Paula Ruiz
El ministro de Educación, Steven González, evadió toda su responsabilidad y la de las exjerarcas de ese ministerio por lo sucedido con el cuestionario de factores asociados de FARO, realizado el 12 de noviembre anterior.
Así destaca en un documento enviado por González al Consejo Superior de Educación el 20 de enero anterior.
En las conclusiones, el jerarca señaló que el “ejecútese” de las pruebas pesó específicamente sobre quienes ostentaban las jefaturas del departamento de Evaluación Académica y Certificación y la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad.
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Pablo Mena era el jefe de Gestión y Evaluación de la Calidad, aunque renunció al cargo cuando estalló el escándalo.
En tanto, la Dirección de Evaluación Académica y Certificación estuvo a cargo de Florlenis Cheves desde noviembre de 2019 a julio 2021.
Carlos Andrés Oviedo asumió en julio de 2021 hasta 31 de enero de 2022. Hasta el momento no figura como responsable.
Desde su salida del cargo, Mena se ha negado a dar declaraciones sobre su participación en el cuestionario.
Ante la Comisión Legislativa se escudó en el derecho constitucional para no dar respuestas a las consultas de los diputados.
En tanto, Cheves se defendió con que contaba con el aval de Mena y Brenes para proceder con las pruebas.
“En ese año (2020) se incorporaron algunos temas de pandemia porque son variables que no han sido probadas para tener información de relevancia y contexto en cual el estudiante está participando”, dijo en su momento ante los diputados.
No le correspondía a Cruz y Brenes
En el informe, el actual ministro excluye de toda responsabilidad a Guiselle Cruz, exjerarca de Educación y Melania Brenes, exviceministra académica.
Ambas, presentaron su renuncia el 14 de noviembre de 2021 en medio de críticas por la supuesta violación a la Ley de Protección de Datos.
“No corresponde al Viceministerio Académico o la persona que ocupa el Ministerio de Educación, dar estos vistos buenos desde el punto de vista presupuestario o la revisión final de pruebas o cuestionarios elaborados en esa dependencia”, señaló el jerarca.
“Los formularios de factores asociados llegan a su versión final de diseño con la aprobación de la jefatura inmediata, aunque la última versión fue elaborada por el grupo de factores asociados según se evidencia”, amplió.
Con respecto a la metodología de aplicar los cuatro cuestionarios en un solo día, indicó que no existe evidencia de quién o quiénes lo sugirieron.
En el documento se indica que Yessenia Oviedo, asesora del departamento y parte del equipo de pruebas cognitivas FARO, advirtió vía correo electrónico:
Según entiendo se aplican 4 cuestionarios en una sola mañana a un mismo estudiante: tronco común, matemáticas, español y ciencias. Me preocupa el cansancio y los resultados que se puedan obtener.
Tanto el tronco común como las otras tres pruebas relacionadas a factores asociados contenían 694 ítems que debían ser rellenadas en círculo.
El MEP no tiene evidencia de cuánto tiempo tardaron los estudiantes en responder la cantidad de preguntas, manifestó González en el informe.
El costo económico de los cuestionarios de factores asociados fue de ¢279 millones, según indicó el MEP.
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El diputado Luis Fernando Chacón, confirmó que los miembros de la Comisión de Ingreso y Gasto Público recibieron copia del documento.
En ese foro legislativo, se realiza una investigación de lo sucedido desde finales del año 2021.
Chacón declaró que le preocupa la evasión de responsabilidad a Cruz y Brenes contemplada en el documento.
“Se marca una absoluta irresponsabilidad del Ministerio de Educación Pública, tratando de justificar que todas las pruebas fueron realizadas por mandos medios sin supervisión de nadie”, acotó.
Por lo pronto, la recomendación del MEP es no aplicar cuestionarios asociados hasta que exista un marco de referencia nacional.
Según el actual ministro, la exjerarca Guiselle Cruz no tenía por qué revisar las pruebas.
