Redacción El Observador
Durante la más reciente campaña electoral, Rodrigo Chaves Robles que se convierte hoy en el presidente número 49 de Costa Rica, asumió compromisos con el país.
Se dijo dispuesto a “comprarse la bronca” para bajar el costo de la vida de los costarricenses, combatir la corrupción y acabar con las pensiones de lujo.
A esas ambiciosas misiones anotadas ya en la agenda presidencial, se irán sumando cientos de temas que surgirán conforme pasen los días, pero también se suman los grandes pendientes que deja su antecesor, Carlos Alvarado Quesada.
Desempleo galopante, desigualdad social, una brecha digital enorme en la educación pública y el gobierno bajo el ataque cibernético del grupo de hackers ruso Conti con importantes sistemas de la hacienda pública sin funcionar, son solo algunos de estos puntos que a continuación se enumeran:
(Archivo/El Observador)
100.000 desempleados más
En el momento en que Alvarado asumió el Gobierno en 2018, la tasa de desempleo se ubicaba en 10,3%. Esta se había incrementado desde 9,1% reportada el año anterior.
Ese porcentaje significó 229.000 personas sin empleo en Costa Rica para cuando Alvarado se puso la banda presidencial.
Cuatro años después entrega a su sucesor, Rodrigo Chaves, un país con 330.000 personas sin trabajo y una tasa de desempleo de 13,6%, según el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Aunque la situación del desempleo se atribuye en gran medida a los efectos de la pandemia del covid-19, ya desde antes de la crisis sanitaria la situación mostraba un deterioro. Para el primer trimestre del 2020, la tasa de desempleo se ubicaba ya en 12,5%.
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Desiguales y pobres
El 2021 cerró con un 23% de los hogares en pobreza, eso equivale a 385.500 hogares y un 6,7% en pobreza extrema. Así lo reflejó la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) realizada por el INEC y publicada en octubre del año anterior.
Si bien, el dato mostró una mejora con respecto al 2020 cuando alcanzó un 26,2% el porcentaje más alto de los últimos 28 años, lo que se sigue evidenciando es que el país no logra la ansiada reducción de la pobreza.
Algo similar ocurre con la desigualdad. Para el 2020 el índice de Gini se ubica en 0,519 y su evolución muestra que el país se ha vuelto más desigual durante los últimos años.
Este índice se calcula a partir de los datos de distribución de los ingresos con valores entre 0 y 1. Cuanto más se acerque a 1 significa que hay mayor desigualdad.
“Es mi convicción que Costa Rica debe afrontar en los años venideros la creciente desigualdad, que se refleja en pérdida de la cohesión social. (…)
“Hay quienes preguntarán si este gobierno hizo suficiente en esta materia. Les diría que la base fundamental para enfrentar este problema es asegurar un Estado viable y robusto que pueda acometer la desigualdad. Un Estado quebrado, en default, y una economía en picada solo lo agravarían. Resolvimos primero lo primero” Así lo dijo el propio Carlos Alvarado en su informe al país y al Congreso el pasado 2 de mayo.
Ataque de Conti sin solución
En la recta final de su gestión, el gobierno de Carlos Alvarado sufrió el ataque cibernético de Conti, un grupo de hackers rusos que se apoderaron de los sistemas del ministerio de Hacienda y de otras instituciones del Estado.
El 17 de abril detonó esta bomba para el gobierno, que se marcha sin dar una solución y le deja a Rodrigo Chaves y su equipo la responsabilidad de encontrar una salida a la esta problemática.
El hackeo afectó el cobro de impuestos a través del sistema ATV, también al sector exportador e importador debido a las fallas de la plataforma Tica.
Además, hubo afectación en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa).
También el ataque llegó a la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Trabajo, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y la JASEC.
Otras instituciones afectadas son: Sede Interuniversitaria de Alajuela (SIUA)
Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y las municipalidades de Santa Bárbara, Buenos Aires, Garabito y Alajuelita
Hasta este momento no hay certeza de la información vulnerada o robada y tampoco dónde se originó el hackeo.
Lo que sí es claro es que el gobierno de Alvarado no pudo solucionarlo antes de marcharse y le dejó el trabajo al gobierno entrante.
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Las mascarillas y la pandemia
Esta toma de posesión de Chaves coincide con lo que sería el inicio de la quinta ola de contagios de covid-19.
Eso sí, la enfermedad ha cambiado su comportamiento, lo que no hace prever un endurecimiento de restricciones.
Donde sí hay un debate abierto es con la vacunación obligatoria, donde Progreso Social Democrático se había mostrado abierto a revisar las políticas.
También en el uso de mascarillas donde las autoridades entrantes han mostrado roces.
Consultado semanas atrás sobre por qué no usaba cubrebocas en los eventos, Chaves alegó que se iba avanzar hacia la eliminación de esta medida sanitaria.
Joselyn Chacón, designada como Ministra de Salud, ha enfatizado en que no se puede dictar una fecha donde se levante la medida e incluso detalló que esta podría volverse recurrente en varios momentos del año para la prevención de diferentes enfermedades.
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Importación de Aguacate
Un panel arbitral de la Organización Mundial del Comercio (OMC) determinó que las autoridades de Costa Rica no pudieron demostrar con criterios técnicos la restricción que rige desde 2015 para importar aguacate mexicano de la variedad Hass.
La medida, sostenida durante las administraciones de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, creó distorsiones en el mercado del aguacate y encareció la fruta para los consumidores nacionales.
La resolución de la OMC llamó la atención sobre lo que consideró “distinciones arbitrarias o injustificables” en los niveles de protección que Costa Rica aplicó y que tuvieron por resultado una discriminación o una restricción encubierta del comercio internacional.
Pese a ello, el Gobierno de Alvarado insistió en mantener la restricción hasta el último día de su gestión. Para ello alegó que buscaría otra manera de demostrar el supuesto riesgo de que ingrese la enfermedad de Sunblocht que afecta a los cultivos de aguacate.
Laura Bonilla y Manuel Tovar, los próximos ministros de Agricultura y Comercio Exterior, respectivamente, adelantaron que trabajarán a la brevedad para eliminar la restricción a la importación del aguacate de México y otros siete países.
Agenda con el FMI
En enero de 2021, el Gobierno salió a anunciar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con tal de acceder a $1.778 millones vía préstamo para acomodar las finanzas públicas.
El acuerdo implicó la negociación de ocho proyectos de ley mediante los cuáles se pretendían más impuestos y una reducción del gasto público.
Con la salida de Alvarado, quedó como resultado solo una iniciativa aprobada en segundo debate. Se trata de la Ley de Empleo Público, considerada como la columna vertebral del acuerdo, según el oficialismo.
Luego, dos iniciativas fueron archivadas; en específico la del tributo a premios de lotería y la que buscaba eliminar la exoneración de impuesto de renta al salario escolar.
Aparte de esto, la Reforma a la Ley General de Aduanas quedó dictaminada por la Comisión de Asuntos Económicos.
Finalmente, hubo tres iniciativas que no tuvieron tan siquiera su dictamen en la comisión de estudio, en esta lista quedó el plan de renta global, la reducción del gasto público mediante eliminación de plazas y el aporte de 30% de utilidades de empresas del Estado.
Durante todo este lapso, legisladores de oposición reiteraron la ausencia del Poder Ejecutivo en las negociaciones con los diputados.
En varias ocasiones, destacaron que el Gobierno solo presentó los proyectos de ley, creyendo que allí finalizaba su labor, sin entender la ausencia de diálogo, asesoría técnica y negociación con las bancadas legislativas.
Con el ingreso de Chaves como presidente de la República, se espera una renegociación del acuerdo por lo tanto, esta agenda estaría congelada en Plenario.
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La ansiada reactivación económica
Tanto el economista Gerardo Corrales como el ahora diputado liberal Eli Feinzaig coinciden en que en Costa Rica no ha habido reactivación económica, como el presidente Alvarado dijo en sus últimos discursos.
Para ellos, Alvarado confundió la recuperación de los niveles económicos prepandemia con una verdadera reactivación.
Ante las situaciones que enfrenta el mundo relacionadas al tránsito de mercancía y la invasión rusa en Ucrania, tanto Corrales como el también economista Daniel Suchar coinciden en que es necesario que el Gobierno subsidie a los hogares con menos recursos y a los sectores productivos que podrían generar más empleo.
Con un escenario de 330.000 personas desempleadas el principal reto es la reactivación económica que permita abrir más puestos de trabajo.
Los expertos señalan que apuntar al sector agropecuario y de la construcción es clave, si se toma en cuenta el perfil predominante de las personas desempleadas: con secundaria incompleta o menos.
Y por otro lado, repiten una recomendación que ha estado por años sobre la discusión: reducir los trámites, eliminar la burocracia y apoyar al gran parque empresarial de pequeñas y medianas empresas que operan en Costa Rica.
Eurobonos
Poco antes de concluir sus labores, los anteriores diputados recibieron un proyecto por parte del Poder Ejecutivo saliente que solicita autorización para la emisión de $6.000 millones en bonos del mercado internacional.
Según Elian Villegas, ministro saliente de Hacienda, brinda una herramienta que mejorará la gestión de la deuda para las próximas dos administraciones. Incluso, la semana pasada clamó a los nuevos diputados por su aprobación, dadas las bondades de la iniciativa, entre ellas tasas de interés más bajas y una mejor perspectiva de riesgo por parte de las calificadoras internacionales.
Sin embargo, el nuevo Gobierno no fue consultado sobre la propuesta. Así lo confirmó Stephan Brunner, vicepresidente electo y coordinador económico designado.
Villegas, por su parte, dijo que revisaría el tema con el nuevo jerarca de Hacienda, Nogui Acosta.
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Precios del combustible
La administración Alvarado Quesada dejó el Gobierno sin una solución concreta para paliar los efectos por el alto precio de los combustibles.
Tras el alza mundial del petróleo ocasionada por la invasión rusa a Ucrania, el Poder Ejecutivo presentó una propuesta que incluía deducciones en el impuesto de renta para sectores afectados, una reducción al margen de comercialización de las gasolineras y congelamiento en el alza al impuesto al combustible. Sin embargo, el proyecto tuvo mucha oposición de distintos grupos empresariales.
Finalmente, la Asamblea Legislativa adoptó la propuesta del diputado Erwen Masís que, entre otras cosas, propuso bajar 100 colones correspondientes al impuesto al combustible.
Aunque el proyecto fue dispensado de todo trámite, aún no ha pasado a su debate al plenario.
Será difícil que el Poder Ejecutivo lo convoque ya que desde su inicio cuenta con la desaprobación del presidente Chaves.
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Fallida red del Bicentenario
La pandemia dejó al descubierto el problema de conectividad y acceso a internet por parte de los estudiantes, quienes debieron recibir clases virtuales durante dos cursos lectivos seguidos.
Menos de un mes antes de que Costa Rica iniciara con la atención de la pandemia, el Gobierno anunció el 14 de febrero de 2020, la firma de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Fundación Omar Dengo (FOD) para implementar la segunda fase de la Red Educativa Bicentenario.
El plan era conectar a 2.120 centros educativos con un servicio de banda ancha con velocidades mínimas de 15Mbps y hasta más de 100Mbps. Esto beneficiaría a 700.000 estudiantes, 53.000 docentes y 15.000 administrativos.
Dos años después, hay cero centros educativos conectados mediante este convenio debido al rechazo de la Contraloría General de la República (CGR) en otorgar potestades propias del MEP a la FOD.
De los 4.700 centros educativos, a Fonatel le correspondía conectar al 53% de las escuelas y colegios.
Hasta octubre anterior, Sutel había concretado la conectividad a Internet a 54 de los 516 centros educativos asignados, para el 2021.
Todavía, el MEP está en un lío con la Contraloría debido a reclamos por la potestad que tiene la Fundación para implementar la Red.
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Rutas pendientes
El ministro de Obras Públicas y Transportes saliente, Rodolfo Méndez Mata, reconoce que hay obras de gran impacto vial que quedan sin ni siquiera la orden de inicio.
Tal es el caso de las intervenciones en Circunvalación a la altura de Hatillo 4 y Hatillo 6. El objetivo era eliminar los semáforos, pero esto quedó detenido cuando explotó el caso de supuesta megacorrupción conocido como Cochinilla.
Ocurre lo mismo con la modernización de la radial entre Lindora y Belén. Estaría a cargo de la empresa constructora H. Solís, implicada en este caso judicial, por lo que se detuvo la ejecución.
Otras importantes obras eran las ubicadas en La Galera, en Tres Ríos y el cruce de Taras, en Cartago. El ministro espera que el próximo gobierno preste atención al impacto que tendrían dichas intervenciones.
A la lista se suma las obras sobre la ruta 32 cuya finalización se ha venido posponiendo.
(Cortesía Riteve)
Revisión técnica
Hasta este 6 de mayo, el Gobierno de Carlos Alvarado no tiene una segunda opción en caso de que la Contraloría General de la República (CGR) determine definitivamente que la empresa Riteve SYC S.A. no podrá brindar el servicio de inspección técnica vehicular en el país.
El problema es que el contrato actual vence en julio, es decir, en dos meses. De no resolverse, a partir de ese momento los dueños de vehículos no tendrían dónde obtener el servicio.
Luego de que la CGR frenara un primer intento del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) para prorrogar dicho contrato, el Gobierno de Carlos Alvarado insistirá en dejar a RITEVE a cargo. El ministro Méndez Mata dice que únicamente les falta agregar información al expediente, que están recopilando para la aprobación.
“No existe claridad en la información presentada sobre aspectos esenciales para una eventual prórroga del contrato”, determinó el ente contralor.
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Terminal de contenedores de Moín
El Gobierno de Chaves entra a funciones con una solicitud clara del sector importador y exportador de Costa Rica: revisar y negociar las tarifas que se cobran en la terminal de contenedores de Moín, en Limón.
17 cámaras reclamaron a finales del 2021 que el Gobierno de Carlos Alvarado ignoró esta petición por años. Además, advierten que estas tarifas restan competitividad al país.
Para el 2021 el incremento en las tarifas de los servicios ofrecidos fue de un 5,39%, cuando más bien se pedía una rebaja.
Por otro lado, el Ejecutivo y la concesionaria deberán consolidar su programa de revisión de droga a través del escáner, que dejó de operar en el 2021, dejando al país descubierto ante el tráfico internacional de drogas.
Incluso, a finales del año anterior la Fiscalía Adjunta de Limón abrió una investigación para verificar el funcionamiento de los escáneres de contenedores. Se intenta saber la verdad sobre la cancelación de esta revisión tecnológica de la mercancía que sale del país.
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Información elaborada por los periodistas Rodrigo Díaz, Tomás Gómez, Paula Ruiz, Hermes Solano, Juan Pablo Arias y Josué Alvarado.
