Sergio Arce
Desde el pasado 13 de marzo, Luno se mantiene en una perrera en Madrid, España, por una cadena de errores que han cometido tanto las autoridades de ese país como su dueña.
La mascota y su propietaria Andrea Torres llegaron al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas procedentes de Costa Rica ese día. Sin embargo, el país de origen fue Nicaragua.
Y fue en esta nación centroamericana donde se gestaron las omisiones que, cerca de tres meses después, mantienen a Luno en un limbo judicial.
Pero además está en una perrera pública, triste, desolado y con una herida en su cabecita.
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Esta es la herida que Luno tiene en su cabecita. Los defensores del animal y de su propietaria, Andrea Torres, responsabilizan a los encargados de la terminal aérea de Madrid por el incidente con la mascota.
El Observador conversó telefónicamente con Mónica Olivares, responsable de la Asociación para la Gestión Ética y Responsable de Animales Abandonados (Ageraa).
Esta agrupación acogió el caso y, junto con el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma), lideran la defensa de Luno y Andrea ante las diferentes instancias.
La más reciente es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que esta semana admitió un recurso interpuesto contra la retención del animal. Este cuerpo judicial podría adoptar una medida expedita (vía rápida y de emergencia).
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Nicaragua: el primer error
Olivera detalló la seguidilla de errores que se dieron antes del 13 de marzo. El primero se dio en Nicaragua, país donde Andrea se encontraba con su mascota.
La mujer -quien es ciudadana española y vive en una provincia de la nación ibérica- hizo sus gestiones de viaje con una agencia.
“Andrea ha pedido disculpas por la desinformación que ella tuvo en el país donde inició el viaje”, dijo Olivera.
De acuerdo con lo que Andrea le expresó a Ageraa, en la agencia nunca le advirtieron sobre los requisitos establecidos en la legislación europea para el ingreso de mascotas.
La única indicación que la agencia le dio fue que acudiera a la entidad sanitaria responsable (el IPSA, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria) para que la guiaran.
Una vez allí el IPSA le entregó un documento que únicamente indica que Luno tenía permiso para salir de Nicaragua y viajar a España.
Olivera es enfática en subrayar que este organismo estatal tenía la responsabilidad de indicarle a Andrea Torres que Luno necesitaba viajar con un microchip instalado en su cuerpo (con datos de identificación).
Pero además se le debía realizar un test serológico (para descartar la existencia de la rabia) en un laboratorio autorizado y también debía estar vacunado contra esta enfermedad.
Costa Rica: el segundo error
Como no hay vuelos directos entre Managua y Madrid, Andrea viajó a Costa Rica para tomar el vuelo desde el aeropuerto Juan Santamaría hasta la terminal Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Olivera agrega el segundo error se dio en suelo costarricense, puesto que aquí nunca se cercioraron de que Luno cumplía con los requisitos para viajar a tierras europeas.
Ella y su mascota solo presentaron el documento emitido en Managua y abordaron sin problemas. Nunca se les pidió ni la lectura del microchip ni la prueba serológica.
“Quiero que se le haga eco al hecho de que los responsables (líneas aéreas y funcionarios de salud animal) deben vigilar los protocolos para que casos como el de Luno se vuelvan a repetir.
“La documentación debe revisarse muy bien. Es importante evitar que más animales pasen el calvario que vive Luno”, expresó Olivera desde Madrid.
España: tercer error
Una vez en España, Andrea recibe la noticia de que su mascota no solo no puede ingresar a suelo ibérico. Si no que debe ser recluido en una perrera mientras se define su futuro: o lo envían de vuelta al país de origen o lo sacrifican.
Sin embargo, a ella nunca se le explicó -relata Olivera- una tercera medida que la legislación europea también contempla: la cuarentena por un plazo no mayor a los tres meses mientras el animalito cumple con los requisitos.
“Andrea se encuentra ante una situación de absoluta injusticia, sin ser conocedora de la normativa española en materia de derechos de animales.
“Hay una vía abierta ante el Tribunal, que es una vía expedita ante la posible vulneración de derechos constitucionales. Se trata del derecho a la aplicación de la norma en igualdad.
“Aquí se está aplicando la ley con cierta discriminación por el país de origen del que provino Andrea”, asegura la responsable de Ageraa.
Olivera insiste en que por culpa de una cadena de errores humanos, Luno está padeciendo unas “terribles circunstancias”.
Sin respuestas oficiales; Luno está destrozado
Ageraa y Pacma han pedido explicaciones a las autoridades sanitarias de Madrid sobre el por qué Luno sigue encerrado en una perrera y no en casa de su dueña mientras cumple la cuarentena. Pero se han topado con el silencio.
Incluso, Ageraa ofreció una clínica especializada para recibir a Luno y esta opción fue desechada por los responsables.
Olivera descarga contra la actitud oficial que, dice, insiste en que Luna sea reenviado al país de origen del viaje. Esto a pesar de que Andrea es ciudadana española y no tiene vínculos en Costa Rica.
“¿Cuál es el sentido de enviar al perro a Costa Rica? Andrea, con tal de tenerlo en sus brazos, ha dicho que ella se va a Costa Rica y vive de la caridad durante los meses que deba estar afuera por la cuarentena. Pero nada resulta, Luno está encerrado y triste”, expresó.
Olivera comentó que, según sus fuentes del aeropuerto, a Luno le colocaron un microchip y lo vacunaron contra la rabia. Ante esto el animalito pudo haber sido enviado con su dueña. Pero esto no ocurrió.
“A Andrea solo se la ha permitido entrar (a la perrera pública) a verlo dos horas diarias, como mucho, pero ella es de otra provincia de España. Solo le han permitido que lo vea de lunes a viernes, no los fines de semana ni días festivos.
“Ella veía al animalito destrozado. Nos cuenta que cuando se despedía de Luno era un momento de absoluta tristeza, porque el animal se queda nervioso, llorando. El animal no entiende por qué está pasando eso”, expresó la encargada de Ageraa.
El Observador conversó con Andrea, quien con el corazón destrozado relató que hace un mes no ve a su perrito.
Esto porque ella vive a seis horas de Madrid y no tiene recursos para permanecer en la capital, como lo hizo el primer mes de este triste episodio.
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Olivera y Andrea confían en que las autoridades judiciales de Madrid se pronuncien pronto, en vista de que el 13 de junio Luno cumplirá tres meses encerrado.
La legislación europea da un plazo máximo de 90 días para casos como el de la mascota de Andrea Torres, que no pierde la esperanza de recuperar a su mascota.
Entretanto, Ageraa habilitó una campaña en el sitio Change.org para darle mayor eco a este caso y que se logre la liberación de Luno.
La meta que se planteó la asociación es lograr 150.000 firmas. Por ahora han logrado 75,017. Usted puede unirse a esta campaña en este link: petición por Luno.
