Tomás Gómez
Un aumento en las tasas que pagan las Municipalidades por el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) es una de los primeros inconvenientes que el sector público detectó tras la entrada en vigencia de la nueva Ley de Compras Públicas.
La iniciativa rige desde diciembre anterior, luego de que fracasaran los intentos del Gobierno y diputados por postergarla mientras se terminaba un reglamento.
Parte de los cambios introducidos fue hacer obligatorias las compras en una plataforma, en el este caso Sicop. No obstante, los Gobiernos Locales aducen que en diciembre se notificaron “aumentos desproporcionados” por su uso.
“A pesar de que las municipalidades solo representan el 5% del presupuesto nacional, representan el 31,8% de los pagos de instituciones que sostienen el Sicop; con las consecuencias que esta situación trae consigo, ya que el cobro se emite por cada transacción realizada”, indicó la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAI).
“Se encuentran los incrementos exorbitantes en los cobros mensuales notificados recientemente a las municipalidades (de hasta un 894%); los cuales se traducen en menos obras y proyectos”, alegaron.
OBSERVE MÁS: Arranca nuevo Sistema de Compras Públicas con 24 cambios y algunas instituciones sin personal capacitado
Como ejemplos citaron:
- Moravia: tarifa mensual pasó de $350 a $3.482, para un incremento del 894%
- Turrialba: tarifa mensual pasó de $500 a $4.125, para un incremento del 725%
- San Mateo: tarifa mensual pasó de $202 a $1.343, para un incremento del 564%
- Tarrazú: tarifa mensual pasó de $531 a $652, para un incremento del 22%
Otros reclamos de los alcaldes tienen que ver con las proyecciones de uso del Sicop a nivel municipal. Según ellos, les estimaron unas 20.000 transacciones al año, cuando lo correcto son 17.000.
De paso, explican que no hay claridad sobre cómo aplicaría la regulación para entes como los Comités Cantonales de Deportes.
Hacienda analiza la situación
Consultado al respecto, el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, indicó que están arrancando con la ejecución de la norma.
“Nosotros estamos en las primeras sesiones de la autoridad de compras públicas”, dijo. “Estamos implementando el reglamento. Hay una obligación de usar un sistema para darle transparencia a efectos de los procesos de compra y Sicop estaría ahí”, sumó.
OBSERVE MÁS: Plan para atrasar Ley de Compras Públicas pone en riesgo compromisos de la OCDE, alertan Contraloría y abogados
Eso sí, abrió las puertas a buscar ajustes para algunos de los negocios, lo cual está en análisis.
“Sí estamos analizando la situación, sobre todo de aquellas compras menores que podrían estarse analizando que usen un procedimiento más sencillo o no necesariamente la plataforma”, dijo.
También se consultó a la Contraloría General de la República por el avance de la nueva ley. Ahí indicaron que apenas se está iniciando, por lo que la rectoría está en Hacienda.
Las compras públicas cambiaron
La reforma legal a las compras públicas se aprobó desde el 2021, a la luz de señalamientos hechos por la OCDE.
En ese momento se dio un plazo de año y medio para preparar los cambios y redactar el reglamento de implementación de la ley. No obstante, el plazo se llegó a finales del 2022 sin el debido documento. Desde la Asamblea, con impulso del Poder Ejecutivo, se intentó dar una prórroga que no fraguó, por lo que en diciembre se actualizó el marco legal.
Previamente el país tenía hasta 20 plataformas donde estaban atomizadas las compras públicas.
OBSERVE MÁS: Incertidumbre en instituciones por cambios en el sistema de compras públicas programados para diciembre
La reforma concentró todas las transacciones en Sicop. De paso abarca ajustes como:
- Se usa solo el sistema SICOP, totalmente público y virtual
- Se crearía la Dirección de Contratación Pública a cargo del Ministerio de Hacienda
- Los plazos de contratación bajarían y se reducirá la intervención de la Contraloría
- Habrían solo 3 tamaños de contrataciones: mayor, menor y reducida
- Aplica sanciones a quienes ponen apelaciones sin sustento para atrasar contratos
- Funcionarían comités de expertos para monitorear la ejecución de contratos
