Mariana Mena
El Ministerio de Educación Pública (MEP) ya entregó el edificio del BCT que era alquilado como oficinas. Este inmueble -según la institución- requería una inversión anual de más de ¢280 millones, sin incluir servicios.
Leonardo Sánchez, viceministro de Planificación, dijo que se espera avanzar el finiquito de 62 alquileres de supervisores y dos más de edificios centrales.
De acuerdo con Sánchez, el ministerio paga por al menos 128 localidades. La distribución de estos alquileres es:
- Direcciones regionales y supervisiones: 86
- Edificios centrales: 3
- centros educativos: 39
“Se empieza la negociación contrato por contrato, la mayoría vencen a finales de año o el otro, entonces se avisará con el tiempo suficiente, porque tenemos urgencia, pero también prudencia”, señaló el viceministro.
Los alquileres del Estado es uno de los temas principales del Gobierno, el cual se encuentra realizando un análisis de las diferentes instituciones.
La actual ministra de Educación, Anna Müller, denunció penalmente a los ex jerarcas del MEP, Guiselle Cruz y Steven González, además del oficial mayor, Wilber Ching, por irregularidades en los contratos de alquiler.
Traslado de supervisores
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, había anunciado que rescindirá el contrato de alquiler de las supervisiones, de acuerdo con Sánchez un 75% ya tiene claro a donde se traslada.
“Recibimos la información de las supervisiones esta semana y un 25% aproximadamente reportó algún inconveniente para trasladarse”, indicó.
Con estos casos, el ministerio deberá realizar una visita de campo para definir a qué dirección regional o centro educativo se puedan instalar.
En el país hay 1.178 funcionarios en el área de supervisión, algunos con teletrabajo, por lo que se estima que un 40% del personal será el que debe moverse a otros lugares.
“Los departamentos de supervisiones tienen uno o dos funcionarios, por eso se vio tan viable iniciar en el finiquito de estos contratos para ubicarlos en otras zonas dentro del MEP.
“Consideramos importante que los supervisores estén cerca de los centros educativos y que haya formas de hacer ahorros sin grandes cambios”, señaló el viceministro.
Infraestructura eductaiva
El Presidente Chaves afirmó que la eliminación de estos contratos representaría un ahorro de ¢1.400 millones.
“Cuando tengamos el dato claro se tomarán las decisiones para ver donde se invierte este dinero. Sabemos que se necesita invertir en infraestructura educativa”, opinó Sánchez.
Según el MEP se está realizando un análisis de las juntas Escolares, que en algunos casos tienen superávits mientras que otros lugares tienen deficiencias.
“Queremos modificar el modelo de las Juntas que administran los centros y que se mejore la capacidad de gestión.
“También queremos involucrar al sector privado, para que la donación y el apoyo sea más expedito, es un gran reto que asumimos”, agregó.
Los datos del MEP señalan que hay procesos de licitación y planes de construcción con atrasos de 8 y hasta 10 años que no se han solucionado.
