Allan Arroyo
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) descartó que la pareja de ciudadanos nicaragüenses, herida el miércoles en San Pedro de Montes de Oca, estuviera bajo su protección.
Se trata del refugiado en Costa Rica Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto, quienes fueron trasladados al Hospital Calderón Guardia, en condición grave, tras recibir varios impactos de bala.
Las autoridades confirmaron siete disparos contra el hombre, opositor al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.
Omar Brenes, jefe de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO), aclaró que estas personas estaban bajo la custodia de la Oficina de Víctimas y Testigos del Ministerio Público.
Ellos son los encargados de solicitar colaboración al OIJ, en caso de ser necesario.
“OIJ no tenía la responsabilidad de la protección de estos ciudadanos nicaragüenses”, dijo el jefe policial, al lamentar el tiroteo contra la pareja.
Agregó que la Fiscalía tiene un equipo técnico de criminólogos, psicólogos, sociólogos y abogados que “son los que se encargan de determinar cuales son las medidas procesales y extraprocesales y el tipo de protección que se dará a estas personas”.
“Cuando el equipo técnico del Ministerio Público considera que es importante la participación del OIJ, ellos nos lo notifican y nos lo hacen saber”, agregó Brenes. Es hasta ese momento que los agentes toman acciones para la protección de estas personas.
Respuesta del Ministerio Público
Por su parte, la Fiscalía respondió que no es posible referirse a si Maldonado y su esposa están dentro del programa de protección.
Así respondieron a la consulta general hecha por El Observador:
De acuerdo con su solicitud, la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito informó que no le es posible confirmar si las personas Maldonado y Robleto forman parte del programa de protección que brinda el despacho. Lo anterior, en estricto cumplimiento al principio de confidencialidad que establece la Ley.Respecto al atentado ocurrido, las pesquisas investigativas están a cargo de la policía judicial, que tendrá la dirección funcional de la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José.
La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) no tiene competencia legal para brindar resguardo y protección al señor Maldonado ni a ninguna otra persona.
Es totalmente falso que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional interviniera una vivienda relacionada con este caso. No existe ningún tipo de indicio de que en Costa Rica haya alguna célula organizada y controlada por el gobierno nicaragüense.
El Gobierno de Costa Rica garantiza la seguridad de toda la ciudadanía, incluyendo aquellos en condición de refugiados y solicitantes.
El caso del señor Maldonado es un caso puntual que es investigado por la instancia judicial correspondiente conforme lo dicta la ley y el Gobierno actuará conforme a los hallazgos de esta investigación.
La prensa oficialista del gobierno de Nicaragua le atribuye a Maldonado diferentes delitos
