Tomás Gómez
El Gobierno pasado le prometió a la Unión Europea una serie de modificaciones a la normativa tributaria que no llegaron a materializarse y que devinieron en la inclusión de Costa Rica a la lista de países “no cooperantes” en materia de impuestos.
Durante los últimos días el debate ha estado activo sobre la competencia que tenía el anterior Gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) y la herencia que recibía la actual administración.
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Este miércoles se dieron a conocer las cartas que el exministro de Hacienda, Elian Villegas, envió a Lyudmila Petkova, Presidenta del Grupo del Código de Conducta,y en las cuales, por ejemplo, se prometía aprobar leyes a más tardar a finales del 2022, cuando la administración de Carlos Alvarado ya no estaría en el poder.
Así consta en la primera de las cartas que dio a conocer Casa Presidencial.
CARTA #1
El oficio DM-0971-2021, del 15 de setiembre del 2021, asegura que se presentarían dos proyectos de ley.
Uno afinaría el la definición de “Establecimiento Permanente” -esta es la aclaración sobre qué lugares se hace la actividad y es clave para definir qué país podría reclamar los respectivos impuestos-. En este caso, la promesa era que iniciara el trámite legislativo antes del 15 de diciembre de ese año. Aunque la iniciativa sí se envió al Congreso y se le otorgó el número de expediente 22.848, según los registros de la Asamblea, sigue en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
A esta se sumaba un segundo proyecto para adaptar el Régimen de Exención de Rentas de origen extranjero de Costa Rica a los parámetros europeos.
“Expresamos nuestro compromiso de ajustar nuestra legislación interna, de forma
tal que cumpla con los estándares del Código de Conducta”, firmó entonces Villegas.
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En este caso la meta era tener un grupo interno de trabajo que sería asesorado por la UE.
Según el plan, la preparación tardaría de noviembre del 2021 a abril del 2022. Luego, de mayo a julio se conversaría con los sectores, con la intención de presentar un proyecto de ley en agosto, cuyo debate debería darse antes del 31 de diciembre para entrar a regir a más tardar el 1 ° de enero pasado.
Cabe recalcar que para ese momento aún no habían sido las elecciones. Se desconocía quien asumiría el poder en mayo y tampoco se sabía cómo quedaría integrada la Asamblea Legislativa.
CARTA #2
La otra carta de compromisos ventilada este miércoles tiene fecha del 8 de abril del 2022. Para ese momento ya se conocían quienes serían las nuevas autoridades del país.
En ella, se expone la ruta con que se pretendía hacer los ajustes al tema de rentas de origen extranjero.
Para ello, se presentaría a más tardar el 30 de agosto un proyecto para reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta. A grandes rasgos, los ajustes incluirían:
- Se gravarían las rentas pasivas obtenidas en el exterior. Esto abarcaría orígenes como dividendos, intereses, regalías, rentas derivadas de bienes inmuebles y otras ganancias de capital. Todas estas ganancias se considerarían nacionales a efecto de cobrar los impuestos.
- La declaración de impuestos a las utilidades tendría más requisitos. Abarcaría, por ejemplo, que los contribuyentes reportaran sus ingresos internacionales para hacerles control cruzado. Se incluiría una aclaración para regular una eventual doble imposición.
- Se retomaría la definición del alcance sobre el “establecimiento permanente”.
En esta carta, además, se anexó el borrador del proyecto de ley que se había trabajado:
El presidente versus el exministro
En los últimos días, la actual administración ha elevado el tono de los reclamos por la gestión que hizo por su predecesora ante las advertencia de la UE sobre el riesgo que tenía Costa Rica de caer en la lista donde finalmente se ubica.
El presidente Rodrigo Chaves señaló en su conferencia de este miércoles que se trató de una “negligencia”. Criticó las pocas acciones emprendidas en los últimos años y alertó también sobre la responsabilidad política que implicaban las promesas del exministro de Hacienda.
“Un carta, una promesa de un ministro de Estado en el ocaso de su gestión, haciendo promesas de lo que iba a hacer el nuevo gobierno y el nuevo Congreso”, apuntó.
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Consultado por El Observador, Elian Villegas sostuvo que el “Estado es uno solo” y que cada administración debe seguir las obligaciones en alguna forma.
“El Gobierno no termina el 7 de mayo el Gobierno tiene una solución de continuidad y entonces los compromisos sencillamente siguen al Gobierno siguiente”, comentó.
“El Gobierno siguiente lo que le corresponde es impulsarlos y modificarlos, negociar y modificarlos, pero no podemos pensar que el Estado se acaba con un Gobierno, no es así.”, sumó.
Villegas agregó que hay temas país como fue la OCDE, donde varios Gobiernos se fueron pasando la estafeta .
A ello sumó que cada jerarca tiene la responsabilidad de determinar cómo manejar esas herencias y el Congreso, por su parte, también tiene cuota de responsabilidad con la decisión final.
“Un ministro de Gobierno firma, y el ministro de Gobierno que sigue en el Gobierno siguiente tiene toda la potestad de renegociar, de cambiar; y un órgano constitucional como la Asamblea Legislativa, la de rechazar si considera que es necesario rechazar. Entonces lo que se hace es que se atiene a las consecuencias que genera el rechazo”, cerró.
Elian Villegas fue el Ministro de Hacienda en la segunda mitad de la administración de Carlos Alvarado, donde se dieron varios de los contactos con la Unión Europea. Asumió justamente cuando destituyeron del cargo al ahora presidente, Rodrigo Chaves (Presidencia)
El problema es más amplio
Mientras gran parte del debate sobre la lista de la Unión Europea se ha enfocado en lo político, hay detrás un bagaje técnico que no puede ignorarse.
Hasta ahora, se han mencionado potenciales impactos por ejemplo en la reputación del país. Pero también podrían darse problemas para acceder a cooperación o también las administraciones de ese continente podrían imponer regulaciones adicionales a los negocios hechos en Costa Rica. Por ejemplo, podrían no reconocer gastos como deducibles o imponer altas tasas de remesa.
A ello hay que sumar elementos más de fondo que no se solucionan tan fácil.
Mario Hidalgo, del área de impuestos de la firma Grand Thorton recalca dos de esos factores.
El primero es la transparencia, ante el roce que hay entre las leyes y la interpretación de los tribunales. Como ejemplo cita los recientes votos de la Sala IV que validaron la implementación de una “renta mundial” tácita en el país pese a que la normativa establece un sistema diferente.
En segundo lugar aparece una variante de ese concepto de “renta mundial”. Este tiene que ver con las rentas pasivas -ganancias recibidas del extranjero-; las cuales de momento no se gravan en el país, configurando así un estatus que levanta roncha ante la normativa extranjera.
“Ese es el tema que también le preocupa a los europeos porque muchos extranjeros vienen a Costa Rica a establecerse. Y no solo por el clima o porque la gente es muy simpática sino porque los rendimientos que ellos obtienen de sus recursos afuera no pagan en Costa Rica”, recalca el experto.
Eso sí, Hidalgo califica esta veta como “muy complicada de arreglar”. Esto recordando que otros intentos similares no han avanzado en la Asamblea.
Finalmente, el experto advierte que el país sí ha tenido avances en la materia y que varias de las prácticas internacionales recomendadas se habían incluido en la Reforma Fiscal.
