Marco Marín
La ministra de Justicia y Paz, Marcia González, se sacudió las críticas – incluso de un claro informe contratado por la institución – que señaló los profundos problemas en el sistema de monitoreo electrónico con tobilleras en privados de libertad.
La auditoría hecha por el consultor Nuno Caiado, concluyó que el programa tiene fallas fundamentales que impiden su funcionalidad. “Es un sistema contranatural, que no funciona, ni podrá funcionar”, señaló el reporte en noviembre del 2018.
Caiado tildó de confusos los lineamientos del sistema y encontró cinco deficiencias fundamentales. Por eso hizo una serie de recomendaciones, a pesar de las conclusiones tan críticas.
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De acuerdo con la ministra de Justicia, Marcia González, las sugerencias ya fueron implementadas en un 90%. Los únicos temas que no han podido modificar se debe a un impedimento legal.
Así lo afirmó ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. Durante la comparecencia, defendió que el programa funciona bien, aunque aceptó deficiencias. Señaló que los problemas han surgido por dos factores externos.
“Hemos cumplido con que haya un responsable, la unificación del área policial con el área técnica, con el reforzamiento del personal, con el plan de atención técnico que ya está por aprobarse y también hemos cumplido con la regionalización”, aseguró la jerarca.
Según el informe de Caiado, existe un problema de duplicidad en el liderazgo del monitoreo electrónico, ya que la función la comparten dos organismos distintos:
- la Unidad de Monitoreo Electrónico (UME, perteneciente a la Dirección)
- el Centro de Monitoreo Electrónico (operado por la Policía Penitenciaria)
Según González, el problema se resolvió con la unión de la parte policial y la parte técnica.
Otro de los señalamientos hechos por el experto internacional, es la disolución de responsabilidades ante dos líderes. El portugués destacó la falta de personal para las funciones.
González no dudó en rebatir que “empezaron 10 policías y hoy hay 50”. “Esa es una cantidad que nos permite atender perfectamente a la población”, dijo.
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Tareas pendientes: ley y tecnología
La jerarca aceptó que los dos temas que impiden la implementación total de las recomendaciones de Caiado se deben a situaciones legales.
Por un lado se debe hacer una modificación a la Ley Penal, para que se establezca una serie de exámenes psicosociales y de drogas a todos los candidatos a este tipo de pena.
“Hay un área, que es la valoración previa social, con la que no podemos cumplir, porque es un tema que tiene que verse en la reforma de ley”, mencionó. Justicia trabaja en un texto con la diputada Floria Segreda.
El otro punto es contractual con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), proveedora del servicio. El acuerdo establece el uso de una red GSM para la transferencia de datos, tecnología que “no es de punta”.
“El contrato establece cual es la tecnología que se tiene que usar. Sin embargo a nosotros, los expertos internacionales nos han dicho, tanto Nuno como otros, que el uso de las radiofrecuencias sería fundamental”, dijo. Además sería más barato.
Pero González aceptó que hay otros problemas tecnológicos con el sistema utilizado por ESPH.
“Se les ha planteado que la plataforma tecnológica sea mejorada. Es muy lenta. El GSM es para la transmisión de datos, pero tenemos otras falencias en cuanto al sistema. Lamentablemente en el momento que se planteó pidieron un desembolso extra y no tenemos recursos”, lamentó.
Según la jerarca el software carece de herramientas que obligan a los funcionarios a realizar tareas “a mano” que perfectamente podrían estar automatizadas, “como sucede en otros países”.
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Desfase con los jueces
A pesar de las conclusiones tan explícitas del informe y el número de recomendaciones hechas, González afirmó que el consultor internacional no señaló deficiencias del sistema.
“Él hace un énfasis de la experiencia de él, en otros países, cuando se establece o se inicia e indica que los jueces creen que la solución tecnológica va a dar la contención. Ese es el error. El componente tecnológico es uno más de un aspecto integral”, aseguró.
González achacó un problema por la respuesta de los jueces a los pedidos de revocatoria, para reos que incumplen con los requisitos establecidos.
“Tenemos una situación muy compleja con la Corte Suprema de Justicia, que es la lentitud de las respuestas que enviamos a los jueces sobre las revocatoria por los incumplimientos. Solamente cerca de un 15% de los reportes enviados tuvieron una respuesta y una quinta parte de ellas tardaron más de dos meses”, respondió a los congresistas.
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Marco Marín
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