Krissia Morris Gray
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) intervino el caso de un niño de 6 años que está internado el Hospital de Heredia por problemas respiratorios y que ocasionó una reacción de protesta por parte de un grupo de antivacunas.
La oficina local de Heredia conoció el informe que presentó el Hospital donde se indica que además, en el caso de este menor, hay un riesgo social identificado.
Según explicó el PANI, una vez que tienen conocimiento de una situación de negligencia por salud asociada a la vacunación, realizan un proceso de prevención y acompañamiento al padre y madre para que cumpla con la inoculación.
“En caso de no atenderse, se inicia el Proceso Especial de Protección (PEP) con el dictado de una medida de protección administrativa, que, en caso de no cumplirse, se judicializa ante el Juzgado de Familia o el Juzgado de Niñez y Adolescencia”, informó el PANI.
“No omito recordar que la vacunación en personas menores de edad es obligatoria para niños de 5 años en adelante y atañe al personal de salud determinar lo correspondiente. Las personas menores de edad con factores de riesgo o predisponentes han sido priorizados por el Ministerio de Salud y la CCSS para recibir la dosis de la vacuna”, declaró la ministra de Niñez y Adolescencia, Gladys Jiménez.
Acción de la CCSS
Con respecto a este caso, también las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informaron que están en proceso de recabar las pruebas correspondientes para interponer la denuncia penal contra la irrupción violenta del grupo de antivacunas al Hospital de Heredia este miércoles.
La denuncia será interpuesta ante el Ministerio Público contra las personas que violentaron las instalaciones del centro médico.
En videos que circulan se ve a los quejosos golpeando a funcionarios del establecimiento y obligando a la suspensión de la consulta externa y otros servicios.
Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, condenó los actos de violencia ocurridos.
El jerarca no solo dijo que estas personas pusieron en riesgo la integridad física de los funcionarios y de los asegurados que estaban en el centro médico.
“Este incidente puso en riesgo no solo al personal de seguridad, médico y asistencial del hospital. También a los propios usuarios y pacientes”, adujo Macaya.
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Agregó que el equipo legal de la institución recaba prueba documental. Y esta permitirá plantear, a la brevedad, ante las instancias judiciales las denuncias correspondientes. Esto para su consideración y emisión de las condenas que correspondan.
La protesta
El origen de la gresca en el hospital San Vicente de Paul fue porque las autoridades del centro médico no aprobaron la salida a un menor de 6 años quien ingresó por presentar problemas respiratorios.
Las personas opuestas a la vacunación contra covid-19 reclamaron que “los únicos responsables por la patria potestad sobre los pequeños son los padres de familia”.
En la protesta participó la diputada independiente Shirley Díaz, quien en el pasado permitió el ingreso a la Asamblea Legislativa de personas opuestas a la vacunación.
La directora del centro médico, Priscila Balmaceda, dijo que no se autorizaba la salida pues se requería del criterio de dos instancias a lo interno del hospital.
Por este caso hay 7 personas que fueron detenidas.
Krissia Morris Gray
