciones orientada a resultados procura que los bienes y servicios para la gestión se obtengan de manera oportuna. Esto con las mejores condiciones de calidad y precio, promoviendo la competencia y la transparencia por medio de sistemas electrónicos.
Dichas adquisiciones, le corresponden a la junta directiva y en los años 2020 – 2021, adoptó 122 acuerdos relativos a las contrataciones, que representan un 19,97% del total.
“En cambio las adjudicaciones, las prórrogas a los plazos de entrega y la rescisión de contratos son las temáticas más recurrentes”, expuso la Contraloría.
“La Administración no ha dedicado esfuerzos suficientes a la actualización de la normativa interna, según la Ley General de Contratación Pública, ni definido la planificación estratégica”, aclaran.
Ante esto, la responsabilidad de planificar compras se delegó en las unidades funcionales. Situación que debilita la transparencia en la gestión de las adquisiciones.
Gestión de programas y procesos
Según el informe, la Gerencia Técnica del PANI ejecuta 26 gestiones para brindar bienes y servicios a la población menor de edad y sus familias.
Mientras que se determinó que una de esas gestiones se ejecuta sin que exista documentación que fundamente su operatividad. Las otras 25 se utilizan diferentes documentos para evidenciar los elementos de formulación.
“De estas gestiones, dos carecen de un objetivo general y 12 no cuentan con objetivos específicos, que orienten su accionar”, planteó el ente contralor.
En cuanto a la aprobación se determinó:
- Siete de las 26 gestiones cuentan con la recomendación de la Gerencia Técnica y el aval de la Junta Directiva.
- Nueve intervenciones solo tienen el visto bueno de una de esas instancias.
- Ocho se ejecutan a pesar de no contar con el correspondiente aval.
- Una gestión no ha sido documentada.
- Solamente en una, las acciones a desarrollar están establecidas en norma.
Relativo a su control, en las 25 gestiones que han sido documentadas, se determinó la existencia de 12 mecanismos distintos, que no han sido integrados en una estrategia articulada, resalta la auditoría.
“Como consecuencia, se propicia la dispersión y sobrecarga operativa de la gestión que se delega en las Direcciones Regionales y en las Oficinas Locales, como principales instancias ejecutoras de las gestiones y recae la recolección de información”, concluyó la Contraloría.
Además, las limitaciones en las actividades de control, comprometen el logro de los objetivos que se refieren a la prestación de bienes y servicios de calidad a una población vulnerable.
Seguimiento y evaluación
Respecto a las prácticas de seguimiento, la Administración presentó ante la junta directiva, informes de seguimiento al programa estratégico del 2018-2022, a partir del tercer trimestre del año 2020.
“La Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, tiene dificultades en la elaboración de estos informes, los datos no se presentan de manera homologada por parte de las instancias responsables de indicadores, se deben integrarse de manera manual en matrices de Microsoft Excel”, menciona el informe.
En cuanto a la evaluación, las prácticas institucionales han sido poco uniformes.
A nivel estratégico, se evaluó formalmente el desempeño de la junta directiva del PANI en el 2020 y 2021, pero no se evaluó el plan estratégico del 2018-2022.
“También se elaboran informes anuales del plan operativo institucional, sobre logro de metas y ejecución de recursos presupuestarios. Sin embargo, ninguna de las 26 gestiones dirigidas a la atención de la población objetivo, ha sido evaluada formalmente”, resaltó.
Dichas situaciones van en contra del Artículo 11 de la Constitución Política, sobre informe de la evaluación y la rendición de cuentas a la que debe someterse la Administración Pública.
Asimismo, se indica que existen limitaciones para que la Administración disponga de datos confiables y oportunos que permitan medir los resultados y tomar decisiones.
