Josué Alvarado
“Hay un informe técnico. Puede estar segura de eso”, le respondió el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, a la diputada liberacionista Kattia Rivera, cuando ella le consultó sobre el documento en el que se basó la Dirección de Tributación para iniciar un proceso judicial contra el empresario Leonel Baruch.
Estas declaraciones las dio en el Plenario Legislativo el 31 de enero del 2023.
Pero para este 13 de junio (cuatro meses y medio después) dicho informe técnico no aparece.
Según un comunicado de prensa difundido por Baruch, accionista del banco BCT, el informe que demuestra el supuesto fraude por ¢11.000 millones no forma parte del expediente Ministerio Público.
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Asegura que tampoco lo tiene la Sala Constitucional, adonde ha recurrido el denunciado para tratar de dar el supuesto informe, que el ministro aseguró que existía.
Luego de las acusaciones hechas públicas por Baruch y ante los cuestionamientos de la prensa, el ministro Acosta intenta desligarse del caso.
Dice que como jerarca no está enterado de los detalles de estos casos, y que más bien quien maneja los pormenores es la Dirección de Tributación.
Además, no quiso referirse porque dijo que el caso que él mismo presentó en conferencia de prensa, junto al director de Tributación, Mario Ramos, está judicializado.
“Otro documento”
El empresario alega que el Ministerio de Hacienda no ha hecho público el supuesto informe técnico, incluso pese a la intervención de la Sala Constitucional.
“El informe mencionado por el ministro no ha sido entregado, ni al Ministerio Público, ni a la Sala IV, ni a Leonel Baruch, por lo que sigue ‘escondido’ o no existe”, informó el empresario a través de un comunicado de prensa.
Por otro lado, Baruch escribe que según una respuesta del Ministerio de Hacienda dichos documentos no están en manos de la Fiscalía debido a que no se los ha solicitado.
Pero, además, según una cronología compartida por el accionista del banco BCT a los medios de comunicación, el Ministerio de Hacienda entregó otro documento en lugar del primer informe.
Y los hallazgos en dicho informe indicarían que no había suficiente prueba para considerar que existía un perjuicio fiscal y las acciones de la empresa involucrada (Beta Matrix).
El mismo informe compartido a Baruch, en lugar del que él realmente estaba solicitando, también habría recomendado archivar sin más trámite la denuncia anónima que se interpuso ante los departamentos de Tributación.
Dicho informe en el que se solicitaba cerrar la gestión se emitió el 26 de octubre, tres meses antes de que el ministro Nogui Acosta presentara el caso frente a la prensa.
“Deberá igual el ministro de Hacienda entregar el supuesto informe que según él daba cuenta de una defraudación de ¢11.000 millones cuando desde tres meses antes de su conferencia de prensa de la denuncia, sabía que eso era falso, según el informe administrativo indicado”, escribió Baruch.
En el comunicado enviado a la prensa se exponen extractos de las respuestas que Hacienda habría brindado, sin embargo no constan los documentos oficiales.
Omisión de detalles
Esta no es la primera vez que se cuestiona la intensión del Ministerio de Hacienda sobre la denuncia del supuesto “megacaso” contra Baruch.
Cuando se realizó el anuncio frente a las cámaras y micrófonos, el director de Tributación, Mario Ramos, ya sabía que la Fiscalía solicitaría una desestimación de la denuncia que habían presentado en octubre del 2022 contra el empresario.
Así consta en documentos oficiales del Poder Judicial, enviados al despacho de Ramos, el 9 de enero del 2023.
A pesar de esto, se omitió esta información y se convocó a la conferencia de prensa el 19 de enero.
En aquel entonces Acosta repitió la misma posición: dijo que por ser el jerarca no estaba enterado de los pormenores. Dijo a este medio que investigaría, pero luego no hubo más actualizaciones.
Esto fue lo que provocó que la Asamblea Legislativa llamara a comparecer a Acosta, en la sesión en la que aseguró que existe el informe técnico.
