Paula Ruiz
Los diputados de todas las bancadas integrantes del Congreso acordaron excluir del proyecto de liquidez del Estado a las instituciones públicas no estatales.
Estas negociaciones están realizándose en el seno de la Comisión de Asuntos Hacendarios donde se analiza el proyecto de ley.
De acuerdo con Paulina Ramírez, presidenta de ese foro, el Ministerio de Hacienda estuvo de acuerdo en excluir a estos entes.
“Hemos buscado un acuerdo, un consenso, para tener un texto que pueda salir por unanimidad o la mayoría de los votos en el Plenario legislativo. Entonces, la solicitud que hacía la mayoría de fracciones es que se saquen los entes públicos no estatales, lo cual aceptó el Ministerio de Hacienda”, confirmó Ramírez este martes.
Entre la lista de entes públicos no estatales se contabilizan los siguientes:
- Banco Hipotecario de la Vivienda
- Corporación Arrocera Nacional
- Corporación Ganadera Nacional
- Corporación Hortícola Nacional
- Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica
- Liga Agrícola de la Caña de Azúcar
- Junta Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago
- Instituto del Café de Costa Rica
- Colegios Profesionales
- Banco Popular y de Desarrollo Comunal
Con respecto a las municipalidades se establecerá que aquellos recursos transferidos por el Estado estarán sujetos a esta Ley, no así aquellos adquiridos de forma autónoma.
La diputada también señaló que se está solicitando la exclusión del Sistema Banca para el Desarrollo, dado que son fondos de terceros.
La discordia gira alrededor de las universidades públicas. Por un lado, algunos legisladores consideran que podría haber roces con la autonomía universitaria, mientras otros opinan lo contrario.
Gilberth Jiménez, legislador de Liberación Nacional, está a favor de que las universidades públicas estén contempladas en este plan, tomando en cuenta que se trata de recursos públicos con impacto en el déficit fiscal.
Contempló como recomendable y justificable que se rijan con esta ley, en tanto tienen superávit libre o específico.
En contraparte, el frenteamplista Jonathan Acuña cree que sí roza el artículo 85 de la Constitución Política porque los recursos serían administrados por Tesorería Nacional lo cual implica la injerencia del Poder Ejecutivo, a su criterio.
Es por esta razón que el foro legislativo busca un punto de encuentro. Acuña propone que eso podría consistir en dejar a la libre la decisión de las universidades estatales de ser incluidas o no.
Más tiempo
Esta iniciativa de ley está ligada al acuerdo que permitió la aprobación de eurobonos a finales de noviembre.
Aunque inicialmente se tenía contemplada su votación el 8 de diciembre, se postergó para el 15 de ese mismo mes.
Sin embargo, tampoco habrá tiempo para someter el texto en Plenario antes de esa fecha.
Por tal motivo, optaron por extender el acuerdo con tal de buscar su trámite en primer debate para la próxima semana.
Paulina Ramírez, presidenta del a Comisión de Hacendarios, confirmó que hubo un acuerdo para excluir a los entes públicos no estatales. (Cortesía Asamblea Legislativa)
Cuentas en la Tesorería
El proyecto es analizado en el Congreso mediante el número de expediente 22.661 “Manejo Eficiente de la Liquidez del Estado” y se presentó en el cuatrienio anterior por la exdiputada Silvia Hernández.
El plan busca que Tesorería Nacional funcione como si fuese un banco, donde haya cuentas para cada una de las instituciones públicas donde estarán los dineros.
Esto, permitiría ahorros al Estado porque los recursos dejarían de estar en bancos comerciales donde pagan comisiones bancarias, según señaló Pilar Cisneros, jefa del oficialismo, con anterioridad.
Asimismo, permitiría unificar el pago de impuestos, explicó Acuña.
“Lo que tenemos que asegurar es que la plata esté asegurada, que cuando la institución la requieran, vayan y la tomen. Y que no exista nunca arbitrariedad de la Tesorería, negando el acceso a recursos”, amplió.
El ahorro anual se ha fijado entre ¢350.000 millones y ¢400.000 millones, recordó Jiménez, con base en datos de la Contraloría General de la República (CGR).
“(Algunos diputados) por preocupación entienden que el manejo de caja única no es el adecuado, cuando realmente es el más adecuado”, confesó el liberacionista.
El diputado consideró que también el ahorro se visualizaría porque hay entidades con superávit que compran títulos de deuda.
“Y, los costarricenses están pagando interés sobre interés porque Hacienda tuvo que recurrir a financiarse para dar esos pagos y esas instituciones fueron después a comprar títulos para que Hacienda pagara intereses entonces estamos pagando un doble interés, ese doble interés nos lo vamos a ahorrar”, dijo.
Se espera que esta semana pueda haber claridad con respecto a las universidades públicas para avanzar con esta iniciativa.
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