Paulo Villalobos
Geosatis Technology es la empresa suiza desarrolladora de las tobilleras electrónicas, usadas en Costa Rica para el monitoreo de privados de libertad. Grupo CESA tiene su representación en el país. Ambas se sacudieron los señalamientos del Gobierno, que califican de “obsoletos” sus dispositivos.
Es el más reciente capítulo en el polémico conflicto por el sistema de monitoreo electrónico que maneja el Ministerio de Justicia y Paz (MJP).
Ambas compañías defendieron que sus aparatos son los mejores disponibles en el mercado y adujeron que los problemas que recientemente se presentaron con el monitoreo de los brazaletes obedece a deficiencias del Ministerio de Justicia.
Este martes, el fabricante reaccionó a las declaraciones dadas el pasado 26 de setiembre por la ministra Marcia González, durante una audiencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
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Ante los diputados, González cuestionó que las bandas de comunicación que dan soporte a la plataforma de monitoreo, utilicen la red GSM. Según González, el uso de esa red (considerada de segunda generación) hace que las alertas no lleguen a tiempo real.
“No es de recibo de la señora Ministra diga que nuestra tecnología, que hoy en día funciona en los centros de monitoreo, es obsoleta”, señaló el director ejecutivo de Grupo CESA, Juan David Rothe.
El técnico especialista de Grupo CESA, Marcelo Meza, defendió que las tobilleras se hicieron con esa tecnología para alcanzar la mayor cobertura posible. “No se requiere 4G o 5G, sino cobertura para darle credibilidad y funcionalidad al sistema”, manifestó el vocero.
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Ejercicio simulado
Para demostrarlo, las dos empresas hicieron una simulación de cómo operan las tobilleras y su sistema de seguimiento.
Los encargados colocaron una tobillera de Geosatis a un personero de la compañía, quien luego abandonó las inmediaciones del hotel donde se realizó la actividad esta mañana.
Simultáneamente, un ingeniero experto en la plataforma de monitoreo, llamado Nilson Gomes, mostró en una pantalla a la prensa los movimientos del portador del dispositivo.
Como parte del seguimiento se fijó un perímetro (unos 80 metros a la redonda) en el cual la persona debía permanecer.
En la pantalla comenzaron a reflejarse los movimientos del funcionario y, una vez que la persona abandonó el hotel, el sistema emitió una alerta.
Los avisos ocurren también cuando el aparato tiene 10% o 20% de batería, cuando se desconecta por falta de carga o cuando este no tiene conexión.
Para el ejemplo se utilizó un software que simula el operado por el Ministerio de Justicia, aclararon los expositores.
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Desconexión prolongada
Rothe y el vocero de Geosatis, Iván Barrantes rechazaron que los problemas en el monitoreo tengan que ver con la conexión de los dispositivos, como lo manifestó el 16 de setiembre anterior el director de Adaptación Social, José Luis Bermúdez.
Lo anterior, en criterio del representante del fabricante, es imposible por cuanto en un balance semanal que se hizo por tres semanas, se muestra que los problemas persisten en el tiempo.
“Veintiún días… ya eso no es un problema de señal. Definitivamente es un problema de que ciertas alarmas no han sido atendidas. Es posible que esos dispositivos estén descargados”, indicó Barrantes.
El vocero además dejó entrever un supuesto interés por parte de la ministra Marcia González, para romper el contrato que sostiene la institución con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). CESA y Geosatis son proveedores de la Empresa. El contrato vence en febrero de 2021.
A raíz de lo anterior, pidió la mediación del presidente Carlos Alvarado.
Cruce de señalamientos
El conflicto de la Empresa y del Ministerio inició el 16 de setiembre anterior. La ESPH reveló supuestas fallas en el seguimiento del 40% de los beneficiarios de los aparatos electrónicos. Según la compañía, hay problemas para monitorear a 596 de 1.515 personas condenadas.
La cartera rechazó los señalamientos y consideró que estos sirvieron para distraer la atención ante el faltante de tobilleras.
El choque de las entidades motivó a los diputados a investigar el caso. En razón de lo anterior, jueces de ejecución de la pena debieron declarar bajo juramento. Ellos también apuntaron contra el Ministerio.
Además Justicia anunció que hará una contratación internacional para cumplir con el sistema de monitoreo electrónico.
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Paulo Villalobos
