Tomás Gómez
Una larga lista de ministros y viceministros recibieron pluses salariales incorrectos en el Gobierno del expresidente Luis Guillermo Solís y aunque la mayoría devolvió el dinero, varias instituciones siguen sin recuperar los montos.
Específicamente se trata del Ministerio de Planificación (Mideplan) y el de Agricultura y Ganadería (MAG), que debieron elevar los cobros a otras instancias sin que a la fecha el dinero haya regresado a sus arcas, tres años después de finalizar la Administración.
En el caso de Mideplan, el conflicto fue por los sobresueldos que cobró Olga Marta Sánchez, ministra del 2014 al 2018.
En los primeros 3 años de gestión, Sánchez recibió ¢28 millones extra por un plus de prohibición que no le correspondía al no estar incorporada en el Colegio de Sociólogos. Aunque se buscaron varias vías para cobrar el pago adicional, estas fueron infructuosas.
El 14 de setiembre del 2018, el Ministerio optó por mandar el caso al Departamento de Cobros Judiciales del Ministerio de Hacienda. Este tampoco tuvo éxito y en el 2020 notificó a Mideplan sobre la imposibilidad que tenía para notificar a la exministra.
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Ante ese escenario, se pidió nombrar un curador, lo cual tendrá un costo de ¢2,8 millones, que debería pagar la institución.
En julio anterior, sin embargo, se avisó que no hay dinero para pagar ese requisito.
“El 29 de julio de 2021, el señor José Rodrigo Chaves Madrigal, Jefe Financiero Contable de Mideplan, informó mediante oficio MIDEPLAN-ADM-FC-OF-0127-2021, que la institución no cuenta con esos recursos económicos”, confirmó Planificación.
Cinco años esperando el pago
En el caso del MAG, la señalada es Gina Paniagua, quien ocupó el viceministerio por un año.
En ese plazo recibió ¢4,6 millones por concepto de prohibición, a la que no tenía derecho a falta de requisitos académicos.
Para reintegrar el dinero, la exjerarca firmó un convenio donde pagaría ¢50.000 mensuales por 93 meses (casi 8 años), hasta saldar la deuda.
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El primer pago debía hacerse en el 2016, pero nunca llegó. El caso escaló entonces a la Procuraduría General de la República (PGR), que lo llevó a vías judiciales donde dos sentencias dieron la razón al Estado.
“Actualmente, se encuentra en etapa del cobro de intereses y costas. El capital que debe devolver es ¢4.672.916,98 más costas e intereses que aún no están definidos”, explicó la PGR.
Más casos que estuvieron bajo la lupa
Investigaciones de prensa y otras denuncias fueron exponiendo a cuentagotas los pagos cuestionados que acumularon los jerarcas en el Gobierno anterior.
Entre quienes ajustaron cuentas aparecen:
- Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de Presidencia: no era profesional al recibir más de ¢27 millones en pluses. Los reintegró con arreglo de pago aún estando en Gobierno.
- Ana Cristina Trejos, viceministra de Vivienda: recibió ¢10,8 millones por prohibición sin haber terminado la carrera. Inicialmente hizo arreglo de pago pero luego canceló la deuda con un préstamo a las vísperas de ser nombrada en otro cargo público.
- Carmen Muñoz, viceministra de Gobernación: recibió ¢11 millones por prohibición pese a no tener título universitario. Hizo arreglo de pago cuando aún estaba en el cargo.
- Mauricio Ventura: se le achacaba un supuesto cobro en la misma línea, el cual saldó estando aún en el cargo.
- Escenarios similares a estos se presentaron en Turismo y Justicia. “Reintegró el 29 de mayo de 2017 en su totalidad las diferencias salariales determinadas”, señaló el ICT.
Un pago de última hora
La lista de jerarcas cuestionados por los pluses salariales en el Gobierno anterior incluía también a Alexander Mora, ministro de Comercio Exterior por los cuatro años.
Mora recibió un plus del 65% por “prohibición” sin contar con los requisitos. El 19 de agosto pasado anunció con un comunicado de prensa que había hecho el depósito respectivo.
“Consecuente con mi conducta ética, tan pronto supe del proceso me apersoné a solicitar el expediente para darme por notificado, responderlo y depositar en el juzgado los ¢29,574,828.21 que se me pagaron por concepto de prohibición entre mayo 2014 y junio 2017 (¢882,245 mensuales)”, dijo.
Mora fue confirmado la semana pasadacomo nuevo embajador ante la OCDE.
