Hermes Solano
La diputada oficialista Pilar Cisneros lanzó serias críticas a la fiscal Criss González, quien hizo la solicitud de desestimación del denominado “megacaso” de fraude fiscal.
Entre lo que cuestionó la diputada fue que la funcionaria judicial haya ido a trabajar el 2 de enero mientras estaba de vacaciones para resolver este caso.
“Por medio del aviso N° 25 del Consejo Superior del Poder Judicial, en el asunto 2, se indicó: “Lineamientos para la atención de asuntos y detalle de las oficinas que permanecerán abiertas durante los períodos de vacaciones colectivas 2022-2023 (Semana Santa 2023)”, y se estableció que la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios sería uno de los despachos del Ministerio Público (MP) que debía abrir durante el período de cierre colectivo (del 26 de diciembre al 6 de enero)” explicó González este jueves mediante un comunicado de prensa.
Agregó que a ella le tocó laborar del 2 al 6 de enero 2023.
Por su parte, el fiscal general Carlo Díaz, dijo a El Observador que él habló con González sobre este caso y que todo se hizo en el marco de la legalidad.
Sin embargo, las explicaciones no son suficientes para la oficialista Cisneros, quien desde el Primer Poder de la República insistió en sus críticas a otro Poder de la República.
“Lo vi (el mensaje de la fiscala) y también vi el reglamento que publicó la Corte que decía que solo con permisos especiales los funcionarios podrían entrar a trabajar”, mencionó la diputada.
“Sigo sosteniendo que un caso de esta magnitud no se resuelve en 45 días hábiles, no se resuelve, no señor. Hay mucha tela que cortar”, agregó la jefa de fracción del oficialismo.
“El hecho de que Panamá en ese entonces no era penado… Segura que no le pueden dar la información, porque sí es penado aquí”, dijo.
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La defensa
Cisneros, en la misma línea que también lo hizo el presidente de la República, Rodrigo Chaves, cuestionó, lo que llamaron un tiempo récord para resolver este caso, 45 días.
También, que la fiscala haya ido a trabajar el 2 de enero anterior para resolver este tema y que González habría sido “subalterna” de Leonel Baruch cuando fungió como Ministro de Hacienda durante la Administración Rodríguez Echeverría (1998-2002).
Baruch, actual presidente de la Corporación BCT y de CRHoy, fue el denunciado por el Ministerio de Hacienda ante la Fiscalía por una presunta evasión fiscal que ascendería a los ¢11.000 millones, según el Gobierno.
En el comunicado de prensa emitido este jueves la fiscala fue clara en que el día 2 de enero estaba laborando, siguiendo las instrucciones del aviso N°25 del Consejo Superior del Poder Judicial.
Con respecto a su presunto ligamen con Baruch enfatizó que nunca lo tuvo como jefe directo.
“En relación con mi trabajo en el Ministerio de Hacienda, informo que laboré en esa institución a partir de enero de 1999, específicamente en la Dirección Jurídica, siendo mi jefa directa la licenciada Dagmar Hering, Directora Jurídica de ese despacho. En ese sentido, mi trabajo se regía por las asignaciones que daba la Directora Jurídica de ese Ministerio”, especificó la fiscala.
Luego, solicitó un permiso sin goce de salario entre el 2000 y 2001 para participar en una beca para una maestría en derecho empresarial.
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Este mismo jueves el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, hizo un llamado a respetar la división de Poderes y la institucionalidad del Estado costarricense.
