Tomás Gómez
En abril del 2020, en plenas medidas de emergencia por la pandemia de covid-19, se aprobó la Ley 9839. Esta legislación regulaba la entrega del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) a trabajadores afectados por la emergencia.
A la vez, habilitaba otras posibilidades como que el Banco Central pudiera comprar títulos de Hacienda que estén en posesión de las operadoras que administran los FCL.
La medida incluso generó una modificación a la Ley Orgánica del BCCR. El artículo 52, referente a las operaciones de crédito que puede hacer la institución, incluyó un nuevo escenario:
Comprar, vender y conservar como inversión, títulos valores del Gobierno central. Estos títulos solo se podrán adquirir en el mercado secundario. Además, podrá comprar, vender y conservar como inversión, con el carácter de operaciones de mercado abierto, títulos y valores mobiliarios de primera clase, de absoluta seguridad y liquidez y de transacción normal y corriente en el mercado.
LEY ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL
Ante las dudas generadas, la normativa fue elevada a la Sala mediante una Acción de Inconstitucionalidad. Según el registro del alto tribunal, se registró el 13 de abril del 2020, pero no fue hasta el jueves pasado que se resolvió en contra.
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Por medio de un comunicado, el ente anunció la sentencia y sus principales conclusiones.
“La habilitación al Banco Central para que pueda intervenir en la compra, venta y conservación de títulos valores del Gobierno Central, en el mercado secundario con las demás características establecidas en la norma, no es inconstitucional, siempre y cuando lo que se pretenda es la satisfacción de fines técnicos que guarden estricta conformidad con las necesidades debidamente contextualizadas del orden público económico, y la conservación del bien común”, sentenciaron los magistrados por mayoría.
Un tema más económico según la Sala
Según los jueces, “la Ley N° 9839 vino a darle más claridad a la facultad que tiene el Banco Central de intervenir en la compra de los títulos de Hacienda que estén en posesión de los fondos de capitalización laboral”.
Además, anotaron que juzgar el modo y los momentos en que el BCCR interviene en la economía nacional es de una naturaleza técnica compleja, y que mucho depende de las condiciones que existan dentro y fuera del país.
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“Por esa razón, los legisladores pueden ajustar la legislación con la guía de criterios técnicos apropiados”, estimó la Sala.
Esta premisa recalcaba aún más en contextos como el covid-19, cuando se generó la norma.
La resolución es la 2023-033076, que aún está pendiente de tener el texto completo.
